FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN

Catedrático de Derecho Constitucional

En su auto de 7 de abril, el juez instructor Varela reclama para el tribunal la responsabilidad “exclusiva y excluyente” para juzgar, sin la intermediación “de plebiscitos que son incompatibles con el ejercicio de la potestad jurisdiccional de un Estado democrático”. Nadie le discute esa potestad al tribunal, que es compatible, sin embargo, con el debate público inherente a todo sistema democrático. Tampoco podemos desconocer que los procesos judiciales tienen una dimensión objetiva, que trasciende a la voluntad de las personas que van a juzgar. Lo estamos viendo con los procesos contra Garzón, que son, objetivamente, procesos políticos. Lo serían incluso si pudiera predicarse la imparcialidad de los juzgadores y la fundamentación jurídica de los cargos, algo que un gran número de juristas cuestionamos seriamente.

La politización de la Justicia nunca es inocua, sino que cumple finalidades diversas, entre las cuales está la de justificar determinadas políticas. La dimensión objetiva del primer proceso contra Garzón implica la justificación de los crímenes del franquismo y su blindaje frente a cualquier investigación judicial. Del mismo modo, la acusación de prevaricación en el caso Gürtel refuerza, de manera objetiva, la posición de los implicados en este caso de corrupción y supone también una advertencia implícita a otros jueces instructores.

Esas políticas podían ser diferentes. Por ejemplo, puesto que ningún partido democrático defiende formalmente el franquismo, podría pensarse que todos los partidos con representación parlamentaria tendrían que ver como algo positivo la investigación de sus crímenes y la reparación a las víctimas. Del mismo modo, ya que ningún partido defiende la ocultación de la verdad en los casos de corrupción, podría pensarse que todos deberían poner los medios para facilitar la actividad instructora de los jueces.

No es esto lo que está ocurriendo. Por el contrario, se están siguiendo procesos contra Garzón que tienen una dimensión política por sus consecuencias objetivas y que no sólo legitiman determinadas políticas, sino que contribuyen a cerrar desde el plano judicial el debate democrático acerca de otras alternativas posibles. No se trata sólo de enjuiciar la labor de un juez, sino de condicionar la política democrática de un país.