RAMÓN COTARELO

El de “clase política” quizá no sea un concepto muy afortunado teóricamente, pero es una realidad práctica evidente. En las decisiones de los órganos representativos democráticos la unanimidad es la excepción, salvo cuando afectan a los intereses de los representantes como grupo. Por ejemplo, las referentes a sus salarios, dietas, vacaciones, jubilaciones, compatibilidades, patrimonios, etc. Entonces la unanimidad es la regla, especialmente porque esas decisiones suelen ser beneficiosas y acarrear privilegios.

El Parlamento, cuya función es legislar para todos, a veces legisla para sí mismo; por ejemplo, cuando establece su propio reglamento, lo cual es lógico. Pero también lo hace cuando legisla condiciones laborales o retributivas especiales para sus miembros, lo que ya no lo es tanto. Eso es lo que los constituye en clase y en clase especial.

Ahora bien, en su esencia última, la democracia supone la identidad entre gobernantes y gobernados, la ausencia de privilegios. La presencia de estos es propia del antiguo régimen. Cuando en el siglo XIX se decidió que la actividad política fuese remunerada se trataba de garantizar aquella igualdad, de forma que pudieran acceder a ella las gentes sin recursos. Incluso cuando se estableció algún privilegio, por ejemplo la inmunidad parlamentaria, se hizo en pro de ese ideal y para impedir que los representantes pudieran ser objeto de represalias de los monarcas a través de los tribunales.

Con el paso del tiempo, esa identidad se ha roto, dejando paso a situaciones de privilegio que son de escándalo, como se vio hace poco con las corruptelas generalizadas de los diputados británicos y como se ve en España, aunque sea en menor medida. Remediarlo, si existe voluntad política, como parece tener el PSOE pero no el PP, es muy sencillo. Basta con someter a los representantes a la condición de funcionarios, que en el fondo es lo que son mientras dure su mandato: salarios y patrimonio de conocimiento público, transparentes, para que pueda saberse qué intereses representan los representantes; dietas y viáticos de la función pública y régimen de incompatibilidades del funcionariado.

Habrá políticos para quienes estas condiciones supongan un sacrificio personal. Pero es que eso es la función política: un servicio público desinteresado y no un negocio. Ni para los registradores de la propiedad.

Ramón Cotarelo es catedrático de Ciencia Política