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Ekaitz Cancela (@ecanrog)

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Han pasado más de diez años desde que la economía global hiciera crash y los indignados conquistaran las calles de medio mundo exigiendo una alternativa, o sencillamente la abolición, del capitalismo financiero. Lejos de haberse decantado la lucha en su favor, los grandes capitales que salieron impunes de la crisis han encontrado una nueva forma de que su dinero siga en circulación. Ávidos de inversiones rentables a largo plazo, y con la mirada puesta en mercantilizar parcelas mayores del cuerpo social, han desplazado enormes cantidades de dinero hacia la industria tecnológica. Las corporaciones que la componen extraen una enorme cantidad de datos y conquistan las infraestructuras digitales sobre las que se erija todo los demás. Las ciudades pueden convertirse en enclaves urbanos centrales a la hora de someterse a lógica extractivas para asegurar la posición de la clase dominante o en laboratorios de soberanía digital desde los que ensayar alternativas democráticas radicales contra la hegemonía de Silicon Valley.

Uber es una start-up de la mal llamada economía colaborativa que en sus dos últimos ejercicios ha registrado pérdidas de 10.000 millones de dólares. Pese a todo, siguiendo los pasos de su rival directo (Lyft), pronto comenzará a vender acciones en lo que será una de las operaciones bursátiles más ambiciosas en la historia de esta industria, pues espera alcanzar una valoración en bolsa de hasta 91.000 millones de dólares. Mediante este fraude piramidal, conocido como Ponzi, la compañía busca continuar con su estrategia de negocio: penetrar en buena parte de las ciudades del globo, expulsar a sus competencia en el mercado, en buena medida trasladando la presión hacia la fuerza de trabajo, y conseguir que las ciudades, en su mayoría endeudadas, deleguen en su plataforma la provisión de sus servicios de transporte.

Para ello trata de aprovecharse de la nueva dimensión que abre la automatización, concretamente la inteligencia artificial (desarrollada gracias al “extractivismo de los datos”), que a su vez empuja el desarrollo de los coches autoconducidos. No es sólo que Uber haya adquirido empresas especializadas en machine learning, como Geometric Intelligence, sino que tiene una flota de 75.000 vehículos de este tipo en las carreteras estadounidense y, para el año 2022, quiere ofrecer servicios de taxi sin conductor en 13 ciudades. Este rápido avance hacia el futuro sólo es posible porque su rama Advanced Technologies Group destina 20 millones de dólares al mes a tecnologías de autoconducción . ¿Cómo consigue una empresa con pérdidas mantener este gasto?

Sencillamente, transfiriendo buena parte de los costos en capital fijo a inversores externos, como el banco de inversión Goldman Sachs, que ha invertido 2.700 millones a través dos rondas, o la compañía de telecomunicaciones japonesa Softbank, el principal accionista de Uber con una participación del 15 por ciento. Además, esta última cuenta con un fondo de 100.000 millones de dólares llamado Vision Fund que también invierte en los rivales directos de Uber en China (Didi), India (Ola) o Rusia (Taxi). En efecto, las finanzas siguen teniendo un papel central en la economía, como muestra que cerca de 45.000 millones de dólares procedan del fondo de Arabia Saudí (PIF, por sus siglas en inglés), un país que se benefició enormemente de las crisis del petróleo de 1973 y 1979, pero también de “la primera crisis de la era global”.

En este contexto hemos de colocar el asalto de Uber a ciudades como Madrid. También la adquisición de JUMP, una startup de scooters y bicicletas eléctricas (existen 566 en la capital) que ya atrae a más usuarios que sus coches. De manera progresiva, estas corporaciones conquistan la infraestructura de los datos sobre la que se levantan las ciudades contemporáneas y tratan de convertir cada parcela de nuestra existencia urbana en un servicio, en este caso controlando los medios para la movilidad. Entonces, ¿dónde queda el derecho a la ciudad?

La alianza entre el sector inmobiliario, central para comprender la crisis española, y la industria tecnológica contra el derecho al hogar es manifiesto. Ambos tratan de explotar como activos económicos los mercados del suelo, de vivienda o de hipotecas. Piensen que gigantescas infraestructuras físicas como aeropuertos, autopistas, ferrocarriles, hospitales, colegios o incluso bloques de edificios, ahora se encuentran conectadas de manera digital a sensores ubicuos. Quien tiene acceso al control de los datos que generan, diseña su arquitectura (concepción clave en la creación de las ciudades modernas del siglo XIX) o es capaz de explotarlos, también determina los comportamientos de los consumidores en las urbes (hace tiempo que dejaron de ser entendidos como ciudadanos) y encamina todas sus experiencias sensoriales hacia el mercado.

Se han dejado pasar cuatro años para reaccionar a la privatización inteligente de las ciudades

Al servicio de las lógicas neoliberales, señalaba un estudio del pasado año, las tecnologías digitales se convierten en una herramienta para exprimir al máximo los activos económicos, sea cobrando al usuario todo lo que pueda soportar por su vivienda, o poniéndola en circulación en función de la demanda de turistas para que los inquilinos complementen sus precarios ingresos. También para crear paquetes de información que analizan las bolsas del suelo a fin de encontrar entornos más estables para los inversores, ordenar los mercados inmobiliarios según pronósticos sobre la capacidad de pago de los ciudadanos y después expulsarlos hacia la periferia.

En este contexto, los grandes inversores de las ciudades salen beneficiados de aquello que se ha dado en llamar “keynesianismo privatizado” (cuando se accede a la propiedad que antaño aseguraba un estado de bienestar a través de los mercados especulativos y el crédito). Es algo tan simple como que la subida de las rentas, gentrificación, que tiene lugar en muchos barrios gracias a Airbnb acaba engordando las cuentas de CiC (fondo de inversion que invirtió 100 millones de dólares en esta plataforma) o Temasek Holdings (un fondo de Singapur que inyectó 1.500 millones).

Una vez conquistada la infraestructura digital básica sobre la que se erigen las ciudades, los grandes capitales crean nuevos mercados que se adaptan a sus necesidades de rentabilidad. Ejemplos más cercanos son los del grupo inmobilario de internet Idealista, que compró el 76 por ciento de TerceroB, una compañía que recopila datos públicos para valorar los inmuebles gracias a un algoritmo que estima los precios en tiempo real. Por otro lado, gracias a los datos de Urban Data Analytics, el Sareb explicaba recientemente que Latina, Usera y Arganzuela son los mejores lugares para invertir. Así es como las ciudades se someten a sistemas de reputación (y también de precios) establecidos de manera algorítmica que menoscaban las normativas municipales y abren las puertas a la gobernanza corporativa de las ciudades.

Ante esta problemática, las respuestas políticas habituales se mueven en la tensión entre continuar con la tecnocratización y la absoluta inacción. Debido a la ingenuidad sobre los procesos en marcha, el Ayuntamiento de Madrid, cuya alcaldesa fue elegida gracias al enorme impulso desde abajo que ejercieron los movimientos populares, se encuentra a caballo entre ambas. Atrás han quedado aquellos días en que la ciudad emergía como un espacio para el conflicto social y sus instituciones, antiguos entramados burocráticos, se abrían a la participación de las comunidades en proyectos sociales o de las asambleas de vecinos en la preservación del patrimonio urbano.

Siendo claros: se han dejado pasar cuatro años para reaccionar a la privatización inteligente de las ciudades. Y las cosas están lejos de mejorar, pues los discursos corporativos han galvanizado la imaginación política de los envejecidos activistas que han tomado el poder. Ello es fácilmente perceptible en La Nave, un punto de innovación urbana que Manuela Carmena desea convertir en una Campus Google municipal, como afirmó durante el debate sobre el estado de la ciudad. Eminentemente orientado al mercado laboral, este ecosistema de conocimiento se ha contaminado con programas de marketing digital e iniciativas sobre movilidad patrocinadas por Mastercard o Cabify.

¿Por qué se fomentan los discursos hegemónicos de una empresa que ofrece sistemas de pago biométricos, una vuelta de tuerca digital a la financiarización, cuando en un centro social autogestionado, como La Ingobernable, se realizan talleres semanales sobre soberanía digital o sororidad ciberfeminista? Estas son preguntas políticas relevantes, y más aún si tenemos en cuenta que el consistorio trata de cerrar este espacio.

La Nave, donde se presentó Más Madrid en sociedad, ha asistido a la máxima representación de las lógicas mercantiles. Ocurrió durante una competición llamada Hash Code, organizada por Google, para que estudiantes y profesionales resolvieron retos de ingenieros. ¿No existen alternativas? Las ciudades rebeldes necesitan a profesionales, también a científicos de datos o inteligencia colectiva en general, que engrasen de talento los centros públicos de innovación y desarrollo, no voceros capitalistas de tres al cuarto. De lo contrario, el poder político y económico de estas corporaciones tendrá consecuencias.

En primer lugar, si el control de las infraestructuras digitales sigue siendo privado, quienes ahora presentan sus candidatura a través de Facebook pronto verán cómo los servicios de la Administración pública quedan atrapados en ella. Esto es lo que sucede cuando los gobiernos permiten que una empresa privada gestione las identidades digitales de los ciudadanos y cree perfiles comerciales. Como consecuencia, 650.000 euros dedicados a la publicidad institucional del Ayuntamiento, de los 5,9 millones presupuestados, acaban en las manos de Mark Zuckerberg. Si bien nos muestra lo problemático de que una empresa privada adquiera funciones políticas tan antiguas como la Ilustración, ello no es más que una muestra de cómo se privatizan servicios municipales una vez controlada la infraestructura en la que se produce la participación pública.

Ninguna de estas lógicas preocupa a nuestros burócratas locales de moda. Para ellos y ellas, no existe nada más transversal que los discursos de los expertos de marketing a cargo de vender las mal llamadas Smart City. Es más, la transformación digital les parece una magnífica oportunidad para crear “nuestro Davos del conocimiento”, como reflejó recientemente el teniente Alcalde de Madrid en relación a la inminente llegada de una feria sobre inteligencia artificial. Si nos encontramos ante una oportunidad histórica para que este recurso de lugar a ecosistemas automatizados adaptados a las pequeñas empresas, esta no parece una propuesta económica merecedora de atención. Tampoco una prioridad política válida luchar porque el dinero público se destine a iniciativas de código abierto, tratar de controlar la fibra óptica a fin de reducir la brecha digital entre centro y periferia, dar primacía al sector público o limitar el acceso a los datos de los gigantes tecnológicos, como ha intentado hacer Barcelona.

Claro que las intenciones del Ayuntamiento están más relacionadas con subvencionar a empresas privadas sin exigir que produzcan valor público. Al menos, eso parece desprenderse en ferias como “Imagina el Madrid del Futuro” . Entonces, Luis Cueto salió a la palestra de Cibeles para explicar (a grandes empresas y funcionarios) las oportunidades de los acuerdos público-privados. Lo hizo junto a un representante de Accenture, quien hace caja asesorando a grandes corporaciones sobre conseguir contratos con Smart Cities, y otro de Carto DB. Esta última ofrece servicios de visualización (¿de la futura operación Chamartín?) y análisis de inversión a empresas del negocio inmobiliario como Idealista o BBVA. También ha sellado un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid para visualizar los datos de movilidad de Waze, una empresa en propiedad de Google. ¿Se referiría a esto el candidato a la Comunidad Iñigo Errejón en el Foro Empresarial de Madrid cuando apostaba por una Administración que organice la movilidad de los madrileños a través del big data?

Luchar porque el dinero público se destine a iniciativas de código abierto, tratar de controlar la fibra óptica a fin de reducir la brecha digital entre centro y periferia, dar primacía al sector público

Lo cierto es que es indiferente si hablaba de esto cuando afirmó no querer “perder el tren de la economía digital”. La pregunta es por qué no emplean este tipo de herramientas de visualización para involucrar a las comunidades en torno a decisiones políticas relacionadas con la movilidad. O abandonamos las posiciones solucionistas o Google decidirá sobre la organización de cada espacio en la ciudad a cambio de una tarifa por servicio. ¡Debe reclamarse que la ciudad sea un derecho!

Un trabajo académico reciente sobre el movimiento social en favor de la soberanía tecnológica de Barcelona exigía, citando a Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, una “posición de apertura hacia las posibilidades de modos de desarrollo digital contrahegemónicos y alternativos de (re)producción en la vida urbana.” Entre ellas destacaba la creación de una infraestructura de Internet de banda ancha administrada por la comunidad, servidores autónomos y una red de Internet de cosas de código abierto, cooperativas de software libre o espacios para la educación pública y la reflexión colectiva.

Una vez más, esta no parece la opción escogida por Manuela Carmena. En una farándula hipster de la industria de la alimentación sostenible, la jueza se comprometió a crear una concejalía específica para que las empresas tengan acceso “directo” con el Ayuntamiento de Madrid. No fue otro el escogido para ocuparla que Luis Cueto, quien en los últimos años ha pasado más tiempo en las ferias de la industria tecnológica que en centros sociales. Todas estas lógicas post-políticas se alejan considerablemente de aquellos postulados contra los tecnócratas y en favor de la democracia radical que escuchábamos hace cinco años.

En este momento, más que hipótesis populistas, sólo nos quedan dos opciones: experimentar con proyectos de Gobierno descentralizados o esperar que los ciudadanos se conviertan en usuarios que acuden al mercado digital para encontrar soluciones individuales a los problemas de las ciudades. Desde luego, parece una opción más hermosa emplear la tecnología para diseñar “ciudades abiertas, inclusivas y democráticas”, como escribía Francesca Bria, quien en los últimos cuatro años ha llevado las políticas públicas en materia tecnológica desde las calles hasta el Ayuntamiento de Barcelona. Las numerosas experiencia prácticas, así como propuestas teóricas que desde allí nos llegan, deben servir como ejemplo para quienes en algún momento se comprometieron con un modelo “abierto y participativo”.

Es posible recuperar el control de las instituciones públicas, también repartir los recursos económicos y el poder entre los ciudadanos. Pero las ciudades tienen que entenderse como trincheras para avanzar en la soberanía tecnológica, no como feudos corporativos gestionados por tecnócratas.