En un principio, algunos parlamentarios británicos involucrados en el escándalo de los gastos indecentes argumentaron que no era más que una tormenta en una taza de té, ya que esos extravagantes dispendios a cuenta del contribuyente no sumaron más que 60 millones de euros en cinco años. Puestos a rescatar entidades financieras con miles de millones públicos, ¿por qué iban a hacerles pagar los electores a causa de esa bagatela?

Uno de ellos, el conservador Anthony Steen, llegó a afirmar que tanto barullo por los 120.000 euros que cargó al fisco por el mantenimiento de su casa de campo no era más que “pura envidia”, porque posee una mansión “tan grande que muchos la comparan con Balmoral”, el castillo de la Reina en Escocia.

Ahora, los más de 300 diputados pillados con las manos en la masa (incluidos muchos primeros espada) están sorprendidos de que sus partidos tengan que eliminarlos de las listas para las próximas elecciones. Porque la arrogancia de los políticos británicos –como en muchos otros países– empieza por el desconocimiento de hasta qué punto han perdido la confianza de los votantes.

La indignación ciudadana roza ya la que inflamó los disturbios que obligaron a la Gran Acta de Reforma de 1832, puesto que el resentimiento popular lleva medio siglo acumulándose ante los excesos de una clase política ostentosa y altanera que hace sus propias reglas por encima de las que rigen para el resto de los mortales. El agravio llegó a su cénit en 2003, cuando los Comunes aprobaron enviar a su pueblo a la guerra de Irak, pese a que cientos de miles de personas se manifestaban en contra.

Tan grande es la decepción de los electores, que muchos ni siquiera se molestan ya en votar contra los políticos que medran en sus corruptelas.