A raíz del último libro de la periodista Pilar Urbano, en el que sugiere la ironía de que el gran cazador de paquidermos que habita en la Zarzuela fuera, en realidad, el enigmático ‘elefante blanco’ del 23-F, IU ha pedido la desclasificación de todos los documentos relativos al golpe de Estado. A la petición se sumó luego el PSOE, aunque no tuviera necesidad alguna porque su candidata a las europeas, Elena Valenciano, estaba allí y vio con sus propios ojos que el Rey, lejos de estar implicado, fue quien nos salvó del ‘tejerazo’. Obvio decirles que la probabilidad de que nos muramos sin conocerlos es muy elevada.

Decía Azaña que la mejor forma de guardar un secreto era escribir un libro, pero por si acaso mejorábamos en eso del informe Pisa los sucesivos gobiernos han evitado pasar por la imprenta y han seguido confiando en el candado. Para ello, nada mejor que mantener viva la ley de secretos oficiales del franquismo que, a diferencia de países mas normales, no establece plazos para la desclasificación de documentos. Los secretos lo son a perpetuidad. Lo que sí hemos llegado a conocer, gracias al escribiente que los pasaba a máquina y se guardaba la copia –lo relata Luis Díez en cuartopoder.es-, son los menús que Franco se metía entre pecho y espalda en 1939 cuando el país se moría de hambre. ¿Saben lo que tomó de primero el 14 de julio, aniversario de la Revolución francesa? Sopa marsellesa. El cocinero debía de ser un rojo o un cachondo mental.

Con el 23-F vamos dados. Hace ahora cinco años, el diputado Gaspar Llamazares preguntó al Gobierno por las grabaciones de las llamadas telefónicas entre el Congreso de los Diputados y el exterior a lo largo del golpe de Estado. ¿No parece lógico pensar que además de a Milans desde Zarzuela se llamara a Tejero? ¿No parece aún más lógico deducir que todas esas conversaciones debieron de ser intervenidas? Pues bien, tuvo que pasar un año para que hubiera respuesta. No llegó de Interior sino desde Defensa, el ministerio al que estaban adscritos los servicios de espionaje. ¿Qué se dijo? Pues que no había constancia de que dichas grabaciones existieran.

Claro que no es necesario retroceder tanto para confirmar el espíritu de apertura con el que se nos gobierna. El pasado mes de febrero varios grupos de la oposición, incluido el PSOE, defendieron una iniciativa con la que se intentaba abrir a los historiadores los archivos históricos de Defensa y de Exteriores. Ya de paso se pedía que, de manera inmediata, se permitiera la consulta de más de 10.000 documentos de entre los años 1936 y 1968, que iban a desclasificarse en 2011 y que siguen con más cerrojos que el sepulcro del Cid.

En su afán de transparencia, el PP dijo que verdes las habían segado, amparándose para ello en un acuerdo del Consejo de Ministros de 2010, es decir de Zapatero y sus muchachos, por el que se consideraba materia secreta y reservada prácticamente toda la política exterior del Estado. Los populares en esto han sido exquisitos. Cuando varios centenares de historiadores dirigieron una carta al Ejecutivo para denunciar por el ocultismo documental, se decidió el cierre definitivo a la investigación del Archivo de Exteriores, para que su protesta estuviera más motivada.

En resumidas cuentas, los archivos militares están cerrados. El de Exteriores, cuyos fondos se repartieron entre el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración, es inaccesible por una decisión política y por otra práctica: ninguno cuenta con los medios materiales y humanos necesarios. Así las cosas, se pretende que los alumnos catalanes aprendan gracias a la ley Wert la historia verdadera.

Documentos, especialmente del franquismo, existen a toneladas. Baste decir que los primeros empleados del Archivo de Salamanca eran guardias civiles, que desde el 1938 recibieron todo el material incautado por las brigadas de registro. Su misión consistía en leer los legajos, marcar los nombres propios y suministrar esa información al Tribunal de Responsabilidades Políticas, la Causa General y el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Subrayaban en dos colores, rojo y azul, aunque sin otro criterio aparente que no fuera el de la disponibilidad de lapiceros. Con aquel material se asesinó, se torturó y se consumó una metódica rapiña de bienes y propiedades.

De la democracia no se puede decir tanto. A falta de regulación, los presidentes del Gobierno han podido hacer lo que les ha dado la gana con los documentos que han manejado durante su mandato. González se llevó los que quiso y ahora, como se le ha debido quedar pequeña la casa, ha decidido montar una fundación a mayor gloria de sí mismo para quitarse unas cajas del trastero. Aznar decidió borrar con un par los archivos informáticos de Moncloa, no fuera a saberse que lo de Irak era una misión humanitaria. Y Zapatero arrambló con la famosa carta del BCE, cuyo contenido exacto ocultó al Congreso, para incluirla en su libro.

Es fácil deducir que en IU pueden esperar sentados la desclasificación del 23-F por si de pie se cansan. Contamos al menos con el testimonio en primera persona de Elena Valenciano de que el Rey no estuvo implicado. Si no es por ella seguiríamos en la inopia.