ANTONIO IZQUIERDO

Catedrático de Sociología

Acaban de salir los datos del padrón que nos traen varias noticias sobre la repercusión de la crisis entre la población extranjera. La primera es que la población se ha estabilizado en número y que importa menos la cantidad, 5.730.000, que el perfil de los que han desaparecido de la contabilidad. La segunda dice que hay 100.000 latinoamericanos menos, pero que aún no sabemos cuántos se han naturalizado ni quiénes se han ido.

Sin embargo, los dos datos con más enjundia sociológica han sido que la crisis ha golpeado más a los hombres que a las mujeres y, sobre todo, que han desaparecido del recuento 100.000 extranjeros jóvenes. Resulta que han aumentado las mujeres empadronadas, mientras que hay 28.000 hombres menos. Pero, sobre todo, se ha partido en dos mitades la pirámide de edades. Por un lado han crecido los mayores de 35 años y han menguado los que aún no han cumplido esa edad, con la excepción de los menores de cinco años. La conclusión es que las mujeres y los varones en edad madura han resistido mejor los golpes de la crisis, mientras que los jóvenes han salido más perjudicados.

Estas informaciones traslucen una estrategia individual y otra familiar para enfrentarse a la recesión. La primera sugiere la re-emigración de los jóvenes activos entre 20 y 35 años, que se marchan a otro país cuando pierden el empleo y, con él, la residencia legal. La segunda estrategia implica la fragmentación familiar, porque es la madre la que se queda en España trabajando en los servicios y viviendo como empleada de hogar interna o compartiendo el piso con otras mujeres, mientras que el padre regresa al país de origen acompañado por algún menor.

Pero también ha sido un año de padrón político. Los alcaldes lo han usado para atraer el voto de los ciudadanos atemorizados por las consecuencias sociales de la crisis. Y los inmigrantes para reclamar que existen, porque no obtienen el permiso de residencia si el empleador no les contrata como la ley manda, y para tener acceso a algunos derechos sociales básicos como la educación y la atención sanitaria. Los unos para seguir mandando y los otros con la esperanza de obtener la libertad de residir.