No pagará Bankia, pagaremos todos nosotros

José Ignacio Goirigolzarri debió de pensar que no tenía nada que perder cuando en mayo de 2012 aceptó cargar con el muerto de Bankia tras la desairada defenestración de Rodrigo Rato. Éste había sido forzado a dimitir por el Gobierno de Mariano Rajoy, al que no convencían los planes del antiguo vicepresidente económico para evitar la quiebra. Goirigolzarri, que disfrutaba de una prematura jubilación desde que en septiembre de 2009 dejó el puesto de consejero delegado del BBVA, se avino a suceder a Rato casi como un favor. Sabía que sólo alguien con su experiencia y prestigio profesional podía devolver la confianza a quienes dudaban del futuro de Bankia y conseguir que el Estado recuperase el dinero que ya había gastado en salvarla.

Lo que probablemente no previó Goirigolzarri era el alto grado de descomposición del cadáver que se había echado a la espalda y que pronto tuvo la oportunidad de calibrar. Sólo dos semanas después de asumir la Presidencia, se vio obligado a revisar los resultados de 2011, que reflejaban un beneficio de 300 millones cuando en realidad se habían perdido más de 3.000. Aquello, además, no tenía el cariz de un inocente error, sino de una operación de maquillaje en toda regla conectada con la presencia de Bankia en Bolsa desde apenas un año antes. La reformulación de las cuentas trajo consigo un déficit de capital que fue cubierto con nuevas ayudas públicas hasta un total de 24.000 millones, a cambio de la nacionalización del 100% de la matriz, BFA.

Ese episodio de la turbulenta historia de Bankia supuso un gran quebranto para los 300.000 pequeños ahorradores que invirtieron en la OPV llevada a cabo en julio de 2011. El valor de las acciones puestas entonces en el mercado a 3,75 euros quedó reducido prácticamente a cero, con la consiguiente desesperación de quienes las habían comprado bajo la promesa de que era un buen negocio. Por lo visto, ni la auditora ni la CNMV ni el Banco de España habían sido capaces de detectar a tiempo cuál era la verdadera situación, o quizás el miedo a las consecuencias les impidió hacerlo. En cualquier caso, lo cierto es que se produjo un auténtico desastre, que pesará durante mucho tiempo en la economía de las familias atrapadas en tan lamentable salida a Bolsa.

Ahora, un demoledor peritaje judicial ha denunciado que la reformulación de las cuentas de 2011 hecha tras la llegada de Goirigolzarri tampoco reflejaba una imagen fiel de Bankia. Había activos que no eran tales y el riesgo de impagos de algunos créditos se subestimó adrede para no tener que provisionarlos. Esos desfases venían de atrás y –según los peritos– eran tan evidentes que los administradores no podía ignorarlos, razón por la cual la OPV habría sido un monumental engaño. Un engaño del que los damnificados tienen derecho a resarcirse, como seguramente acabarán determinando los tribunales. Goirigolzarri ha dicho que Bankia podría hacer frente a esa eventualidad con sus propios recursos; pero un hombre tan avezado como él sabe que, aunque no pida nuevas ayudas públicas, este desaguisado lo acabaremos pagando también los contribuyentes, por lo menos mientras Bankia siga en manos del Estado.

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