“Estamos ante un verdadero conflicto frontal entre las grandes corporaciones y los Estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales –políticas, económicas y militares– por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Pero las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan”… Salvador Allende, 1972.

Texto: Nazaret Castro. Ilustraciones: Violeta Cintas.

Conservan plena actualidad, pero estas palabras de Salvador Allende cuentan más de 40 años. Las pronunció el presidente chileno ante las Naciones Unidas en diciembre de 1972, nueve meses antes de que los militares golpistas entraran en el Palacio de la Moneda, poniendo fin a uno de los experimentos de socialismo democrático más interesantes de la historia. Cuatro décadas después, el problema que lúcidamente identificó Allende no ha hecho más que crecer.

Las corporaciones, cada vez más concentradas e imbricadas entre sí, se hacen más poderosas cada año, hasta conseguir una capacidad de influencia superior a la de muchos Estados. Según el Estudio del Poder 2014, realizado por la red de investigadores Transnational Institute (TNI), 40 de las 100 mayores economías del mundo son corporaciones. Los primeros lugares los ocupan WalMart, Royal Ducht Shell y ExxonMobil; de hecho, las corporaciones de petróleo y gas siguen ocupando siete de los 10 primeros puestos del ranking.

Pero el riesgo no es ya la concentración de las empresas, sino del capital: el estudio de TNI concluye que el 1% de las empresas transnacionales –en su mayoría, entidades financieras– controla el 40% de los negocios mundiales. Una situación de oligopolio de la que no escapa, por ejemplo, un sector tan vital como el de la alimentación.

Hay una realidad incuestionable: los ricos son cada vez más ricos, y utilizan ese poder económico para influir en el poder político, lo cual, a su vez, les garantizará mayores beneficios. Así lo resume la intelectual y activista Susan George: “No es solo su tamaño, su enorme riqueza y activos lo que hace de las transnacionales un peligro para la democracia. Es también su concentración, su capacidad de influenciar, y frecuentemente, infiltrar gobiernos, y su habilidad para actuar como una clase social internacional genuina para defender sus intereses comerciales contra el bien común”.

En su obra Sus crisis, nuestras soluciones, George denomina “la clase de Davos” a ese 0,001% de la población que acumula el 22% de la riqueza mundial y controla cada vez más parcelas de la economía y la sociedad. Decisiones políticas que antes estaban en manos de los Estados pasan ahora a las corporaciones. Incluso, señalan algunos, el propio control del territorio: “El Estado ha desaparecido como garante de los derechos ciudadanos. Ha perdido el control soberano de los territorios en beneficio de las corporaciones”, asegura el profesor Miller Dussán, de la Universidad Surcolombiana. Pero, si los Estados han sido vaciados de contenido, también lo ha sido la democracia…

‘Lex Mercatoria’

En la fase de la globalización del capitalismo contemporáneo, los comportamientos delictivos son antes la regla que una excepción, como denuncia el economista ecuatoriano Pablo Dávalos en su ensayo La democracia disciplinaria. El proyecto posneoliberal para América Latina. Los datos y las hemerotecas le dan la razón: como señala Intermón Oxfam en su reciente informe Tras la marca, las diez mayores empresas alimentarias del mundo protagonizan abusos sociales y ambientales como estos: “En Pakistán, las comunidades rurales afirman que Nestlé embotella y vende agua subterránea de muchísimo valor cerca de pueblos que no pueden permitirse agua potable. En 2009, Kraft fue acusada de comprar carne de vacuno a proveedores brasileños involucrados en la tala de árboles en la selva amazónica para que pastara el ganado. Y actualmente Coca-Cola se enfrenta a denuncias de trabajo infantil en su cadena de suministro en Filipinas.”

Son solo unos pocos ejemplos de una lista tristemente larga. Cada año, Public Eye Awards elabora, mediante votación popular, su ranking de la infamia; en 2014, la lista la encabezaba el gigante ruso Gazprom, que repetidamente ha incumplido la normativa ambiental en sus polémicas perforaciones petrolíferas en el Ártico; le seguían las multinacionales semilleras Syngenta, Bayer y BASF, y le sigue la FIFA, acusada de fomentar en Brasil, como antes en otros países, el desalojo masivo de personas afectadas por las obras del Mundial.

Por no hablar de las prácticas de las grandes cadenas del textil, como Inditex o Mango, que pagan a subcontratas para obtener las prendas a precios de trabajo esclavo, y con unas condiciones de higiene y seguridad que están detrás de tragedias como el incendio de Bangladesh del pasado octubre.Mientras quienes cosen la ropa para Inditex cobran 30 euros por mes, el presidente de la corporación, Pablo de Isla, se embolsó casi 8 millones de euros en 2013. Las subcontrataciones han funcionado como uno de los mecanismos del capitalismo global para evitar responsabilidades y forzar a la baja salarios y beneficios sociales.

Lo sorprendente es que los casos documentados por Intermón Oxfam, Public Eye Awards, el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y tantas otras organizaciones sociales no provoquen sanción alguna para las empresas implicadas; como mucho, en poquísimos casos, una liviana multa de esas que invitan a seguir delinquiendo. En palabras del economista Jeffrey Sachs: “[Tenemos] una cultura de impunidad basada en la expectativa bien comprobada de que los crímenes corporativos son rentables”.

Con la complicidad de los gobiernos, las transnacionales han sabido armarse de un complejo sistema legal diseñado para proteger sus intereses y garantizar sus inversiones: es el Derecho Comercial Global. La lex mercatoria: la ley de la mercancía globalizada, que se plasma en una arquitectura legal formada por tratados de libre comercio (TLC), tratados bilaterales de inversión (TBI) y las mismas normativas del Fondo Monetario Internacional o de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Tribunales a medida

Por si algún Estado tuviera el atrevimiento de cuestionar este statu quo, ahí están los tribunales de arbitraje, como el Sistema de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el que un gobierno puede procesar a otro por poner trabas al régimen de liberalización comercial, o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, donde las empresas pueden demandar a los Estados por incumplimientos de contrato.

Apenas un ejemplo: el CIADI se apoya para su arbitraje en los TBI y TLC, pero no en las legislaciones de los países ni mucho menos en el derecho internacional en materia de derechos humanos. Frente a estos ‘superderechos’, ni los Estados ni mucho menos los pueblos cuentan con mecanismos legales para poner freno a las empresas, exigirles respeto a los derechos humanos. Ni siquiera puede hacerles pagar las multas que la justicia reclama.

El derecho internacional de los derechos humanos no cuenta con mecanismos efectivos de cumplimiento; el Derecho Comercial Global, sí. Las corporaciones han sabido blindarse y diluyen sus responsabilidades en códigos de conducta voluntarios y acuerdos no vinculantes, como el Pacto Global de la ONU, que siguen la senda de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). El diseño parece perfecto, y sin embargo, la voracidad del capital está abriendo cada vez más grietas y resistencias. Así se evidencia en América Latina, donde cada día estallan nuevos conflictos relacionados con los impactos locales de la minería, las megarrepresas o las exploraciones petrolíferas.

Ante la falta de instrumentos legales para defender a los pueblos frente a las multinacionales, los movimientos sociales visibilizan esas violaciones de derechos a través de tribunales populares, como el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que en su última edición, celebrada en Madrid en 2010, no dejó bien paradas a multinacionales españolas como Repsol, Telefónica y Endesa, todas con gran presencia en América Latina y acusadas por el impacto social y ambiental de sus inversiones.

El magistrado del Tribunal Supremo Perfecto Andrés Ibáñez, que presidía el simbólico tribunal, escribió en la sentencia final que estos casos “deben ser considerados no aisladamente en su significado individual, sino como expresión de un amplio espectro de violaciones” de los derechos humanos, a los que el magistrado atribuye “carácter sistemático” y del que responsabiliza a las empresas y los Estados.

Más de un centenar de organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo han lanzado la campaña global “Desmantelemos el poder corporativo y pongamos fin a la impunidad”. Plantean el desarrollo del Tratado de los Pueblos, que genere obligaciones vinculantes a las transnacionales, y cuestionan el Pacto Global de la ONU. Algunas organizaciones han denunciado que los funcionarios de las Naciones Unidas han sucumbido ante la corrupción de la puerta giratoria, esa misma por las que 24 ex altos cargos políticos en España, la gran mayoría de PP y PSOE, han fichado en los últimos años por Endesa, Abengoa, Iberdrola, Red Eléctrica de España, Repsol, Acciona o Gas Natural Fenosa. A veces, la multinacional no ha tenido empacho en fichar a quien, siendo presidente, privatizó esa compañía: véase el caso de José María Aznar y Endesa.

Desregulación y acumulación

Desde los años 70 asistimos a una nueva fase del capitalismo marcada por la ideología liberal y la globalización. El mantra de los economistas ortodoxos es un recetario sustentado en tres pilares: privatización, reducción del gasto social y desregulación. Las tres se apoyan en el mismo axioma: libertad para el mercado y la iniciativa privada; todo lo que obstaculice ese flujo es pernicioso para la economía. Y claro, el capital, libre de sujeción, tiende a acumularse en cada vez menos manos. Lo que llamaron desregulación fue, en realidad, la sustitución de una regulación por otra no menos compleja que defiende a las grandes empresas en detrimento de los pequeños comerciantes, artesanos, agricultores y, en fin, la masa de trabajadores víctimas de la ‘flexibilización’ laboral.

Lo mismo cabe decir de la reducción del gasto público. Se recortan partidas en gasto social y todas aquellas dirigidas a redistribuir la renta, pero aumentan los flujos destinados a favorecer a las corporaciones. Según un reciente informe de Intermón Oxfam, en España el apoyo público a inversiones privadas en el extranjero se multiplicó en los últimos años hasta alcanzar en 2013 los 4.215 millones de euros, casi el triple que lo que se destina a la ayuda oficial al desarrollo.

Es apenas una medida de muchas: desde el estallido de la crisis, asegura Intermón, todas las medidas gubernamentales han ido en la línea de beneficiar a los grandes capitales a costa de las rentas medias y bajas, sea a través de exenciones fiscales al capital o a las grandes fortunas, subidas del IVA o recortes en servicios públicos y ayudas sociales. Las cifras no engañan: el número de ricos aumenta en España mientras las clases medias se empobrecen. Apenas un ejemplo: el Gobierno dejó de supeditar las rebajas fiscales para las multinacionales al mantenimiento de sus plantillas; cuatro meses después, Telefónica anunció su intención de despedir a 8.500 empleados, pese a que el año anterior había alcanzado unos beneficios récord de más de 10.000 millones de euros.

Mientras tanto, su presidente, César Alierta, se embolsó más de seis millones de euros en 2013. Es un fenómeno global. La desigualdad crece a escala mundial: según Credit Suisse Global Wealth Databook, el 0,7% posee el 44% de la riqueza, mientras el 68,7% más pobre malvive con el 3% de lo que se produce.

Es un proceder sistémico. Las “fuerzas compulsorias” a las que aludía Karl Marx, el funcionamiento intrínseco interno del capitalismo que impone sus leyes a trabajadores y también a los empresarios, obligados a competir para no ser expulsados del mercado. No es que todos los CEO de las transnacionales sean malas personas; es, más bien, que deben obrar sin escrúpulos para seguir en sus puestos. Esto no supone exculparles, sino entender que la perversidad está en el corazón del sistema.

Por eso, frente a los escépticos que se preguntan, “¿cómo es posible que todas las multinacionales sean malas?”, respondemos: pues sí. Si una empresa es responsable con sus empleados y con el medio ambiente, difícilmente aumentará sus beneficios año tras año y continuará acumulando capital; al final, otro gigante corporativo la engullirá. Con excepciones, como las empresas de comercio justo y otras que basan la diferenciación del producto en ser responsables social y medioambientalmente. Una buena opción para los consumidores críticos; pero difícilmente alcanzarán las ganancias de Exxon o Inditex.

Parece tener más sentido que nunca la denuncia del sociólogo y exrelator de la ONU Jean Ziegler: “La solución al hambre no es dar más, sino robar menos”. Lo que se nos había olvidado, o supimos encubrir con grandes dosis de cinismo, es que esas enormes ganancias siempre salen de la explotación, sea del trabajo o de la naturaleza. Marx, el pensador que mejor supo entender el capital, lo llamó plusvalía hace más de un siglo y medio. Quizá ocurrió que, demasiado ocupados en juzgar a Marx, se nos olvidó leerlo…

Multinacionales y ayuda al desarrollo

Desde los 90 aumenta la presencia de empresas privadas en el jugoso mundo de la cooperación internacional, lo que Pedro Ramiro, coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina, califica de “proceso de mercantilización de la cooperación al desarrollo”. Las ONG, que han visto mermar sus arcas por los recortes institucionales, ven en las empresas privadas sus únicos salvadores; por otro lado, las multinacionales se apoyan cada vez más en sus fundaciones para llevar a cabo sus planes de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). El primer riesgo es que las ONG dejen de denunciar la actuación de las multinacionales que les dan de comer.

En España, la ley de cooperación de 1995 abrió la puerta al sector privado en la cooperación; desde entonces, no ha dejado de crecer, en detrimento del sector público. Menos dinero público para ayuda al desarrollo, más dinero privado. Más dinero público para las empresas. Como ejemplo de “cooperación dañina”, Intermón señala el caso de Pescanova en Nicaragua: la empresa se benefició de los créditos de Financiación al Desarrollo (FAD) que el Gobierno español concedió a Nicaragua, y mantuvo a sus trabajadores con jornadas de 12 horas sin descanso, en pésimas condiciones higiénicas.

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