Una política europea para las personas migrantes

Miguel Urbán

Eurodiputado de Podemos

Encuentro el miércoles, día 6, a las 19 horas, en la Oficina Europarlamentario de Podemos (Embajadores, 35)

Este miércoles 6 de febrero se cumplen cinco años de la muerte de quince personas que intentaban alcanzar a nado la costa española en la playa de Tarajal, Ceuta. Quince personas que murieron fruto de una actuación policial, desproporcionada e ilegal. Porque lo que ocurrió en Tarajal no sólo es una tragedia humanitaria, es una consecuencia directa de nuestras políticas migratorias y de control de fronteras. Lo ocurrido aquel 6 de febrero es particularmente grave, por el precedente de impunidad creado.

La estrategia de la disuasión es algo real en las Fronteras europeas, y la tragedia de Tarajal es un ejemplo de la misma. Consiste en ampliar los riesgos para aquellas personas que cruzan la Frontera de tal forma que se disuada a quienes lo intenten en un futuro. Así lo afirmaba la alcaldesa de la isla de Lampedusa, Giusy Nicolini, al hablar de las muertes en el Mediterráneo:“estoy cada vez más convencida de que la política europea sobre inmigración considera este tributo de vidas un modo para calmar los flujos, para lograr una especie de efecto disuasorio”.

De hecho, las muertes en el mediterráneo y los refugiados agolpados durante ya más de tres años en paupérrimos campos en Grecia trasmiten una imagen bien distinta a las estadísticas o los números de acogida que demuestran que apenas hemos recibido una ínfima parte de los desplazados forzosos en el mundo. Pero realmente la imagen mostrada de una Europa superada o desbordada ante la llegada de refugiados y migrantes ha supuesto una coartada perfecta para legitimar la consolidación de las políticas migratorias de la Europa Fortaleza.

Quizás una de las muestras de fragilidad política más palmarias de la UE ha sido la incapacidad de hacer cumplir los acuerdos sobre las “cuotas de refugiados”. Las cuotas fueron aprobadas como un “mal menor” en un momento político de efervescencia solidaria agrupada en torno a la consigna “Refugees welcome” que condiciono una opinión publica favorable a la acogida de refugiados por parte de la UE. Algunos países como Hungría, Polonia o Eslovaquia han hecho del incumplimiento de cuotas una bandera política, pero en el resto de países de la UE sin hacer propaganda de su rechazo la verdad es que la media de cumplimiento, respecto al cupo pactado, está en torno al 50 y 60 %, destacando por ejemplo el 13,7% que alcanzo el gobierno de Rajoy. Los datos han demostrado algo que ya denunciamos en su momento, las cuotas no solo eran insuficientes para el reto al que nos enfrentábamos, sino que además nacieron heridas de muerte con un falso consenso sin compromisos vinculantes.

Desde la aprobación de las cuotas de acogida el mensaje dominante en Europa, ha pasado del “Refugees welcome”, ha convertirse en un “Do not come to Europe “, expresado por el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk. Respondiendo a uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado la UE en los últimos tiempos con una combinación inédita de neoliberalismo y xenofobia, un fortalecimiento de todas las políticas securitarias y de externalización de fronteras, del que el acuerdo EU-Turquía es uno de sus mayores exponentes.

Y es que la UE lleva varios lustros haciendo pivotar buena parte de su acción exterior sobre los intereses migratorios, buscando externalizar la gestión de fronteras y de los flujos migratorios, alejando y subcontratando para ello las funciones de policía de fronteras a países terceros que ejercen ya no solo de tapón migratorio, sino también de gestor indirecto de la movilidad humana.

En la externalización de fronteras y la “diplomacia del euro” juega un papel fundamental el llamado Plan África que arranca con la cumbre de la Valeta en noviembre del 2015. En donde la UE se sentó con la mayoría de los países africanos por primera vez en la misma mesa y constituyeron el Fondo Fiduciario europeo de Emergencia para África, el “Trust Fund”, dotado en un principio con 2.820 millones de euros, el 95% de los cuales proceden de fondos para la cooperación y la ayuda humanitaria. Y ampliado en septiembre de 2016 con 3.350 millones de euros más, dentro del Nuevo Marco de Asociación en Materia de Migración. Toda esta generosidad europea a cambio de limitar los flujos migratorios "del Mediterráneo central”, mediante el desarrollo de los acuerdos de repatriación y la externalización de las fronteras comunitarias al sur de la arena del Sáhara.

La externalización de fronteras, está dejando paso a una aplicación paulatina del modelo australiano de gestión migratoria conocido como “solución del Pacifico”, que consiste en la tramitación extraterritorial de las solicitudes de protección internacional con un sistema deliberadamente severo en la isla oceánica de Nauru y en la isla de Manus (Papúa Nueva Guinea) a cambio de importantes sumas de dinero por parte de Camberra. Las personas refugiadas y solicitantes de asilo que llegan a Australia por mar son llevadas por la fuerza a lugares remotos, donde soportan condiciones crueles y degradantes, a veces durante años. En palabras de Lucy Graham investigadora de Amnistía Internacional: “El gobierno australiano ha creado en Nauru una isla de desesperación para las personas refugiadas y solicitantes de asilo que, sin embargo, es una isla de lucro para empresas que ganan millones de dólares con un sistema tan intrínsecamente cruel y abusivo que constituye tortura”. Estos centros extraterritoriales para la gestión migratoria son además externalizados a multinacionales en lo que se conoce como el negocio de la xenofobia. Una de estas multinacionales es Ferrovial y que fue denunciada por la vulneración de los derechos humanos en los centros que gestiona.

Así la llamada solución “Libia” a las muertes en el mediterráneo pretende ser una nueva vuelta de tuerca no solo con la externalización de las fronteras sino también con la gestión extraterritorial de los centros de internamiento adaptando el modelo europeo al sistema australiano de gestión de fronteras.

Si bien el modelo australiano se está convirtiendo en la senda a seguir de una Europa de cuotas fracasadas, la verdad es que muchas de las claves de la actual política migratoria europea ya estaban presentes en las acciones que algunos Estados miembros llevan implementando desde hace mucho tiempo. Sin duda, en este sentido resulta paradigmático el caso del Estado español con la gestión de la Frontera Sur. En Ceuta y Melilla se erigen muros, vallas y concertinas, se deporta en caliente, se viola el derecho internacional, se sobre pueblan los Centros de Internamiento para Extranjeros desde muchos años antes de que estallara la llamada “crisis de las personas refugiadas”. Así como se externalizan nuestra gestión de fronteras a países tan democráticos como marruecos o Mauritania, se instalan centros de internamiento en la costa atlántica africana con sobre nombres como el “guantanamito español”. Podríamos decir que la UE está tendiendo hacia una política de las migraciones muy “Marca España” con algunas innovaciones australianas, una mezcla genuina de los sistemas de gestión de fronteras más agresivos con los derechos humanos.

Mientras miramos a los EEUU de Trump por su obsesión enfermiza con la construcción del muro fronterizo con Méjico. Una especie de “populismo de las vallas” recorre Europa, no solo como un elemento eficaz de propaganda política inmediata que permite visibilizar el “trabajo” concreto de los gobiernos sobre la migración. Sino también como un potente instrumento simbólico a la hora de construir un imaginario de exclusión entre la “comunidad” y los “extranjeros”, tan antiguo como recurrente en la historia. Porque los muros no se construyen solo con cemento y concertinas, sino sobre el miedo al otro, a lo desconocido, contribuyendo a agrandar así la brecha entre ellos y nosotros. La estigmatización de la población migrante ha sido un elemento fundamental para trazar una frontera entre quienes deben ser protegidos y quienes pueden ser y efectivamente resultan excluidos de cualquier protección. Una coartada sobre la que construir y sostener el consenso sobre el que se asienta y pivota todo el dispositivo de control de fronteras que conforma la actualEuropa Fortaleza.

De esta forma, la criminalización de la población migrante no es solo producto de una extrema derecha en auge o de unos cuantos políticos irresponsables, sino que es la consecuencia de una política institucional, de guante blanco, consciente y planificada, que persigue una degradación de la protección jurídica y social del migrante. Porque la Europa Fortaleza se construye sobre vallas, muros y concertinas, pero también se nutre de una masa de trabajadores y trabajadoras precarias, sin derechos y que además son vistos como una amenaza por las clases populares. La guerra entre pobres, la competencia a la baja, la lucha entre el último y el penúltimo. Un "no hay suficiente para todos" generalizado, que fomenta mecanismos de exclusión que Habermas definía como característicos de un “chovinismo del bienestar” y que concentran la tensión latente entre el estatuto de ciudadanía y la identidad nacional.

En este sentido, se consigue que el malestar social y la polarización política provocadas por las políticas de escasez se canalicen a través de su eslabón más débil (el migrante, el extranjero o simplemente el "otro"), eximiendo así a las élites políticas y económicas, responsables reales del expolio. Porque si “no hay para todos”, entonces sobra gente: “no cabemos todos”. La delgada línea que conecta el imaginario de la austeridad con el de la exclusión.

Paralelamente, no deja de incrementar la criminalización de las ONGs, así como de la ayuda humanitaria. Los ejemplos son innumerables: Helena Maleno, Proactiva Open Arms, Proemaid, MSF, entre otros. Mientras en los despachos de Bruselas, ¡hasta se legisla esta criminalización! Numerosas ONGs han pedido la modificación de la Directiva 2002/090/EC por su ambigüedad al definir tráfico de personas, no en vano, FRONTEX ya acusó a las ONGs de colaborar con las mafias en un ejercicio nauseabundo de demagogia institucional, como si les preocupan más los testigos incomodos que las muertes en el mediterráneo.

Podríamos afirmar que los cadáveres de los náufragos de las pateras, los muertos en los desiertos y las vallas fronterizas son la expresión de otra forma de racismo: la xenofobia institucional. Un racismo de guante blanco, anónimo, legal y poco visible pero constante, que sitúa una frontera entre los que deben ser protegidos y los que pueden o efectivamente resultan excluidos de cualquier protección. Realmente no estamos asistiendo a una crisis migratoria sino a una crisis de derechos, que no solo afecta a refugiados y migrantes, sino que nos afecta al conjunto de los pueblos de Europa., y que nos plantea una pregunta clave, ¿Quien tiene derecho a tener derechos?

Frente a esta deriva, hay alternativas. Muchas de ellas ya en marcha. Algunas desde abajo (a través de movimientos populares de solidaridad y de una singular renovación del repertorio de acción militante y de los actores humanitarios), otras desde las instituciones (ayuntamientos del cambio, ciudades refugio) y otras a través de leyes y normativas ya existentes y aprobadas (pero no aplicadas por falta de voluntad política). Como en tantas otras ocasiones, la clave no está en escoger entre estas opciones como si fuesen excluyentes, sino que resulta necesario crear alianzas dentro y fuera de las estructuras parlamentarias, incluyendo sin demora y en un lugar protagonista a los colectivos de personas migrantes y refugiadas. Y asumiendo que este frente de acción implicará combinar labores tan dispares como la incidencia política, la auto-organización social y la redacción normativa, además de requerir articular tareas de carácter asistencialistas y de urgencia con otras de mayor calado, propias de la lucha por los derechos.

Es cierto que hoy existen ya normativas aprobadas y ratificadas que, de aplicarse, mejorarían sustancialmente las condiciones de vida de miles de personas migrantes, aumentarían las tasas de asilo en toda Europa y desarticularían muchas de las medidas adoptadas por gobiernos nacionales o por las propias instituciones comunitarias. Y, por supuesto, nunca está de más insistir en el necesario respeto de estos instrumentos jurídicos y recordar su obligado cumplimiento y, de forma genérica, el del marco jurídico internacional de protección de derechos de personas refugiadas, desplazadas y migrantes. Pero sin una correlación de fuerzas favorable, no serán más que brindis legalistas al sol.

Evidentemente, Europa no ha descubierto las migraciones y el asilo en los últimos años. De hecho, las migraciones constituyen un elemento esencial de la historia y de la identidad europea. Pero, sin duda, con la conocida como “crisis de las y los refugiados” la cuestión migratoria ha dado un salto cualitativo y una exposición mediática, política y social casi sin precedentes. Y, sin embargo, no todas las personas que llegan a las fronteras europeas pueden catalogarse como refugiadas dentro de los márgenes jurídicos liberales vigentes, a todas luces caducos e insuficientes para responder a las nuevas realidades y factores políticos, económicos o medioambientales que están detrás de las causas de las emigraciones y búsquedas de refugio. De ahí la urgencia de apostar por un nuevo marco bajo el cual la persona refugiada no sea solo aquella que es perseguida, sino quien huye. Porque del hambre, la pobreza o de la falta de educación y condiciones de salud más elementales también se huye, aunque nadie te persiga. La miseria y el cambio climático matan hoy tanto o más que las balas y las bombas.

Es fundamental apostar por construir una política común sobre migración para el conjunto de la UE que no permita que los esfuerzos recaigan en un puñado de países que configuran la frontera sur de Europa. Una política que debe de guiarse no solo por el respeto de los derechos humanos sino sobre todo por una lógica de ampliación de derechos. No basta con reclamar “papeles para todos” sino lo combinamos de una política económica que rompa con la austeridad, sino ampliamos las coberturas sociales, sino planteamos como una tarea fundamental el reparto de los trabajos y de la riqueza. Ahora mismo luchar por una política migratoria que defienda los derechos humanos lleva implícitamente un cuestionamiento radical de la deriva neoliberal del proyecto europeo.

Desde Podemos apostamos por una estrategia integral orientada a resolver los problemas estructurales que nos han traído hasta la actual situación, basada en cuatro pilares:

• Un sistema nacional e internacional de protección orientado a garantizar el derecho de asilo y la defensa de los derechos humanos en España, la Unión Europea y los países de tránsito.

• Una política migratoria basada en el respeto a los derechos humanos, que garantice la existencia de vías seguras de acceso a la Unión Europea y termine con la lógica de construcción de una «Europa fortaleza». Que garantice ninguna muerte más en el Mediterráneo mediante la creación de Agencia Europea de Salvamento con dotación material y económica suficiente, cuyo ámbito de actuación abarque toda la Frontera Sur.

• Una política exterior española y de la UE que, en un marco de coherencia de políticas, contribuya a atajar las distintas causas internas, regionales e internacionales que generan violaciones de derechos humanos en los países de origen o tránsito. De esta forma, necesitamos una política exterior que no priorice los intereses geopolíticos, defensivos o económicos (comercio de armas, recursos naturales como el petróleo, el gas, los minerales, la pesca, etc.) sobre otros asuntos, y que ponga en el centro la promoción de los derechos humanos, la equidad de género, la democracia, el desarrollo inclusivo y sostenible en esos países y la solidaridad entre los pueblos.

• Nuevo modelo de ciudadanía europeo. Mediante la ruptura del modelo económico basado en la austeridad en los derechos y el dispendio en la seguridad. Ahondando en los mecanismos de acceso a los derechos políticos (activos y pasivos) de la población de origen extranjero, facilitando el acceso a la ciudadanía de los Estados miembros.

Reconocer, especialmente un día como hoy, que la lucha de las migrantes y refugiadas es nuestra lucha, es una tarea tan urgente como imprescindible para poder revertir la constante pérdida de derechos que sufrimos y poder darle la vuelta a Europa