La población movilizada en defensa de la democracia merece atención

Marià de Delàs, periodista

Ahora que ya no tenemos elecciones a la vista, al menos a corto plazo, convendría que los demócratas en general realizaran un esfuerzo para hacer que se respete en su totalidad lo decidido hace bien poco en las urnas y que nadie, tampoco los tribunales, pueda poner en cuestión la soberanía popular.

Algo importante falla en el llamado estado de derecho si las normas impiden que personas que se pudieron presentar a elecciones y resultaron elegidas ejerzan la responsabilidad que les confió la ciudadanía.

La cúpula judicial española no suele mostrar mucho respeto por las prácticas democráticas. Los excelentísimos jueces y fiscales del Supremo han alardeado durante los últimos meses de que ellos andan en otra cosa, que poco tiene que ver con el derecho de las personas a expresarse en la calle, en las urnas y en la propia sede judicial. Ellos juzgan lo que es pertinente y lo que no, lo que se puede decir y lo que hay que silenciar. No están para que unos letrados y unos testigos les hagan ver nada sobre la realidad social.

Sería de agradecer que dirigentes de partidos de izquierda miraran de frente lo que allí ocurre y denunciaran sin reparos el funcionamiento de la justicia en sus niveles más altos.

Bastantes líderes de la izquierda se propusieron evitar hace un tiempo esa etiqueta. La de la "izquierda". Dijeron que era cosa del pasado. Pero últimamente parece que recuperan en sus discursos ese concepto, totalmente relativo, porque depende del punto de referencia. Cuesta entender el porqué de aquel descarte, porque en otro tiempo siempre se supo de qué pie calzaban los que decían que no eran de izquierdas ni de derechas. Más allá de lo que digan los libros de historia, no deja de resultar útil la distinción. Los sujetos que manifiestan de manera efectiva más respeto por la democracia y la justicia social se sitúan a la izquierda de quienes se muestran menos predispuestos a valorar el poder popular y la igualdad entre las personas.

En cualquier caso, más allá de lo que hagan con sus discursos y conciencias los estrategas de esos partidos, situados a la izquierda de la derecha, el común de los demócratas vería con muy buenos ojos que los más proclives a batallar contra los privilegios y a defender a las víctimas de las ambiciones de los poderosos, intentaran no apartar la mirada cuando se producen vulneraciones de los derechos elementales de las personas y violaciones flagrantes del mandato ciudadano.

Ahora andan enfrascados en negociaciones y regateos sobre próximos gobiernos locales. Insisten en que importan más las políticas que hay que aplicar que los nombres de los alcaldes o alcaldesas. Ojalá. Por desgracia les hemos visto establecer alianzas en demasiadas ocasiones con criterios similares a los que utilizaron para la confección de candidaturas. Discuten más sobre composición de los equipos que sobre lo que han de hacer.

Sería buena cosa, no obstante, que se pusieran de acuerdo para no desentenderse en ningún caso de la protección efectiva de los derechos sociales y políticos de las personas. Deberían responder en positivo a las aspiraciones democráticas de la población que se ha manifestado masivamente durante los últimos años.

Se acerca la fecha en la que se darán a conocer las condenas preparadas desde que el Gobierno del PP decidió que la solución del conflicto entre Catalunya y el Estado se encontraba en la represión. En la actuación de la policía, la Guardia Civil y una magistratura reaccionaria que no consigue ocultar su desprecio por lo que se decide en las urnas y retuerce hasta donde haga falta la normativa aprobada en algún momento por el poder legislativo. El Gobierno del PSOE, su Fiscal General, su Abogacía del Estado y las mesas del Congreso y del Senado, con mayoría socialista, tampoco han querido dar ni la más pequeña muestra de disposición para dar un giro a la situación.

Pronto será necesario responder con la mayor contundencia a sentencias ignominiosas, que pueden sentar las bases de un nuevo estado de restricción permanente de los derechos y libertades. Dictarán probablemente largas condenas de privación de libertad contra dirigentes políticos y sociales ya encarcelados por su implicación en la organización de un referéndum. Luego vendrán más juicios y más condenas. Es preciso revertir esa dinámica.

Ahora que ningún partido pide el voto de nadie, los millones de ciudadanos que han expresado persistentemente en las calles sus anhelos democráticos y han protestado contra la represión seguro que agradecerían gestos unitarios por parte de todos aquellos dirigentes que se proclaman soberanistas y republicanos.

Gestos para desmentir a todos aquellas autoridades que reconocen en privado, y a veces en público, que las alianzas antidemocráticas, el autoritarismo, la deslealtad, la mentira y la traición forman parte inevitable de la vida política.

El manifiesto aparecido esta semana en favor de un acuerdo entre ERC y BComú para la conformación de un “gobierno fuerte” en la capital de Catalunya, Barcelona capital dels drets socials i les llibertats, suscrito también por el autor de esta nota, puede contribuir a la reparación de los daños provocados por la campaña electoral y los ataques miserables y estériles entre personas que se deben respeto mutuo y no deberían avergonzar a los electores, pero un acuerdo entre estas dos fuerzas, una independentista y otra confederalista, solo será efectivo si se arriesgan y se comprometen a fondo, con todos los medios a su alcance, en la defensa de “políticas públicas que transformen la realidad”, mediante “acuerdos amplios y sólidos con actores diversos”.

Si la “unidad estratégica” de los demócratas depende ahora de negociaciones secretas, acuerdos inconfesables e intercambios de cuotas de poder en diferentes despachos o instancias gubernamentales, es posible que acaben destrozando el único instrumento que tiene la población normal para defender sus derechos frente a las ambiciones de unos pocos, la movilización y la confianza en su propio tejido asociativo.