Parar los desahucios y cortes de luz, ¿inconstitucional?

Mònica Guiteras, miembro de la APE

Javier Lechón, miembro de la PACD

En ocasiones, gracias al tejido social, a la ciudadanía organizada, a la lucha en la calle, se llega a consensos, se ganan batallas, se consiguen cambios significativos para acercarnos cada vez más a que todas y todos podamos vivir vidas más dignas.

La ley sobre emergencia habitacional y pobreza energética, la 24/2015, que nació como una ILP que recogió el apoyo de más de 140.000 firmas y que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Catalunya, es buen ejemplo de ello. Y como tal, representa un peligro para los poderes fácticos del sistema en el que vivimos.

En los próximos días, el gobierno del Estado español podría interponer un recurso de inconstitucionalidad a esta ley, pero sabemos que el problema que se le encuentra en esta ley no es de inconstitucionalidad, ni de cruzar la línea roja de las competencias, sino de tocar allí donde duele.

El derecho a una vivienda digna (con todos los suministros básicos garantizados), y por tanto también el derecho a la energía, no tienen fácil solución porque representan el cuestionamiento de la mercantilización de unos bienes comunes que llevan décadas representando un lucro muy sustancioso a bancos, constructoras y compañías suministradoras. Todavía hoy, casi diez años después del estallido de la burbuja inmobiliaria, se sigue mercadeando con las deudas hipotecarias, y aquellos que dejaron el negocio del ladrillo están virando ahora hacia el negocio energético (véase sino como los de ACS de Florentino Pérez y su almacén submarino de gas, más conocido como Castor). Sea como sea, lo importante es que sean las familias las que acaben pagando.

Las deudas energéticas, al igual que las hipotecarias, son los pedazos, las partes del todo que garantizan mantener flotando el modelo especulativo que nos empobrece. ¡Y a qué precio! El 17% de la población se ve afectada por la pobreza energética, es decir, tiene problemas para pagar las facturas de agua, luz y gas, y en caso que pueda hacerlo, es en detrimento de cubrir otras necesidades imperantes como son la alimentación, la salud, etc. Se trata de familias que, por mucho que intenten ahorrar y reducir su consumo energético, ven que sus recibos no bajan, del mismo modo que no se reduce la parte regulada de las facturas (más del 50% de la misma), en la que se nos cobran todo tipo de conceptos que nada tienen que ver con el consumo realizado. De hecho, no sabemos cuál es el coste real de la energía que consumimos, y esto nos deja fuera de juego ante el oligopolio.

Las deudas acumuladas de las familias deberían ser consideradas ilegítimas si pagarlas las deja en situación de no retorno. Son ilegítimas también si tenemos en cuenta que los acreedores (ya sean los bancos o las suministradoras) están haciendo negocio con un servicio básico para la existencia. Además, las circunstancias de contratación, y el marco legal en el que se dan (por ejemplo, la ley del sector eléctrico) son abusivos: el cobro que se exige no corresponde al servicio recibido, ni el destino de los fondos (una retribución para ofrecer este servicio) es en realidad lo que ha generado la mayor parte del gasto, sino que son otros gastos las que estamos cubriendo, como la moratoria nuclear, las centrales de ciclo combinado que están criando malvas, etc. En este caso, los intereses privados se han puesto por delante el interés general de la población, y esto, de nuevo, es ilegítimo.

A pesar de esta gran injusticia, la Ley que quieren anular consigue dar respuesta a la emergencia de los cortes de suministro y los desahucios, protegiendo a las familias vulnerables y estableciendo protocolos donde prima el principio de precaución. No se permite ningún corte de suministro sin previamente pedir a Servicios Sociales cuál es la situación de la familia y esperar la respuesta de éstos (que en la mayoría de los casos será una respuesta afirmativa sobre esta vulnerabilidad).

Pero lo que es aún más significativo de este tira y afloja de fuerzas con el poder político y económico es que esta ley promueve el alquiler social, un mecanismo de segunda oportunidad que libere a las familias de la deuda hipotecaria, y la asunción por parte de las suministradoras de las deudas energéticos cuando las familias no pueden pagar. Esta ley ciudadana sienta las bases para que lo innegociable, lo impensable, sea posible y habitual. Negociaciones y quitas de deuda pasarían de ser la excepción a ser la norma. Nada de fondos donde la Administración pública asume la barbaridad de precios de las facturas impagadas motivando así incentivos perversos al oligopolio para seguir cortando la luz, el agua y el gas.

No habremos cambiado nada si detenemos los cortes y los desahucios, pero persisten las deudas energéticas e hipotecarias. Tendremos familias que por fin encuentran trabajo, y que con el primer sueldo deberán pagar aquella deuda de hace unos meses, ahora con intereses, eso sí, en cómodos plazos. En resumen: cadena perpetua. Por eso hay que seguir poniendo luz y taquígrafos ante estas cuentas, y auditar desde la ciudadanía estas deudas. Por eso hay que seguir visibilizando el coste real de lo que nos quieren hacer pagar a cualquier precio. Por eso hay que seguir explicando dónde está el negocio, y señalar a quien sigue teniendo beneficios multimillonarios cada año que pasa.

Y es que no realizar un corte, o no desahuciar una familia, a pesar de que parezca que pedimos un milagro, es el menor de los problemas de un gran banco o de una gran eléctrica. No les cuesta nada, no les estamos pidiendo caridad. De hecho, justo cuando parece que las empresas suministradoras, como en su día los bancos, bajan un poco la cabeza y hacen la "buena acción" de no cortar (y no presumen durante unos días de esos beneficios multimillonarios), nos damos cuenta de que es para no levantar más sospechas. Pero la verdadera batalla es hacerlas renunciar a cobrar estas deudas. Y precisamente para dejar de mendigar limosnas, es importante que leyes ciudadanas como la 24/2015 se queden, para poner contra las cuerdas estos intereses, y porque, en el fondo, lo que necesitamos no es sólo proteger a las familias pobres, sino revertir el proceso por cuál han sido empobrecidas.