Pedro Fresco

Colaborador de econoNuestra

Desde que tengo uso de razón recuerdo a los políticos recomendar a los ciudadanos hacerse un plan de pensiones privado debido a que las pensiones, según ellos, corrían riesgo en un futuro no demasiado lejano debido al envejecimiento de la población. Han pasado más de dos décadas y la profecía no se ha cumplido, aunque existen evidentes riesgos para nuestro sistema de pensiones e indicios bastante sólidos que nos indican que éste no podrá aguantar sin cambios. Como muestra, esta: Desde que el PP llegó al poder, el fondo de reserva de la seguridad social ha bajado de 66.815 millones de euros a 25.176 millones (julio de 2016), lo que nos indica que como no cambie radicalmente la situación este fondo no va a durar más de dos o tres años y, cuando se acabe, habrá que optar por una de estas tres vías: Subir impuestos, bajar pensiones o quitar gasto de otras partidas para mantener las pensiones.

El debate de las pensiones es un debate muy complicado que tiene muchas facetas y muchas posibles soluciones, y en el que además entran los intereses empresariales y privados para quienes una crisis en el sistema de pensiones significa oportunidad de negocio. Esto nos debe hacer enfocar el tema con extrema cautela y no confiar en las simples doctrinas que nos venden los “expertos”, analizarlo todo muy bien y entender que siempre hay una alternativa.

El sistema de pensiones de reparto (el que tenemos en España) no es inviable a causa del envejecimiento de la población, ni por los bajos sueldos, ni por el escuálido crecimiento económico ni por muchas de las causas que esgrimen sus enterradores; y por el contrario tampoco es un sistema inmaculado y que no vaya a sufrir problemas gracias al aumento de la productividad, por la inmigración o simplemente subiendo impuestos a determinados grupos o agentes económicos, como indican sus defensores más inmovilistas. El sistema es viable, pero tiene claros problemas, tiene futuro, pero requiere cambios estructurales. La cuestión es qué reformas y qué queremos conseguir.

¿Cuál es el objetivo de un sistema de pensiones? En mi opinión el objetivo fundamental debe ser evitar que las personas que ya no pueden trabajar caigan en la pobreza. Ese objetivo es incuestionable y no podemos aceptar nada que no cumpla este objetivo. Por eso los sistemas de capitalización privados, cuyo principal exponente es el sistema chileno, no cumplen ese requisito y se convierten en inaceptables. Ya explicamos aquí cómo este sistema era peligroso, insuficiente e injusto.

Una segunda característica de nuestro sistema de pensiones y de los de la mayoría de países de nuestro entorno es que haya una relativa proporcionalidad entre lo aportado durante la vida laboral y la pensión en el momento de la jubilación. Esta búsqueda de cierta proporcionalidad no es caprichosa y en el fondo es una forma de que el sistema tenga una mayoría de defensores. Si un sistema impositivo no da al menos pequeños “privilegios” a quienes más aportan al sistema se crearía poderosos enemigos, gente que se sentiría damnificada y que consideraría que paga demasiados impuestos y que recibe muy poco a cambio, y eso podría llevar a que eventualmente apoyasen políticas de destrucción del estado del bienestar, poniendo su futuro el riesgo. Por eso existe esta proporcionalidad y por eso los grandes estados del bienestar han generado servicios universales para todos los ciudadanos y no servicios por renta. Un sueco o un danés que paga muchos impuestos tiene también muchos servicios, y eso fortalece el estado del bienestar y mantiene a las clases medias a favor del mismo.

La cuestión es ¿hasta qué punto debe ser proporcional? Porque esta proporcionalidad puede ser lineal, tener máximos o estar “suavizada” para así ayudar más a quienes más lo necesitan. Y estas variables son importantes, porque pequeños cambios pueden dar lugar a redistribuciones bastante distintas.

En España tenemos un sistema de reparto que se basa en que las cotizaciones que produce el trabajo actual (pagadas por empleadores y empleados) pagan las pensiones actuales, calculadas en función de la vida laboral del jubilado en cuestión. En función de los años cotizados el jubilado cobrará un porcentaje diferente de su base de cotización, requiriéndose 15 años para cobrar el 50% de la base de cotización (o la pensión mínima) y 37 años para cobrar el 100% de la base de cotización (a partir de 2027), habiendo porcentajes intermedios entre los 15 y los 37 años. Si no se llega a los 15 años cotizados y no se tiene otros ingresos o rentas, el estado ofrece una pensión no contributiva (unos 370€/mes).

El sistema requiere, pues, un equilibrio entre los ingresos por cotizaciones y las “salidas” en forma de pensiones contributivas (las no contributivas desde 2013 corren a cargo de los presupuestos generales del estado, para liberar de cargas a la seguridad social). Si se gasta más en pensiones que ingresos se tienen por cotizaciones el estado recurre al fondo de reserva, que es lo que ha estado pasando estos años.

Este estado de las cosas nos indica un problema evidente, y es que cada vez hay menos ingresos por cotizaciones debido a varias causas: El alto desempleo, las continuas deducciones y bonificaciones a la cuota empresarial de la SS y, sobre todo, al mal endémico de nuestra época: Los bajos salarios. De hecho se observa que, a pesar de que hay más cotizantes en los dos últimos años, la subida de ingresos de la SS es casi insignificante. Mientras, los gastos por pensiones siguen creciendo (aunque no excesivamente), debido a que los nuevos jubilados aún tienen bases de cotización relativamente altas, llegándose al absurdo de que un nuevo jubilado cobra más de pensión que un nuevo empleado. Estas son las consecuencias de la reforma laboral y de las políticas de devaluación salarial.

Estos datos nos muestran una realidad, que es que si no se revierte radicalmente la devaluación salarial y las políticas de deducciones a la SS, el sistema de pensiones no va a poder sostenerse con las cotizaciones sociales. Los distintos partidos políticos han propuesto algunas soluciones a este problema, como sacar las pensiones de viudedad y orfandad de la SS o crear un impuesto específico para financiar las pensiones, soluciones que no son más que soluciones temporales o directamente ocultar el problema cambiando el gasto de lugar.

Adicionalmente esta situación crea un problema a medio plazo. Con la reforma del sistema de pensiones muy probablemente éstas se reducirán a futuro, pero a costa de dejar a un gran porcentaje de los futuros pensionistas con pensiones mínimas e incluso no contributivas. Si persiste el empleo a tiempo parcial, los contratos de temporada y los bajos salarios, gran parte de la población tendrá pensiones miserables que no cumplirán el objetivo fundamental de las mismas, que recordemos es evitar la pobreza.

Sé que hay miedo a reformar las pensiones porque intuitivamente pensamos que toda reforma es a peor, destinada a reducir pensiones o privatizarlas, pero creo que eso es lo que sucederá si nos ponemos en una situación inmovilista. Con esta estructura salarial y del sistema de pensiones, que este se convierta en disfuncional es cuestión de tiempo y que lleguen los primeros recortes de pensiones también. Porque no nos equivoquemos, si el PP no se ha atrevido a tocar las pensiones actuales es porque son los pensionistas su nicho principal de votantes, pero precisamente por eso ha creado una bomba de relojería con una reforma a futuro que, junto a la devaluación salarial, hará estragos.

Es importante abstraerse de los vehículos concretos y entender que la redistribución de un sistema de pensiones depende básicamente de qué parte de la riqueza del país (% PIB) destinamos a pensiones, y si los destinatarios de esas pensiones son los correctos o no. No importa tanto que se haga en base a las cotizaciones a la Seguridad Social, ni fondos de reserva ni complejas fórmulas, sino que haya un reparto adecuado de parte de la riqueza que genera el país hacia la población pasiva.

Conviene preguntarse ¿tiene sentido que haya pensiones de 2.500€/mes para personas que no necesitan tanto cuando tenemos a un 40% de los pensionistas cobrando pensiones mínimas o no contributivas? ¿Tienen sentido las elevadas pensiones de viudedad de personas que no las necesitan? En definitiva ¿está cumpliendo bien el sistema actual con el objetivo de impedir la pobreza? Y sobre todo ¿Lo cumplirá a futuro con la estructura salarial y de empleo actual?

Voy a ir a lo concreto ¿Y si lo que necesitásemos en España fuese un sistema de pensión mínima garantizada para todos los jubilados que siempre estuviese por encima del umbral de la pobreza? Suecia tiene una pensión mínima (900€) que se otorga por residencia en el país y si no se llega a esos ingresos por otra vía, pensión que además puede tener complemento. Dinamarca tiene una pensión básica solo por residencia (folkenpension) y que, en casos necesarios, se complementa a cargo del estado hasta superar los 1.000€. En estos casos una vida laboral con interrupciones (paternidad, desempleo, etc) o bajos salarios no lleva a una pensión de miseria.

Estas pensiones básicas y universales no se pagan con cotizaciones a la seguridad social (de hecho en Dinamarca no existen como las entendemos aquí), sino a costa de los presupuestos generales del estado y con origen en el “mix” de impuestos del país. Los impuestos medioambientales, a los dividendos, el IRPF o el IVA son algunos de los impuestos que mantienen este sistema de pensiones, sin estar sometido a la rigidez de las cotizaciones sociales.

¿Y esto no rompe el principio de proporcionalidad? No, porque aparte de esta pensión universal hay un segundo pilar que es contributivo y que sí depende de las cotizaciones y es relativamente proporcional a las mismas. Este segundo pilar hace que quienes pagan muchos impuestos acaben cobrando mayor pensión, pero siempre manteniendo el pilar básico. Ojo, no estoy proponiendo imitar el modelo de segundo pilar de estos países (que además son diferentes entre sí), sino debatir si un sistema con un pilar universal y un segundo de reparto sería razonable en España, adaptándolo a sus circunstancias.

El mundo actual difiere del mundo de mitad del siglo XX donde se conceptualizaron los sistemas de pensiones de reparto. Entonces había pleno empleo, éste era estable, las rentas del trabajo se llevaban la mayor parte de los beneficios de la productividad y había muchos trabajadores por cada jubilado. Hoy el día tenemos desempleo estructural, salarios menguantes, mayor esperanza de vida y pocos trabajadores por jubilado. Por tanto no es razonable pensar que el mismo sistema nos puede servir para cumplir los mismos objetivos. Los objetivos son irrenunciables, pero el mecanismo es coyuntural.

Quizá este análisis sobre el sistema de pensiones nos puede llevar a la conclusión de que no solo hace falta un sistema de pensión garantizada, sino también un sistema de Renta Básica que impida que ningún ciudadano caiga en la pobreza, porque el caso del jubilado es igual al del parado y el del parado no difiere tanto del pobre hombre que trabaja 8 horas a la semana.

Y también quizá, sólo quizá, esta idea tenga ya fecha de caducidad, porque también nos enfrentamos a dos retos mayúsculos que pueden alterar la situación. El primero es la automatización y robotización, que puede reducir todavía más las rentas del trabajo y obligar a la que redistribución se tenga que hacer obligadamente en base a algún mecanismo de colectivización de estas innovaciones. El segundo es que, ante una esperanza de vida creciente, el problema comience a ser más de dependencia vital que de renta, y nos tengamos que plantear sistemas que no solo eviten la pobreza de los mayores sino que sobretodo garanticen su cuidado y autonomía.