¿Pacto de Estado o proyecto de país?

Los sindicatos, con todas sus contradicciones, siguen siendo muros de contención imprescindibles frente a los recortes sociales. Por eso quizá no se entiende bien su reciente propuesta de Pacto de Estado. El contexto en el que pacto se plantea es el de un país con más de 6 millones de parados, un quinto de la población en situación de pobreza y casi un 60% de paro juvenil. Entre las medidas que ha tomado el Gobierno en los últimos tiempos destacan, entre otras, el progresivo desmantelamiento de los servicios públicos (que ha provocado una movilización sin precedentes de profesionales y ciudadanos usuarios), una reforma laboral para abaratar el despido (que lógicamente ha provocado que los expedientes de regulación de empleo se multipliquen) y una reforma de la justicia que deja sin tutela judicial a los sectores más vulnerables (y a la que se han opuesto todos los profesionales de la justicia). En ese contexto, la propuesta de un pacto de Estado desde la renuncia a posiciones maximalistas (como oponerse a la reforma laboral) no sólo implica reconocer en público la derrota en las huelgas generales, sino dar un absurdo balón de oxígeno al Gobierno. Todos sabemos lo que significan los pactos de Estado; gatopardismo para asegurar que los que siempre mandaron sigan haciéndolo. No olvidemos que el último gran pacto de Estado, la reforma constitucional pactada por el PSOE y el PP en el verano de 2011, fue un intento de prohibir que un futuro gobierno no siga las directrices de austeridad de la Troika, como han hecho hasta ahora los gobiernos del PSOE y del PP.

Frente al reconocimiento de que no hay alternativa que implica la propuesta del pacto de Estado, los sindicatos deberían tomar ejemplo de los movimientos sociales y asumir que los partidos del turno forman parte del problema y no de la solución. Y de la misma forma, la izquierda política debería perder el miedo a interpelar a los sindicatos y preguntarles de qué lado están y si están dispuestos a participar en un proceso constituyente. Las encuestas le están diciendo a gritos a la izquierda política que asuma, frente al pacto de Estado, la responsabilidad de Estado, que no es sino encabezar un proceso de limpieza política y regeneración democrática.

Plantear la auditoria de la deuda como primera medida de Estado sería una forma nítida de trazar la frontera entre quienes quieren defender a los ciudadanos y quienes prefieren mantener un status quo al que no le queda nada por ofrecer. Se trata, insisto, de responsabilidad de Estado frente al golpismo que supuso el rescate de la banca. Aquello fue un asalto a mano armada contra los ciudadanos, al transferir la deuda de manos privadas a manos públicas y en aquel golpe participaron tanto los social-liberales del PSOE como los conservadores del PP, todos ellos convencidos de que teníamos un Estado del bienestar que no podíamos permitirnos y de que era mejor trocearlo y lanzar sus pedazos a los perros (los proveedores privados).

Por eso hay que mirar a América Latina. Ecuador demostró que se puede auditar la deuda eliminando las partes conocidas como “odiosas” (las contraídas por un Gobierno sin el consentimiento de los ciudadanos o contra sus intereses) e identificando qué acreedores están legitimados para cobrar y cuales no. El gobierno de Correa rebajó así las deudas con los bancos de EEUU de 3.200 millones de dólares a menos de 1000 millones. Si Grecia hubiera suspendido pagos hace tres años su deuda habría sido sostenible. Sin embargo, al obedecer a las imposiciones de la Troika, el precio del crédito recibido, ha sido el de unos recortes draconianos contra los ciudadanos que han empobrecido al país hasta límites insoportables y que, además, no han conseguido reducir la deuda griega.

Esta claro que en la coyuntura actual el PSOE se enfrenta a la disyuntiva de correr la suerte del PASOK o girar su mirada hacia los socialistas latinoamericanos, pero el PSOE no está llamado hoy a liderar nada. Ese papel, que implica asumir un proyecto de país que nos lleve hacia un proceso constituyente, le toca a la izquierda política y a los movimientos sociales. Ojala los sindicatos rectifiquen y asuman formar parte de la solución.