JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO

Quieren que nos alegremos de que hayan rebajado las pensiones y anunciado que en el futuro cada cinco años se revisarán (es decir, se volverán a bajar) en función de cómo se modifique la esperanza de vida. Sobre el discurso de las pensiones se ha venido acumulando todo tipo de falacias. No es la esperanza de vida, ni la pirámide de población, la variable estratégica a la hora de enjuiciar la sostenibilidad del sistema, sino la renta per cápita. Si esta se incrementa, como es previsible –en los últimos 30 años se ha duplicado–, no hay ninguna razón para que un colectivo, los jubilados, cercano al nivel de pobreza (el 77 % no llega a los mil euros mensuales), no pueda seguir teniendo la misma renta, e incluso mayor, incrementándose en la misma proporción que la renta per cápita. El error está en aceptar que las pensiones tengan que financiarse exclusivamente con las cotizaciones sociales y que la Seguridad Social sea algo distinto del Estado cuando es este, en función de su carácter social, el que tiene la obligación de mantener las pensiones con todos sus ingresos.

Lo que pone en peligro el sistema público de pensiones es una mentalidad que denigra los impuestos, que destruye su progresividad, que reduce los gravámenes sobre las rentas de capital y que permite la elusión fiscal de las grandes fortunas y de las empresas. No deja de ser curioso que en un acuerdo que pretende compararse con los Pactos de la Moncloa no se haya escrito una sola línea sobre impuestos. Bueno, sí, para reducir las cotizaciones sociales bajo el eufemismo de las políticas activas de empleo.

Lo único que implica el aumento de la esperanza de vida es que, tal como Galbraith afirmó hace ya bastantes años, se precisará una redistribución de los bienes a consumir a favor de los bienes públicos y en contra de los privados. Es decir, que será necesario que se destine progresivamente una parte mayor del PIB a pensiones, a Sanidad y a gastos derivados de las situaciones de dependencia. Pero nuestro país tiene un amplio margen para ello. Dedicamos a las pensiones un 9% del PIB, mientras la media de la eurozona se sitúa en el 12%; Francia, en el 13,3%; Italia, en el 14,6%; Alemania, en el 12,4%; Austria, en el 13,8% e incluso Polonia y Portugal dedican un porcentaje mayor que el nuestro (11,6% y 13,1% respectivamente). Como se ve, nuestro sistema es altamente generoso y no puede mantenerse.

Juan Francisco Martín Seco es economista