Es una ignominia mundial que el imperio de la arbitrariedad policial, la corrupción política y la injusticia social sea el mejor vecino y amigo de EEUU, autoproclamado paladín de todo lo contrario. Además, esta flagrante iniquidad no sólo se agrava año tras año desde hace decenios, sino que es asumida sin rubor por el establishment de Washington, que se limita a constatarla en toda su crudeza cada vez que elabora un informe sobre la situación al sur del río Grande.

Hace cinco meses, el Estado Mayor Conjunto de EEUU advirtió a su nuevo comandante en jefe, Barack Obama, de que México había llegado al borde del abismo y estaba a punto de convertirse en un Estado fallido, igual que Pakistán. De momento, lo que se desprende de las elecciones legislativas mexicanas celebradas ayer es que su sistema político constituye una democracia fallida, en la que los electores no se molestan en ir a las urnas, o lo hacen para depositar votos nulos, porque su confianza en los partidos es inexistente.

Da igual que un estado federal esté gobernado por el PRI, el PAN o el PRD, puesto que continuamente se destapan redes de corrupción institucional en las que los políticos y altos funcionarios de cualesquiera de esas formaciones –empezando por los gobernadores, fiscales, alcaldes y jefes policiales– resultan estar trabajando (en provecho propio) para los cárteles del narcotráfico. Por tanto, las decenas de miles de soldados y oficiales que desertan del Ejército se suelen convertir en mercenarios bien entrenados al servicio del crimen organizado... tan similar a la mafia de la Administración del Estado.

El resultado de todo ello es tan penoso para la vida cotidiana de los ciudadanos (de la mayoría excluida de esa élite corrompida), que hasta sorprende que uno de cada tres mexicanos se digne a ir a votar. Aunque, claro, son los que devolverán al PRI su imperio de abusos y corruptelas.