Tras la quinta Diada masiva con cientos de miles de catalanes en las calles clamando por la independencia, al sur del Ebro hay quien ha recibido con alborozo que la participación haya sido inferior a la de ocasiones anteriores, y su júbilo ha sido aún mayor por el hecho de que esta menor afluencia ha coincidido con la participación en la movilización de la alcaldesa Colau y sus partidarios. Con gran miopía se ha extraído la lectura de que el independentismo se desinfla y que “la izquierda radical ha hecho el ridículo”, tal es la valoración editorial de esa voz desgañitada en el desierto que es el diario El País.

Movilizar a 800.000 personas en un soleado domingo de playa puede parecer poco y quizás sea verdad que después de un lustro de anuncios de referéndums, desconexiones, elecciones constituyentes y repúblicas catalanas existe cierto cansancio en la ciudadanía, pero empíricamente la historia ha venido a demostrar que usar la ley como apisonadora para combatir las aspiraciones legítimas de un pueblo a expresarse libremente sobre su futuro conduce inevitablemente al desastre.

El tiempo ha ido desmontando algunas de las ficciones más recurrentes. Se intentó mostrar primero que Artur Mas era un loco trotando hacia el abismo cuando la realidad ha demostrado que no fue el nacionalismo el que desbocó el caballo sino que, más bien al contrario, trató de subirse a sus lomos cuando ya estaba a galope tendido. Lo sabe bien el propio Mas, que de tanto caerse del bicho parece el especialista de una película del oeste que ahora protagoniza Puigdemont.

Posteriormente, el debate derivó hacia el vil metal, y se centró en demostrar que una Cataluña independiente estaría fuera de la UE, dejaría de pagar las pensiones y mataría de hambre a sus parados, como si el económico fuera el único argumento que rendiría el fuerte de los rebeldes y sin considerar que, en ocasiones, el desamor en los divorcios puede más que las cuentas corrientes.

Finalmente, la controversia se ha instalado en la legalidad o no del procés, y la amenaza lanzada desde todas las instancias del Estado de aplicar el Código Penal a los insurrectos y, quién sabe si suspender la autonomía, enviar el Ejército a Figueras, donde hay un castillo militar bien chulo, o, incluso, declarar la guerra a la Generalitat, misión de la que se ocuparía el ministro Margallo, que después de lo de su bisabuelo en la primera guerra del Rif querrá resarcirse.

Puede que esos catalanes se hayan vuelto locos pero sólo a un tarado o a un neófito de la cocina se le ocurriría poner una olla exprés en el fuego e irse a dormir, como lleva haciendo este Gobierno ahora en funciones, a lo largo de estos años, confiando además poder reclamar a Magefesa si la olla explota. ¿Qué piensa Rajoy que ocurrirá si a algún amante de la ley se le ocurre ordenar la detención de algún político catalán? ¿Está preparado este país para un acto de insubordinación masiva y pacífica en Cataluña? ¿Alguien cree verdaderamente que el puchero resistirá indefinidamente con el único alivio para la presión de una manifestación anual el 11 de septiembre?

Aunque a muchos les pese, la única solución al problemón o al desafío es colocar la olla bajo el grifo y abrirla, o lo que es lo mismo, negociar el calendario para un referéndum vinculante en el que, sin hacer un drama, sean los catalanes quienes decidan si perdemos un hijo o ganamos un cuarto de baño, que diría Sabina. Canadá y Gran Bretaña lo han hecho y la familia sigue discutiendo civilizadamente en Navidad en torno a la misma mesa.