Es un hecho que el gobierno de Pedro Sánchez ha estado acertado a la hora de combatir la inflación y la prueba es que España terminó 2022 con la tasa más baja de la Eurozona.

Por eso me gustaría decir que estoy de acuerdo con las ministras y ministros del gobierno español que se están pronunciando y haciendo propuestas sobre la indeseable y en muchos casos impresionante subida de precios que están registrando productos básicos de la cesta de la compra familiar. Pero no lo estoy.

No me parece muy acertada, por ejemplo, la bajada del IVA recientemente aprobada.

La ministra de Economía y vicepresidenta Nadia Calviño cree que esa medida bajará los precios porque comparte lo que me parece un error sobre la naturaleza de los mercados que han expresado la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, al afirmar que se trata de un mercado "en donde hay competencia" y, por tanto, en donde "no es necesario intervenir".

Con independencia de que esa afirmación es contradictoria con la intervención que supone modificar el IVA para lograr un cambio de comportamiento de las empresas a la hora de fijar precios, lo cierto es que se trata de un mercado en el que, efectivamente, hay competencia, aunque no lo que se produce en un mercado perfecto que busca la maximización del beneficio tal y como la describen los modelos teóricos, ni la que se lleva a cabo bajando márgenes, sino tratando de alcanzar la mayor cuota posible de mercado.

Por esa razón, es dudoso que efecto final de una medida como reducir el IVA sea positico porque puede provocar cambios indeseados en los hábitos de compra, no es fácil acertar con el tipo de bienes a los que realmente conviene aplicarles la bajada, no es seguro que se traslade a los consumidores y porque se benefician de ella perceptores de rentas que no lo necesitan.

Mucho me temo que la bajada del IVA sea otra de esas buenas intenciones de las que dicen que está lleno el infierno, pues puede terminar siendo tan solo un regalo adicional a las grandes empresas. Mientras que posiblemente hubiera sido mucho más eficiente y barato proporcionar ayudas directas a quien lo necesite.

De hecho, aunque algún informe señala que la bajada del IVA se está trasladando a los precios y que estos ya están bajando, una investigación de FACUA revela que siete grandes cadenas (Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Lidl, Hipercor y Mercadona) no la están aplicando.

Y no puedo sino manifestar mi estupor al leer que la ministra Calviño afirma que “es responsabilidad del sector” bajar los precios tras decidirse la bajada del IVA. En primer lugar, porque parece mentira que una ministra de Economía hable del "sector" como de un sujeto que tomas decisiones colectivas, como un monopolio. Y, en segundo lugar, porque, nos guste o no, los mercados no son mecanismos que se muevan por principios éticos o morales, por mucho que pudiera parecernos deseable.

No estoy de acuerdo tampoco con la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, cuando también vincula el problema a otra cuestión moral (la falta de piedad de los propietarios, personificados en el dueño de Mercadona) o en los márgenes de las empresas.

Podría parecernos que el mundo funcionaría mejor si todos los propietarios de capital (y el resto de los mortales) fuésemos más piadosos. Pero esa no es la cuestión. El capitalismo es lo que es, con sus defectos y virtudes, y no se le puede pedir que funcione de otro modo. Ese tipo de manifestaciones enardecen a la parte más guerrera de los propios, pero no conducen a nada más que a generar un ruido que, a mi modesto entender, no es lo que más favorece la puesta en marcha de políticas transformadoras.

Es una evidencia que los márgenes de las empresas españolas (como las de otros países de nuestro entorno) han aumentado. Ocurre siempre que hay procesos inflacionarios pues estos se producen de manera muy desigual y comportan movimientos de precios muy asimétricos en el conjunto de la economía y entre todas las empresas. Las de mayor poder de mercado se benefician siempre de la inflación y por eso muchos economistas decimos que esta última no solo tiene causas, sino también propósitos. En concreto, el de recuperar el terreno perdido subiendo precios al pescar en río revuelto.

Pero, siendo eso evidente, resulta prácticamente imposible determinar directamente (al menos sobre la marcha de las subidas) en dónde se produce real y exactamente el aumento de los márgenes, qué empresas concretas lo llevan a cabo y con qué productos de los que venden lo hacen en particular.

Por tanto, señalar al aumento de márgenes como una fuente más de la inflación (una verdad como un castillo de grande) es útil para mostrar en general la naturaleza del fenómeno que nos está afectando, pero creo yo que algo poco operativo a la hora de poner remedios concretos a las subidas de precios. Al menos, con el tipo de indicadores y datos con los que hoy día se cuenta.

No se olvide, como he señalado antes, que en el sector de la distribución de los productos alimenticios no necesariamente se gana más aumentando márgenes y que puede ocurrir que medidas bienintencionadamente destinadas a reducirlos, para favorecer una oferta más barata y asequible, terminen provocando a medio plazo una mayor concentración y, a la postre, condiciones peores que las iniciales. Un efecto perverso, por cierto, que ya se ha vivido en otros países vecinos, como Francia, en donde se ha acusado al gigante Leclerc de "canibalizar" el sector justamente reduciendo su margen en pleno proceso de subida de precios.

¿Quiere eso decir que no se puede hacer nada frente a empresas con tanto poder de mercado como estas grandes del sector de la distribución de productos alimenticios?

Tal y como ya ha hecho el gobierno de Grecia y parece que hará el de Francia, ambos conservadores y no precisamente bolcheviques, no creo que se deba descartar algún tipo de control de precios. Pero, insisto, no me parece que esto sea el remedio óptimo ni más efectivo en el caso de productos alimenticios que tanto perjudica a las rentas más bajas y, por extensión, a miles de pequeñas y medianas empresas que viven de su gasto. Y, de llevarse a cabo, creo que solo deberían establecerse con extraordinaria precisión y no a brocha gorda, sobre la base de un buen conocimiento de lo que ocurre en el mercado, con acuerdos y control efectivo.

A mi juicio, la única forma de evitar lo que está sucediendo con los precios y las dificultades de acceso a la oferta de miles de familias es generar otro tipo de canales de distribución y nuevas formas de consumo. No pedirle al capitalismo el imposible de que sea lo que no es, sino poniendo en marcha procesos que hagan y proporcionen lo que el capitalismo no puede hacer ni proporcionarnos.

El exvicepresidente del gobierno Pablo Iglesias acaba de señalar en uno de sus programas de La Base que, junto a los controles de precios que propone su formación, se podrían crear supermercados públicos. Eso me ha hecho recordar la propuesta que escribí (p. 50) en el documento de bases que nos pidió Podemos y que redacté junto a Vicenç Navarro en 2014: "Exploración de fórmulas (...) destinadas a satisfacer necesidades básicas de la población con dificultades de acceso a la oferta actual de los mercados: creación de centrales de compras participadas por el sector público, tanto estatal como autonómico o local y organizaciones del tercer sector."

Quizá, si entonces se nos hubiese hecho algo más de caso y se hubiera comenzado a trabajar en esa línea, ahora no tendríamos que lamentarnos tanto de lo que está ocurriendo y se darían menos palos de ciego para combatir las subidas de precios.