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Manuel Azaña, que fue presidente del gobierno y de la República española, en un memorable discurso en el Congreso, en el que aseguraba que los frailes habían “traído a España la tiranía, la dictadura y el despotismo”, reflexionaba sobre la conveniencia de expulsar a las órdenes religiosas como medida profiláctica para la educación de las generaciones futuras. Y pensaba en “aquellas órdenes en las que, además de los tres votos canónicos, se preste otro especial de obediencia a autoridad distinta a la legítima del Estado. Estos son los jesuitas”, concluía.

En la Biblia (Reyes) nos recuerdan que no podemos servir a dos señores. Y Azaña era consciente de cuál era el único señor de los soldados del Papa. Así que cuando el gobierno consintió en poner a Carlos Dívar, católico de estricta observancia, como presidente del Tribunal Supremo, muchos denunciamos el peligro de que el más alto tribunal estuviese presidido por alguien que, en caso de duda, estaba obligado a seguir los dictados de su Señor. O sea, el jefe de una potencia extranjera.

Una potencia extranjera que utiliza las armas psicológicas del terrorismo para reclutar adeptos, cuyas leyes estrafalarias condenan con penas de tortura y muerte eterna por fornicar fuera del matrimonio, por practicar el amor homosexual, por usar condón o por no oír la misa dominical, tiene más valor para el máximo juez que nuestras leyes votadas por nuestros representantes elegidos democráticamente.

Hace un par de días volvía a explicarnos en la radio su compromiso moral, la prevalencia de la ley de su dios sobre la nuestra, porque “la justicia divina es objetiva, mientras que la humana siempre es subjetiva”.

Así que vuelvo a preguntarme: ¿Puede un país consentir que el Tribunal Supremo esté en manos de alguien que, como los jesuitas, debe obediencia a las leyes de otro Estado?