Los controladores siguen haciendo múltiples esfuerzos para cargar de razón al Ministerio de Fomento y para irritar a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Aun en la hipótesis de que algunas de sus reivindicaciones fueran justas, la forma de manejar la negociación no es de recibo. El pasado viernes, cuando se habían producido claros avances hacia el acuerdo, argumentaron la necesidad de que el comité ejecutivo de su sindicato diera el visto bueno a esos avances para evitar divisiones internas. Dijeron que ese comité se reuniría “urgentemente”, y todo el mundo pensó que lo haría al día siguiente.

Los representantes de un gremio tan sumamente estresado parece tener otro concepto de la palabra “urgente”: no se reunirá hasta el jueves. Lo que pretenden sin ningún disimulo es prolongar la presión de la convocatoria de huelga sin fecha, que está produciendo claros perjuicios a la industria turística en su temporada alta. Y no sólo perjudica a los empresarios hoteleros sino que trastorna los planes de vacaciones a millones de ciudadanos. Antes de recurrir a un arbitraje que imponga la solución al conflicto, el Gobierno ha pedido por activa y por pasiva a los controladores que opten con transparencia entre dos opciones: retirar la amenaza de huelga para seguir negociando o convocarla legalmente con una fecha concreta. Pero no les interesa y dilatan la incertidumbre convencidos de que beneficia a sus intereses. Lo cual viene a ser lo más parecido a un chantaje.