Como se preveía aquí mismo, la muerte de Rita Barberá en un hotel de cinco estrellas gran lujo de Madrid ha servido en bandeja a varios dirigentes del PP la oportunidad de criminalizar a distintos medios de comunicación por el pretendido linchamiento al que la alcaldesa habría estado sometida y que sería la causa directa del infarto que acabó con su vida. Las “hienas”, en palabras bastante infames y cínicas del portavoz Rafael Hernando, la siguieron mordieron pese a los denodados intentos del PP por protegerla, que se tradujeron en su expulsión del partido y su tránsito al Grupo Mixto del Senado, porque de lo que no pudieron convencer a la exalcaldesa es de que dejara su escaño, su aforamiento y su remuneración.

De esta manera tan siniestra, se ha reabierto el debate sobre los juicios paralelos y sobre eso que se ha dado en llamar pena de telediario, aquella por la que se traslada a la opinión pública la culpabilidad antes de que los jueces la determinen, ya sea por escenografías como la detención de Rodrigo Rato, al que un policía colocó una mano sobre su cabeza para evitar que se golpeara con el coche como suele hacerse con los chorizos más vulgares, o simplemente por la mera información de los procedimientos judiciales en marcha. Nótese que la citada pena sólo se detecta cuando el afectado es un político o un empresario, ya que, al parecer, el resto de los mortales no tienen derecho a que se respete su imagen o, simplemente, a las plañideras de hoy les importa un bledo.

Los que ahora se rasgan las vestiduras ignoran conscientemente dónde se halla el verdadero meollo de la cuestión, que no es otro que la deliberada confusión entre responsabilidad política y penal, en un país en el que no se dimite ni en defensa propia. Para un político acusado de graves delitos, no ha de existir la presunción de inocencia sino la obligación de dejar el cargo de manera inmediata, un proceso que de ejecutarse de manera rutinaria no tendría por qué implicar ninguna asunción de culpa. Lo injusto no es apartar a un inocente sino mantener en su puesto a un golfo apandador y que años después se acredite su condición. Sobran regalías y puestos en los que reponer a los exculpados.

A esta carencia democrática de creer que existe una especie de derecho a gobernar que no puede delegarse por el descuido en la adjudicación de una rotonda, se suma una exasperante lentitud judicial, en muchos casos provocada por esos que dicen ser víctimas del oprobio injustificado, hasta el punto de que la entrada en prisión de uno de estos prestigiosos delincuentes se convierte en todo un acontecimiento. Una vez dentro, hasta hace bien poco, ni siquiera cabía esperar que su estancia fuera prolongada porque los suyos, si son los que escribían el BOE, facilitaban su indulto al descuido.

En el resto de los casos, cuando la indecencia no conduce al presidio o no está tipificada como delito, el apaño sigue siendo flagrante. Se les intentará poner un pisito en Washington con carguito bien pagado en el Banco Mundial, o darle la presidencia de una comisión parlamentaria, coche oficial y pluses incluidos para que expíe sus pecados. La tasa de desempleo de estos prendas es irrelevante.

No son las televisiones las que alientan a congregarse a cientos de personas ante los juzgados para llamar chorizo a Blesa o las que provocaron que Barberá tuviera que refugiarse tras los visillos de su piso en Valencia porque la increpaban por la calle, sino la sensación real de impunidad que se ha trasladado a una ciudadanía que, finalmente, ha dicho basta.

Durante demasiado tiempo hemos asistido a un saqueo consentido, a la obscenidad institucionalizada de quienes pensaron que la democracia era el patio de Monipodio en el que poder forrarse. Lo grave no es la pena de telediario sino el telediario en sí y el asco que sigue produciendo. “Enésimo caso de corrupción en Valencia”, alertan los informativos. Pues eso.