Un presupuesto europeo para Otra Europa

Daniel Albarracín y Fernando Luengo

Miembros de la Secretaría de Europa de Podemos

Desde la creación de las Comunidades Europeas, el presupuesto gestionado desde Bruselas ha representado una pequeña parte del Producto Interior bruto (PIB) comunitario, alrededor del 1% de esa magnitud. Las brechas heredadas de un proceso de integración europea y de una unión monetaria atravesados de importantes asimetrías y una gestión de la crisis que las ha acentuado requería, entre otras cosas, un diseño presupuestario más ambicioso. Pero los responsables comunitarios han permanecido instalados –o, mejor dicho, atrincherados-, en la lógica austeritaria, que exigen a los estados del sur y se autoimponen (no así a los grandes bancos y las grandes fortunas). La reciente aprobación del presupuesto plurianual para el periodo 2021-2027, aunque supone un ligero aumento en la dotación de recursos, que alcanzará el 1,11 de la Renta Nacional Bruta de la UE, se mantiene en la lógica del papel subordinado y periférico de la política presupuestaria en el entramado institucional comunitario.

Además, el nuevo presupuesto, pero, sobre todo, el nuevo Marco Financiero Plurianual que ya se está perfilando, se orientan drásticamente, con el pretexto del Brexit, hacia un recorte sustancial en la política agraria común (que necesita una reforma importante, pero no un recorte) y la política de cohesión social, a favor de políticas favorables a la militarización de la UE, la securitización interna de la UE y el control de fronteras exteriores. Una política para una Europa fortaleza que, también, con su política de inversión exterior, convertirá a los países colindantes en auténticos fosos, o guardianas de fronteras, para establecer una barrera a la llegada de personas refugiadas e inmigrantes.

La ciudadanía europea y la construcción de Otra Europa precisan de una visión muy distinta de la representada por las élites. Esta visión nueva, tiene que reivindicar, frente al mercado, el papel de lo público, revestido de legitimidad democrática, como elemento vertebrador de las políticas redistributivas, que no sirva a los intereses privados, sino a los de la mayoría social.

Con estos mimbres, en nuestra opinión, la dotación del presupuesto comunitario debería tener como uno de sus objetivos prioritarios contribuir a la corrección de las disparidades productivas que atraviesan la construcción europea, en una lógica cooperativa y complementaria, de convergencia real.

Asimismo, Bruselas debería estar en condiciones de movilizar recursos en magnitud suficiente para enfrentar la situación de emergencia ecológica fruto de un crecimiento económico depredador en recursos no renovables, responsable de un proceso de cambio climático que ha desbordado ya todas las líneas rojas; también debe favorecer las políticas de lucha contra la desigualdad, que ha alcanzado cotas históricas en la UE. En fin, esos recursos deben servir para activar mecanismos de recuperación de la actividad en las fases de estancamiento o recesión. Quizá estableciendo algún mecanismo de compensación automático y de reactivación, como podría ser exigir a los países superavitarios un crecimiento de los salarios por encima de la productividad más la inflación, y un mecanismo de transferencias e inversión –en áreas de innovación tecnológica adaptada a un cambio productivo que generalice el uso de las energías renovables, compatible con la reducción del consumo de materias primas- en los países deficitarios, dentro de una gran apuesta por un plan de inversión pública socioecológico y creador de empleo estable.

Esos objetivos no pueden quedar en manos de los mercados, ni depender de la financiación privada, y mucho menos de la ingeniería financiera que se atisba en la reforma de la arquitectura institucional contemplada por las elites, cuyas piezas esenciales son la creación de un Fondo Monetario Europeo y la consolidación de un Mercado Único de Capitales

Frente al protagonismo del capital privado y de la industria financiera, defendemos un activo y decisivo papel del presupuesto europeo. Proponemos un aumento sustancial del mismo, hasta situarlo en el 4% del PIB, con el compromiso de elevarlo hasta el 8%. Un aumento sustancial en la capacidad financiera de la Comisión Europea que permitirá, siguiendo los objetivos que, de manera sucinta, acabamos de mencionar, abordar un ambicioso plan de reconfiguración productiva y social de las economías, que debería tener una especial incidencia en las más impactadas por la crisis y que han acumulado un rezago estructural. Para beneficiarse de estos recursos, deberán cumplirse estrictos criterios de sostenibilidad, género y equidad, y establecer compromisos firmes hacia una mayor coordinación fiscal armonizada, progresiva y al alza que complemente a la armonización de las bases imponibles ya prevista entre todos los regímenes impositivos de los países.

Naturalmente, avanzar en este planteamiento obliga a una reformulación de los instrumentos de financiación del actual presupuesto comunitario; no solamente atendiendo al volumen de recursos necesarios, sino también al reparto de los mismos. Se abren, desde esta perspectiva, dos vías de financiación, complementarias entre sí. La primera se basa en la activación de recursos propios con criterios de progresividad; los impuestos sobre las transacciones financieras especulativas, sobre las grandes fortunas y sobre la emisión de gases de efecto invernadero cumplirían este cometido. Por otro lado, en lo que concierne a la aportación de los estados, los ingresos proporcionados por la imposición sobre los beneficios y las rentas del capital, a partir de la homogeneización de las bases imponibles y los tipos impositivos, estableciendo un tipo mínimo efectivo a escala europea en los impuestos de sociedades y, con el objeto de cortocircuitar la evasión y la elusión fiscal, retenciones fiscales en origen al nivel de dicho tipo mínimo.

Las consideraciones anteriores apuntan a la necesidad de otra política económica, que abra las puertas a otra economía que beneficie a la ciudadanía, capaz de enfrentar los problemas de gran calado que enfrenta Europa. Una política que tiene en su ADN la reivindicación de lo público, la cooperación, la redistribución y la democracia. La exigencia de un presupuesto con capacidad para movilizar recursos suficientes, financiado con criterios progresistas y al servicio de una política de cambio nos sitúa en el escenario de Otra Europa. Activar un presupuesto comunitario inspirado en ese planteamiento colisiona con las elites económicas y políticas; desafía la actual institucionalidad y las reformas que se proponen desde Bruselas y los “think tank”, donde se visibilizan el pensamiento conservador y los intereses de las grandes corporaciones. En suma, el presupuesto que necesitamos también deberá jugar un papel en un proyecto comprometido con darle la vuelta a Europa.