PERE VILANOVA

Catedrático de Ciencia Política

Hablamos del Gobierno de Israel. No hablamos del pueblo judío, ni de los judíos israelíes, ni de los que no viven en Israel ni tienen particular interés en adquirir la nacionalidad de ese Estado. No estamos hablando de antisemitismo. Estamos hablando de política internacional y, más concretamente, de diplomacia y el Gobierno de Netanyahu lo sabe.

Viene ello a cuento porque el Gobierno de Israel convocó al embajador de España en Tel Aviv (no en Jerusalén), Álvaro Iranzo, para expresar su malestar por las declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, en el sentido de que quizá sería hora de plantearse la creación de un Estado palestino y, en ese sentido, la sesión del próximo septiembre de la Asamblea General de Naciones Unidas puede ser decisiva. No hace falta recordar que no habrá Estado palestino aunque la Asamblea General vote a favor, pues falta el escollo del Consejo de Seguridad, donde el veto de Estados Unidos está asegurado. Así pues, Israel (su Gobierno) quiere no sólo que no haya un Estado palestino, sino que quiere evitar siquiera un voto favorable simbólico. Además de ser la primera potencia militar (y la única nuclear) de Oriente Próximo, Israel quiere la hegemonía diplomática. En nuestra opinión, la ofensiva del Gobierno de Netanyahu es tan obvia que incluye que algunos de sus embajadores, por ejemplo su exembajador en España hasta hace poco, escriban cartas de despedida denunciando como antisemitismo toda toma de posición contra cualquier decisión de su Gobierno. No cuela. Tengo mis dudas de si embajadores anteriores, como Samuel Haddas o Shlomo ben Ami, se hubieran prestado a tal cosa.

Sea como fuere, el Gobierno de Israel puede estar tranquilo: es del todo inverosímil que la Unión Europea adopte una posición común favorable a la iniciativa palestina. Ya se encargará luego Catherine Ashton de explicar con el modo al uso de exponer un símil de declaración que deje las cosas como están. Pero en la Asamblea General no vota la UE, votan los estados, y el Gobierno español tiene una oportunidad clara de “lanzar alguna señal” como la de la ministra Jiménez. Es decir, votar a favor y punto.