Basta con dar un repaso a las 20 propuestas que Podemos ha planteado en su reunión con PSOE y Ciudadanos para concluir que el pesimismo que ayer se extendía sobre las posibilidades de un acuerdo no está justificado, al menos en lo que a su contenido se refiere. Salvo que lo que se pretendiera fuera que los de Iglesias asumieran íntegramente lo establecido en el llamado pacto del Abrazo e hicieran la ola a sus negociadores, todos los puntos de su documento son asumibles, negociables o, incluso, forman ya parte del pacto.

Puede que a Rivera se le abran las carnes con su pretensión de que el Gobierno esté integrado por un coalición del PSOE, Podemos y sus mareas junto a independientes de consenso, lo que dejaría fuera a C’s, pero es que a estas alturas nadie tiene claro cuál es la fórmula que tiene en la cabeza la reencarnación de Suárez. ¿Quiere estar en el Gobierno o no? ¿Pretende darle apoyo externo exclusivamente? ¿Se conformaría con proponer a varios ministros independientes? Igual podría decirse del PSOE. No es razonable que un partido con 90 diputados elija un gobierno monocolor, que decía Sánchez. ¿Y entonces qué?

El segundo elemento de disputa es obviamente cómo se plasma el derecho a decidir de Cataluña, asunto éste que Podemos orilla y vincula a un futuro acuerdo que alcancen En Comú Podem y el PSC. Nada se dice de lo que ocurriría si no se alcanzara el acuerdo. Sobre este particular, la posición de los socialistas pasa por una reforma de la Constitución para que los catalanes voten en positivo y no la separación.

Se trata de una pretensión etérea ya que la reforma necesitaría contar con la anuencia del PP que, de no mediar una enajenación completa de sus dirigentes, puede descartarse. Cerrar los ojos al problema o confiar en que se resuelva por sí solo, como parece que sugiere C’s, es sencillamente irresponsable. Aún así, se ignora hasta dónde estarían dispuestos a llegar los socialistas en el reconocimiento del estatus de Cataluña, aclaración a la que tiene derecho Podemos y el conjunto de la ciudadanía.

El tercer punto de fricción es la pretendida “expansión fiscal” de 96.000 millones en cuatro años, que ahora Podemos reduce a 62.000. ¿Es esto posible en las circunstancias actuales? ¿Cómo se logaría teniendo en cuenta que los de Iglesias se comprometen a llegar a un 2% de déficit público al final de la legislatura y a no subir los tipos nominales de IRPF y Sociedades? Hablando se entiende la gente.

Igual pasa con la renta garantizada, cuya cuantía Podemos rebaja de 600 a 500 euros mensuales para situar a toda la población por encima del umbral de la pobreza monetaria . El acuerdo PSOE-C’s incluye el reconocimiento de un ingreso mínimo vital y de una renta de reintegración no cuantificada y vinculada a la vuelta al mercado de trabajo de sus perceptores, los parados de larga duración, durante el tiempo necesario hasta que encuentren trabajo. No parece muy complicado compatibilizar dichas fórmulas.

Podemos se aviene a que la reforma del sistema electoral no modifique la Constitución y a mantener la circunscripción provincial, renuncia a prohibir la financiación bancaria de los partidos dentro de unos límites de gasto, comulga con que para evitar las puertas giratorias sean 5 y no 10 los años que han de transcurrir para que los altos cargos puedan incorporarse a sectores en los que no tuvieran experiencia previa, y hasta da por buena parte de la reforma laboral del PSOE. Elevar a 900 euros el Salario Mínimo tampoco debería parecer de aurora boreal, siendo además uno de los compromisos que hizo el PSOE en la campaña.

En lo que respecta a las pensiones, relaja su pretensión iniciar de reducir la edad de jubilación a expensas de que el Pacto de Toledo, ese que PSOE y C’s quieren revitalizar, marque las pautas. Pero es que tanto la financiación del sistema con ingresos tributarios como ajustar las cotizaciones a los ingresos percibidos son aspectos que ya contemplaban sus pretendidos socios.

El acercamiento es obvio en educación, sanidad y copagos y atención a la dependencia. Se cita como innegociable su propuesta de impedir los desahucios de personas en situación de exclusión o emergencia social sin una alternativa habitacional, lo que no sólo es de sentido común sino de justicia. El pacto del Abrazo recogía lo siguiente: “Reconocer el derecho de las personas que han perdido su vivienda como consecuencia de una situación de insolvencia sobrevenida en un procedimiento de desahucio a que se les facilite una vivienda en régimen de alquiler social a un precio acorde a sus circunstancias económicas y familiares y, en su caso, a un plan de rescate personal sobre la deuda pendiente que mantengan, que no debe superar el 30% de sus ingresos”. ¿Es tan difícil el entendimiento?

Podemos no está ni mucho menos en el monte y eso es lo que debe de tener en vilo a Ciudadanos, que descontaba su huida por los cerros de Úbeda para reintentar esa imposible gran coalición con el PP para la que trabajan. El PSOE ha prometido respetar su acuerdo con Rivera, y está bien que las promesas se mantengan pero dentro de un orden. No hay razón alguna para no apurar la negociación. Quedan menos de 20 días.