Decían los romanos “Mulier Caesaris non fit suspecta etiam suspicione vacare debet”, “la mujer del César no sólo debe ser honrada, sino también parecerlo”, haciendo referencia a la importancia que tenía en la sociedad romana la mujer del César. Actualmente hay muchos responsables públicos que rehúsan esta máxima, olvidando que su manera de actuar debe ser legal a la par que moral.

Recientemente hemos visto como el Presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, integrante del Partido Popular, declaraba en el año 2015: “Si me imputan por el “Caso Auditorio” dimitiré”. En un tuit de aquella época escribía “si al final la Justicia dictaminara una imputación por el ‘Caso Auditorio’, yo dimitiría. Porque cumplo lo que firmo y cumplo mi palabra, y no esperaría que nadie me lo pidiera” asegurando que tenía “un compromiso personal y político por una nueva etapa de regeneración, limpieza y de ejemplaridad”. En febrero, de este año, se confirma su imputación, a través de la figura jurídica “investigado” que el Partido Popular implantó con el, supongo, propósito de enmascarar la corrupción que, en muchos casos, están protagonizando. Se le imputan delitos de prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. Tras comprobarse que ha mentido, dado que no ha dimitido, vuelve a faltar al respeto de los votantes diciendo “Dije que dimitiría si me imputaban por corrupción, esto es una cuestión administrativa”. Curioso, cuando un informe de la Guardia Civil certifica que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, del que era alcalde el mencionado, pagó más de dos millones de euros por materiales que no se encuentran en el auditorio de la localidad. Siendo alcalde recepcionó una obra a la que le faltaba el 38% para estar completa.

Otro caso, también reciente, que corrobora lo dicho inicialmente es la vivienda que el Ministerio del Interior adjudicó al Director General de Tráfico, Gregorio Serrano, para que la ocupara, de manera gratuita, durante su estancia en Madrid cuando la Orden General del Instituto Armado que regula estas adjudicaciones establece que sólo un miembro del Cuerpo o su Director y asesor tienen derecho a una de las viviendas que tiene este Cuerpo y cuando, según publica algún medio, en la actualidad hay unos 39.000 funcionarios que perteneciendo al Cuerpo, entre cabos y guardas, están esperando que se les asigne una vivienda. Por no hablar de la diferencia, escalofriante, de sueldo entre el Director General de Tráfico y la de un guardia civil novato o un Cabo que sobrepasa, ampliamente, los 50.000 euros. Para justificarlo o encubrirlo, como ustedes estimen, hablan de una cesión pero no muestran documentos rubricados como debería ser lo pertinente si existiera un expediente administrativo a este respecto. Los medios también han demostrado que este personaje ha mentido, con total premeditación y alevosía, ya que, tras conocerse la noticia, aseguró, en rueda de prensa, que no tenía ni idea de que ese piso, que se estaba arreglando y para lo que se habían destinado 50.000 euros, era para él cuando el 3 de febrero visitó el piso según confirmó el Ministerio del Interior.

Hace poco, hemos tenido constancia del nombramiento como embajador de España en Estados Unidos de Pedro Morenés, ex ministro de Defensa, que no tiene carrera diplomática ni experiencia, tal como ya hicieron con otro ex ministro, José Ignacio Wert. Se trata de una de las embajadas más importantes y significativas dentro de la carrera diplomática que le posibilitará, además de ganar 70.000 euros al año y vivir en una lujosa mansión de 2.000 metros cuadrados en Washington, posiblemente, seguir con sus “negociaciones” tal como ya hiciera siendo ministro de Defensa. El Gobierno de Mariano Rajoy adjudicó contratos por valor de 115 millones de euros a las empresas con las que el ex ministro estuvo vinculado, ocupando distintos puestos de dirección, antes de ser nombrado Ministro de Defensa. Destino de gran interés para Morenés dado que la industria armamentística estadounidense ha conseguido un fuerte impulso desde que Trump ganó las elecciones, máxime cuando el actual Presidente Americano prometió en Campaña electoral eliminar los recortes en Defensa incrementando en unos 80.000 millones de dólares anuales el gasto en armas.

Por último, también es destacable la denuncia del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, sobre la impartición, por parte de altos directivos de Hacienda, de cursos para instruir en “eludir” el pago de impuestos y evitar contramedidas fiscales a grandes multinacionales y a grandes despachos tributarios. Alertando sobre esta actividad docente que también sirve para “engrasar” las puertas giratorias, al coincidir en la mayoría de cursos con los socios de consultoras y grandes empresas en las que posteriormente acaban prestando sus servicios muchos de estos funcionarios. Esta denuncia acentúa los cálculos que estiman que la evasión de impuestos, especialmente por parte de las empresas, en España, supone unos 5.061 millones de euros. El año pasado conocíamos, a través de la prensa, que Inditex había “eludido” el pago de cerca de 600 millones de euros en impuestos entre 2011 y 2014 gracias al diseño de una ingeniería fiscal “agresiva” a través de Holanda, Irlanda y Suiza. Con informaciones como éstas queda patente que “Hacienda somos los pringaos” ya que, según los expertos, cada español trabaja 146 días al año para Hacienda, lo que supone más de la mitad de su vida laboral y pagamos los trabajadores “de a pie” cinco veces más impuestos que las multinacionales y grandes empresas.

Cómo decían los romanos no sólo ser… sino parecer… porque al ciudadano “de a pie” le surge una disyuntiva cuando la ley y la moral se contradicen: o pierde su sentido de la moral o su respeto por la ley.

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