“La detención de personas que hayan cometido actos de piratería forma parte de las obligaciones asumidas por España” -Recurso de apelación de la Abogacía del Estado-

Si usted es marinero y atraviesa hoy en barco el golfo de Adén, seguramente tenga más miedo a una avería, un naufragio o un virus intestinal entre la tripulación, que a los fabulosos piratas somalíes. En realidad, con tanto ruido, en todo el año pasado fueron secuestrados ochenta barcos, de entre veinte mil que pasaron por allí. Un 0,4% del total. Sin embargo hemos mandado buques de guerra. Y ahora no sabemos qué hacer con los capturados, si juzgarlos aquí, enviarlos a Kenia, crear un tribunal internacional, liberarlos, enviarlos a Guantánamo o ahogarlos en alta mar.

Se me ocurre una salida más fácil: que los contraten los mismos barcos que sufren sus ataques. De hecho, los armadores deberían tomarse la visita de los somalíes como un currículum dejado en cubierta.

Digo esto porque sospecho que muchos de los barcos secuestrados son casi tan piratas como las lanchas que los abordan. El transporte marítimo internacional es uno de los mayores agujeros negros de la economía global, pero sólo nos enteramos cuando hay un naufragio o un vertido y hay que pedir cuentas a alguien. Sólo cuando pasa algo nos enteramos de los chanchullos con que los propietarios ahorran costes. La mayoría de grandes buques lleva bandera de conveniencia de países poco vigilantes. ¿Sabían que Liberia es el segundo país con más barcos en el mundo? Junto a ello, abundan las subcontratas salvajes, y las tripulaciones son reclutadas en cualquier sitio y con pésimas condiciones laborales.

Por eso no sería raro que algún pirata, una vez a bordo, se quedase a trabajar. Algunos incluso promocionarían pronto, a las oficinas centrales de la compañía para llevar la contabilidad.