María del Mar García Vaquero, actual pareja del expresidente Felipe González y Mohamed Eyad Kayali, magnate sirio amigo íntimo de Don Juan Carlos de Borbón, son algunos de los nombres que siguen hoy saliendo, junto al de nuestro ministro Soria, Bertín Osborne y otros personajes destacados, de la última filtración de documentos titulada “Papeles de Panamá” que se suma a la lista Falciani, Luxleaks o la filtración de Wikileaks. Unas revelaciones que vuelven a escandalizar a la opinión publica al poner de manifiesto cómo las grandes fortunas, políticos y/o empresarios siguen utilizando los paraísos fiscales para evadir sus obligaciones tributarias o para blanquear dinero negro.

Estas semanas hemos podido comprobar cómo las instituciones europeas parecen mas preocupadas no por la magnitud del fraude fiscal revelado, sino mas bien porque los nombres de los evasores se hagan públicos. Nombres entre los que se encuentran destacados políticos europeos que se llenan la boca de patriotismo a la vez que atesoran su dinero fuera para evadir impuestos. Especialmente paradigmático es el caso de los dirigentes del Frente Nacional, aquellos que después de arroparse con la bandera francesa y hacer política en base a eslóganes xenófobos como “los franceses primero”, gracias a los papeles de Panamá, hemos podido comprobar cómo estafan a todos sus conciudadanos manteniendo gran parte de su dinero en paraísos fiscales y demostrando que no tienen más patria que el dinero.

Entre los políticos señalados es especialmente sensible para la Comisión Europea el nombre de Micaela Domecq Solís-Beaumont, mujer de Arias-Cañete, quien podría incurrir en una clara incompatibilidad con su cargo como comisario al ser un familiar directo. Una situación que compromete aún más la fiabilidad de la Comisión, ya de por sí muy desacreditada porque su propio presidente, Juncker, está vinculado, a raíz de las filtraciones de Luxleaks, a una trama de evasión de impuestos mientras era presidente de Luxemburgo.

Los Panama Papers han puesto de relieve lo que la mayoría de los expertos ya señalaban: que Panamá es un Paraíso fiscal. A pesar de que el ministro de justicia, Rafael Catalá, se obstine en repetir que Panamá sólo tiene “una cultura tributaria distinta”, países como Francia han vuelto a incluir al país centroamericano en su lista de paraísos fiscales. Sin embargo lo novedoso de las ultimas revelaciones de los “papeles de Panama” no es que las grandes fortunas europeas necesiten acudir a Panamá para no pagar impuestos, ya que pueden coger un tren e ir a Luxemburgo, Suiza o Andorra, lo que lleva siendo durante años una situación conocida y denunciada. Sino lo realmente sorprendente es descubrir que para evadir impuestos también se puede contar con la ayuda de grandes bancos europeos. Con los papeles de Panamá, hemos comprobado que varios bancos han facilitado la creación de empresas offshore, con el fin de facilitar la evasión fiscal de sus clientes, en colaboración con Mossack-Fonseca. Algunos de estos bancos ofrecieron estos servicios de dudosa legalidad a sus clientes incluso estando bajo el Mecanismo Único de Supervisión (MUS/SSM), dependiente del Banco Central Europeo.

Los papeles de Panamá parecen llover sobre mojado, es como si nos estuviéramos acostumbrando a que las cosas tienen que ser así como si se tratara de una ley natural, que es normal que la gente evada impuestos, malverse fondos públicos o haga negocio con los derechos de todos. Como dicen en Méjico: “el que no “tranza (roba) no gana”. Lo único que parece indignarnos es conocer los nombres, y por ello se están apresurando a evitar que se vuelvan a filtrar, o al menos a ponerlo mas difícil, mejor que acabar con el problema que no se conozca, que no sea noticia.

Por extrañas coincidencias parlamentarias, la misma semana que en el plenos del Parlamento Europeo debatimos las filtraciones de los Papeles de Panamá también se aprobó una directiva que endurece el secreto comercial y deja desprotegidos a los filtradores. Una Directiva de Protección de Secretos Comerciales que prevé fuertes sanciones contra quien divulgue información considerada sensible por las empresas y que fue aprobada gracias entre otros otros al voto del PP, el PSOE, Cs y/o el Frente Nacional (¿tendrá algo que ver con los nombres ya publicados o los que pueden estar por publicar de sus ministros, presidentes o expresidentes?). El problema no es regular la competencia leal entre grandes empresas sino que bajo este pretexto y al calor de las exigencias de los lobbies empresariales transnacionales, esto se ha transformado en la regulación de un derecho general al secreto empresarial, que puede poner en riesgo tanto los derechos fundamentales de expresión e información como, precisamente por la restricción de estos, el interés público en general.

Los whistleblowers o denunciantes de irregularidades, cuya labor se ha revelado fundamental en casos como la guerra de Irak, los LuxLeaks, los Papeles de Panamá y tantos otros casos, tendrían que demostrar al juez que actuaron con el propósito de proteger el interés público en general: la carga de la prueba por tanto recae sobre ellos, con lo que lo que se instaura mediante la Directiva es un ambiente de censura previa absolutamente contrario al Estado de Derecho, a la transparencia y a la democracia.

Antoine Deltour, ex-empleado de la consultora PricewaterhouseCooper y whistleblower que ayudó a destapar el escándalo de LuxLeaks, junto al periodista Edouard Perrin y que fueron condecorados con el premio ciudadano europeo del 2012, llamaron a los Eurodiputados/as a votar en contra de la directiva de secretos comerciales. Según sus palabras “las excepciones contempladas en esta directiva supuestamente destinada a proteger a los whistleblowers no me protegería, tampoco al periodista que publico la información porque nosotros no revelamos nada ilegal, sólo inmoral"

De esta forma, la reciente aprobación de la directiva sobre secretos comerciales demuestra que el problema no es la evasión fiscal, sino que se conozcan y se hagan públicos los nombre de “nuestros” evasores. Mientras desde las instituciones europeas se piden esfuerzos a los pueblos, se recortan nuestros derechos y se practica una política austericida para “salir” de la crisis; las grandes fortunas, gracias al entramado mundial de paraísos fiscales, siguen concentrando cada vez mayor poder y riqueza. Desde el inicio de la crisis la desigualdad no ha parado de crecer en el mundo , hasta tal punto que, como indica el informe de Oxfam Itermón, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante de las personas del planeta. Esta mañana hemos recogido en Bruselas las demandas de los y las trabajadoras de Bankia que fueron injusta e improcedentemente despedidos a través del mayor ERE de la historia de España, hoy sabemos que Rato ocultaba 3,6 millones de euros en Panamá a la vez que se despedían a estos trabajadores y se estafaba a preferentistas, lo que demuestra, una vez más, que el gran problema no es que no haya dinero, sino que la riqueza está muy mal repartida. No nos estamos enfrentando a una crisis sino, como gritábamos desde las plazas, a una gran estafa.