Ramón Cotarelo

Catedrático de Ciencias Políticas

Para los colectivos más radicales la crisis no es una crisis sino una estafa. Tiene toda la pinta, desde luego porque, si no está muy claro cómo se desencadenó en concreto, debido a qué decisiones y de quiénes, sí lo está, pues no lo ocultan, a quiénes ha beneficiado y sigue beneficiando: a los famosos fondos de riesgo, a los financieros, a los especuladores, a los bancos rescatados con dinero público, a los ejecutivos de las grandes empresas a quienes estas compensan por su incompetencia con primas millonarias. En definitiva, a quienes la han provocado. Es razonable pensar que lo hicieran a propósito, como una estafa, y es lamentable comprobar que ningún país dispone de posibilidades de poner fin a estos comportamientos o de castigarlos. Los mercados son el terreno de la ley del más fuerte y la ideología económica dominante, pagada en sus centros de fabricación por esos mismos beneficiados, pretende que siga siendo así. Y así seguirá siendo mientras los poderes políticos también obedezcan los dictados de quienes se lucran con tan injusto desbarajuste.

Además de una estafa la crisis es un pretexto, una ocasión para el desarrollo de un modo de producción que no admite otra lógica que el triunfo total de sus presupuestos. El capitalismo alcanza su triunfo político con la revolución burguesa cuyo símbolo es la abolición del “antiguo régimen” otro nombre para el feudalismo que, en esencia, no es otra cosa que la confusión entre lo público y lo privado o la privatización de todas las relaciones de poder pues se basa en los contratos de sumisión personal de los vasallos a los señores. Ahora bien, una vez terminado ese antiguo régimen y separado lo público de lo privado, la burguesía sacraliza el ámbito de la sociedad civil, de las relaciones mercantiles y pretende colonizar el Estado e instrumentalizarlo al servicio de esos intereses privados. Es decir, habiendo vencido el régimen feudal, el capitalismo pretende refeudalizar el Estado sometiéndolo no a las relaciones bilaterales entre particulares sino a las multilaterales del mercado pero no menos privadas. Para el capitalismo el Estado, los poderes públicos, no son el garante del bien común (concepto que tiene por quimérico) sino el cuarto de banderas en el que se defienden los intereses de unas u otras escuderías económicas. Los gobernantes son los representantes de intereses económicos concretos y gestionan la cosa pública en su propio beneficio, actual o postergado. No hay diferencia moral entre favorecer hoy como gobernante un monopolio y embolsarse por ello un dinero o favorecerlo hoy y que, dentro de unos años, al dejar de ser gobernante, el monopolio te nombre directivo, como sucede con Aznar o Elena Salgado.

Esto en circunstancias de normalidad. En las de crisis, el capitalismo se aprovecha de la conciencia de excepcionalidad de la situación para acorazar sus políticas y llevar a término sus intenciones. Todo el aparato del Estado debe ser privatizado. Que para ello haya que razonar en contra del sentido común es irrelevante desde el momento en que se tiene le fuerza y se hace valer. El discurso de que el Estado del bienestar es insostenible contradice de lleno la práctica de privatizar sus servicios esenciales porque si estos fueran ruinosos, nadie los compraría cuando lo que se observa, al contrario, es una verdadera carrera entre las empresas privadas (muchas veces gestionadas por amigos y allegados de los gobernantes en un proceso cleptocrático) para ver quién se queda con los mejores servicios públicos. Prueba de que son rentables. Es la gestión deliberadamente ruinosa y despilfarradora de la derecha la que los convierte en deficitarios con el propósito de venderlos engañando a la gente (a la que se esquilma) al decirle que, cuando se le roba algo, no se le roba sino que se la libera de una carga.

Toda la política de privatización es lo que su nombre indica, un expolio de bienes públicos, patrimonio de la colectividad, del común, en beneficio de unos empresarios que, además, suelen ser grupos multinacionales que defraudan a sus propias haciendas y solo enriquecen a los políticos que han tomado las decisiones y a sus deudos y allegados. Esta es la forma de la derecha de entender la política y, curiosamente, es tal la inopia intelectual de la izquierda que este discurso del saqueo del común en provecho de los rico es dominante.

El actual gobierno de España es un ejemplo de lo que aquí se dice. Que sea ministra de Trabajo una señora que no ha trabajado en su vida, que no sabe qué sea una nómina y que jamás se ha empleado en el sector privado o en el público, da una idea de en qué estima tiene el PP los derechos de aquellos a quienes Cospedal dice representar: los trabajadores. Por el contrario, que sea ministro de Economía un exresponsable de Lehman Brothers, el banco que está en la raíz de esta crisis/estafa, indica igualmente a quien atiende el gobierno y de quién recibe las órdenes. Entre esos dos, todos los demás son los chicos de los recados.