Resulta paradigmático el cinismo con que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha tratado la petición del Ayuntamiento de Moratalla (Murcia) para que se retire una placa franquista conmemorativa de la inauguración del pantano del Cenajo por el dictador en 1963. Dando la callada por respuesta, extraviando supuestamente expedientes y solicitudes, mirando para otro lado con el fin de evitar el cumplimiento de la normativa que no les gusta: así es como el Partido Popular está tratando en toda España lo relativo al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2007.

La cuestión que sigue sin resolver es si la derecha española cumple, o hace cumplir, las leyes que no le gustan. Que son, en definitiva, las hechas por otros gobiernos. Aunque la corta –a pesar de todas las alharacas y autocomplacencias al uso– trayectoria de la actual democracia española no nos dé aún datos suficientes para tener constancia de cuál es el corpus legislativo permanente.

Lo que está claro es que en los últimos tiempos la derecha desprecia, en sus periodos de gobierno democrático, las leyes hechas por otras fuerzas políticas y, sin embargo, aplica a machamartillo, contra viento y marea, sin importarle los costes sociales y humanos las que ella pare: LOMCE, reforma laboral, etc., etc., etc. Las derrotas parlamentarias son de esta forma revertidas en la práctica por la inacción, la indiferencia o la negativa a actuar, a aplicar la legislación vigente.

De esta actitud sirve de caso ejemplificador la pasividad de los responsablespopulares para eliminar una placa con un texto vergonzoso para cualquier ciudadano demócrata que campea en el pantano del Cenajo, sobre el río Segura. “Este embalse del Cenajo lo mandó construir Francisco Franco, caudillo de España. Dominó con él las aguas turbulentas del río Segura para que fecundizaran apaciblemente unas tierras ubérrrimas. Redimió a los hombres que las trabajan del milenario temor a las inundaciones y a la sequía. Con su presencia se inauguró el día 6 de junio de 1963”.

Con esa leyenda se puso punto final oficialmente a la obra realizada fundamentalmente por unos 800 presos y represaliados políticos del régimen de Franco entre los años 1947 y 1963. La resultante instalación hídrica está gestionada desde entonces por el organismo de cuenca, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), dependiente entonces del Ministerio de Obras Públicas; ahora, del Ministerio de Fomento.

Hace ahora dos años y medio, en noviembre de 2014, el Pleno municipal de Moratalla acordó por unanimidad pedir la retirada de la placa conmemorativa y así lo solicitó a la CHS mediante escrito presentado a través de registro. Durante muchos meses, el organismo de cuenca “no hizo nada, ni siquiera contestaron el escrito”, asegura la alcaldesa de Moratalla, Candi Marín, cuyo partido (Ganar Moratalla) gobierna en coalición con el PSOE desde las pasadas elecciones municipales de 2015.

Las gestiones ante la CHS para la retirada de la placa se intensificaron mediante llamadas telefónicas y nuevos escritos a partir de la toma de posesión del nuevo consistorio de PSOE-IU, en junio pasado. Durante meses, “ni me cogían el teléfono” los responsables de la CHS, asegura Marín. Al final, “nos dijeron, después de tiempo, que no encontraban en el expediente; entonces fui personalmente, como alcaldesa, el pasado 22 de abril a entregar nueva copia de lo presentado anteriormente a la secretaria personal del secretario general de la CHS”, José María Bernabé.

Nunca se produjo respuesta formal en un sentido u otro por parte de la CHS, presidida desde marzo de 2012 por Miguel Ángel Ródenas Cañada, nombrado por Ana Pastor, ministra de Fomento de Mariano Rajoy. Así que finalmente, el lunes 2 de mayo, la alcaldesa encabezó un grupo de 25 ciudadanos que fueron a la sede de la CHS, en el centro de Murcia, a entregar solicitudes individuales para que sea retirada la placa franquista de la discordia.

La primera reacción del organismo de cuenca no pudo ser más cínica y raya en la falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos. Y no fue sido oficial, sino solo una respuesta a este medio. Veamos. Preguntado por Público, un portavoz de la CHS dijo el martes 3 de mayo que “se ha abierto un expediente y se va a aplicar la ley en sentido estricto”. El mismo portavoz no supo explicar por qué ese “expediente” no había sido puesto en marcha antes, después del acuerdo municipal de hace dos años y medio, ni por qué motivo no se había aplicado ya lisa y llanamente la ley pertinente.

Finalmente, tres días después la CHS emitió un comunicado oficial en el que daba cuenta de la apertura de un expediente para determinar si se toma en consideración la petición del Ayuntamiento de Moratalla e insistiendo en la aplicación de la “Ley 52/2007, de 26 de diciembre” —sin llamarla de Memoria Histórica—, cosa que, curiosamente, hasta ahora y durante año y medio había evitado hacer a pesar de tener conocimiento fehaciente de la existencia de esa famosa placa.

Es decir, la CHS que preside Miguel Ángel Ródenas Cañada por mandato de la ministra Ana Pastor ha tardado 17 meses en darse por enterada de un asunto que le fue comunicado vía Registro General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por un ayuntamiento de su ámbito de jurisdicción. Y es ahora cuando asegura que se pone en marcha el mecanismo necesario para aplicar la ley. Eso sí, “en sentido estricto” y sin fijar fecha para hacerlo.

Inaudito. Vergonzoso. ¿O estamos hablando, quizá, de un incumplimiento consciente por parte de funcionarios públicos de la legislación vigente? Es decir, de la Ley 52/2007 de 26 de Diciembre, o Ley de Memoria Histórica. ¿Cuál sería, pues, la figura delictiva, en este y otros muchos casos, que se produce cuando un funcionario público omite hacer cumplir la normativa legal? Doctores tiene… la derecha. Pero hay que recordar que el delito de prevaricación también se puede cometer por omisión, según el Código Penal vigente.