Los que más han clamado contra la Junta de Andalucía y contra los sindicatos por el caso de los ERE guardan ahora un ensordecedor silencio ante el escándalo de los cursos de formación en Madrid. Un escándalo del que no tienen nada fácil salir indemnes ni la patronal CEIM ni su presidente, el empresario hostelero Arturo Fernández, hombre muy próximo al PP regional y en particular a Esperanza Aguirre.

La justicia lleva meses investigando la trama de cursos falsos que podría haber organizado José Luis Aneri, en prisión provisional desde el 1 de marzo por supuesta apropiación indebida de las subvenciones destinadas a la formación. En esta causa, que ha permitido descubrir ya un fraude de 15 millones de euros, está presuntamente implicado también Alfonso Tezanos, vocal de CEIM y exdirectivo de varias federaciones regionales, que fue detenido el martes por la policía.

Pero es que, además, por si lo anterior no fuera bastante, ayer se supo que la Cámara de Cuentas ha detectado un posible uso inadecuado de los fondos recibidos para el mismo fin por la propia patronal madrileña. Según los informes de ese órgano fiscalizador correspondientes a los ejercicios de 2008 y 2009, CEIM habría costeado con ellos parte de las elevadas nóminas de algunos de sus directivos, que llegaban a alcanzar los 385.000 euros anuales.

Desde que salieron a la luz todos estos manejos, Arturo Fernández no ha hecho otra cosa que echar balones fuera para que no compliquen su reelección, que se ventila el próximo 24 marzo. Entonces tendrá que medirse en las urnas con el presidente de la Confederación de Comercio de Madrid, Hilario Alfaro, a quien dedicó ayer palabras airadas por haber pedido su dimisión.

Las cuitas de Arturo Fernández sin embargo, no son nuevas: empezaron a finales de 2012, cuando fue imputado junto con otros consejeros por la fusión y salida a Bolsa de Bankia, desastrosa para tantos inversores. Poco después saltaron noticias que apuntaban al pago de horas extras en dinero negro a sus trabajadores del Grupo Cantoblanco y tuvo que desembolsar 687.000 euros para arreglar cuentas con la Seguridad Social.

Pero lo que más críticas internas le ha granjeado fue su empeño por colocar en CEIM a Lourdes Cavero, esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con un sueldo de más de cien mil euros. Después de disfrutar durante dos años y pico en el cargo, Cavero dimitió hace diez días so pretexto de no perjudicar las expectativas electorales de Arturo Fernández, al haber sido imputada por presunto fraude en la compra del dúplex que tiene con su marido en Marbella.

Precisamente ese fichaje confirmó, por si a alguien le cabía alguna duda, las conexiones entre el PP de Madrid y el presidente de CEIM, que lo es también de la Cámara de Comercio. De ahí que al gobierno regional y al coro mediático habitual les haya faltado tiempo ahora para salir en defensa de Arturo Fernández o, cuando menos, para cubrir sus problemas con un manto de silencio.

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