J. Rodríguez y Antonio Sanabria

Economistas, miembros de econoNuestra

Con independencia de que el número de escaños (90 + 40) no suman para llegar un acuerdo de gobierno (176), el pacto de PSOE-Ciudadanos para una investidura supone la aceptación por parte del PSOE de forma explícita o implícita, de las principales propuestas en materia laboral y económica de Ciudadanos. Es decir, un programa de corte neoliberal. Lo sorprendente -quizá no tanto a estas alturas- es que algunos medios puedan calificar dicho pacto como “socialdemócrata”, o “de progreso” como ambiciona el propio documento en su título.

Las medidas que contiene dicho pacto son la introducción de un sucedáneo del “contrato único” propuesto por Ciudadanos; el complemento salarial mediante un impuesto negativo, introducido en el debate moderno de las políticas públicas por el liberal Milton Friedman; más la no subida de impuestos directos y reformar el IRPF para rebajarlo “cuando la situación presupuestaria lo permita”. Se mantiene pues una de las señas de identidad del neoliberalismo, lo que denominamos en su momento “populismo fiscal” (véase aquí y aquí), y que ahora se adorna con el vaporoso compromiso de estudiar la implantación de un posible impuesto a las grandes fortunas sin concreción alguna. Todo muy socialdemócrata como se ve.

En anteriores artículos analizábamos cuál es el significado y las consecuencias que tendrían tales medidas. El llamado “contrato único”, como argumentábamos detalladamente aquí, lo que implicaría en la práctica sería una reducción de la indemnización por despido y de derechos laborales de los trabajadores acogidos a dicho contrato. En su concepción original, la indemnización sería cero o muy reducida en los primeros años del contrato para crecer luego según la antigüedad. En este caso, la propuesta de abaratamiento del despido inicial ha sido posteriormente rectificada por el PSOE (luego de acusar de mentir a quienes así lo habían denunciado): se mantienen los 33 días por año trabajado en el caso de despido improcedente, frente a los 20 el primer año y 25 en el segundo inicialmente propuestos, y también los 20 días por año en caso de despido con causas objetivas. Sin embargo, en el caso de los contratos temporales, la extinción del contrato por causas técnicas, organizativas, productivas, etc. (además del caso de vencimiento del plazo del contrato) se queda en 12 días de indemnización el primer año y 16 días el segundo. Y aquí hay un problema porque es muy tenue la frontera entre dar por terminado un contrato temporal o romperlo arguyendo causas objetivas. Esto es importante, dado que la normativa en vigor da muchas facilidades al empresario para alegar causas objetivas y dar por terminado unilateralmente el contrato laboral.

Más aún. En todos los casos, parte del despido se sufragaría no por la empresa, sino por un fondo nutrido entre otros por aportaciones de los propios trabajadores (siguiendo el modelo austríaco). Así pues, incluso con la rectificación del PSOE se mantendría el abaratamiento del despido, como bien se explica aquí.

Al no atacar las causas de la elevada temporalidad, vinculadas al fraude generalizado en la contratación y al vigente modelo productivo, la introducción del contrato único no reducirá la rotación en el mercado laboral y sólo enmascararía la temporalidad. Es decir, en lugar de derogar la reforma laboral y restituir los derechos laborales perdidos en los últimos años, el pacto PSOE-C’s mantiene las bases para la precarización del mercado de trabajo.

Sobre el complemento salarial propuesto por Ciudadanos, como ya explicáramos aquí se trata de un sistema que, bajo la excusa de proteger a los trabajadores peor pagados, subvenciona su contratación a ese bajo coste para la empresa, facilitando así la perpetuación de esos empleos de bajos salarios, en lugar de incentivar aumentos en la productividad.

Por último, la promesa de rebaja de impuestos directos o al menos su congelación, en un país con una presión fiscal (la recaudación tributaria como porcentaje del PIB) 8 puntos inferior al promedio de la UE, con un déficit público cercano al 4%, la Comisión Europea presionando para su mayor reducción, además de una deuda pública de entorno al 100% del PIB implica, obviamente, un recorte del gasto público. Por más que el documento asegure que se mantendrá el gasto social, el ajuste fiscal vía reducción del gasto, y no por mayores ingresos de las rentas más altas y del capital hace inevitable nuevos recortes en sanidad, educación y servicios sociales.

Como señalábamos también en un artículo previo, resulta llamativo que, por ejemplo, un partido autodenominado socialdemócrata y otro cuyo modelo es supuestamente Dinamarca, pidan rebajas fiscales directas, cuando los ingresos públicos en España son un 38% del PIB y en Dinamarca un 54%. Sencillamente no se puede aspirar al Estado de bienestar de Dinamarca con la presión fiscal de Letonia.

Asimismo, tal congelación y rebaja de la imposición directa beneficiará especialmente a los tramos o cohortes de renta mayores, sin concretar siquiera ese supuesto impuesto a la riqueza, que en Francia ya fracasó.

Por último, cabe matizar que sin duda estamos aún inmersos en este largo juego de negociaciones. En el escenario actual, el movimiento del PSOE ofrece posibilidades a derecha e izquierda. Al presidente en funciones, Mariano Rajoy, la opción de abstenerse para vender una salida honrosa por la “unidad de España”, pactar las reformas constitucionales exprés propuestas por Rivera y dejar fuera a Podemos. Y a Podemos la posibilidad de aceptar una abstención con la que sacar del gobierno al PP, negociando posibles cambios y/o añadidos en las políticas pactadas con Ciudadanos. Sea como fuere, lo cierto ahora mismo es que el PSOE, con su pacto con Ciudadanos se ha ubicado en un punto de partida que asume el continuismo propuesto por la formación naranja.

Las posibles negociaciones que vengan a continuación partirían ya de la aceptación de un diagnóstico alejado tanto de la definición clásica de socialdemocracia o del keynesianismo, como de la realidad. La concesión de partida es así enorme.

Un diagnóstico que sigue culpando de la crisis a una supuesta “rigidez” del mercado laboral, que pretende encontrar en la desregulación y la jibarización del sector público la piedra filosofal capaz de arreglarlo todo. Es decir, que se obvian las verdaderas causas de nuestra crisis, las interrelaciones, mencionadas por multitud de economistas, entre desindustrialización, modelo de inserción en la eurozona, sobreendeudamiento privado, desigualdad, dificultades crónicas en materia de competitividad externa o la generación de burbujas de activos. Se habrá renunciado entonces a otras opciones que había sobre la mesa, ya fuese en coalición o con gobierno en minoría, que partían de otro diagnóstico y otras posibles salidas más realistas y socialmente justas.

Queda la posibilidad de que las bases del PSOE rechacen el acuerdo de Pedro Sánchez con Albert Rivera, votando “no” a la ambigua pregunta que se les oferta. ¿Ratificará finalmente la militancia de un partido que lleva en sus siglas las palabras “socialista” y “obrero” un pacto con tales medidas?

Si finalmente es sí, se consolidará el proceso de transformación al credo neoliberal de la antigua socialdemocracia, y con ello se mantendrá en España la tendencia europea de posición subsidiaria de los viejos partidos socialdemocrátas con respecto a los conservadores-liberales, cuando no tender directamente hacia la irrelevancia electoral. ¿Esto es lo que quiere la militancia del PSOE realmente? Veremos.