Habría resultado una incoherencia que el Gobierno considerase ayer innecesario mantener el estado de alarma para garantizar el tráfico aéreo durante las vacaciones navideñas. El pasado 4 de diciembre, quince horas después de haber “militarizado” las torres de control, el Ejecutivo juzgó imprescindible tomar además la alarmante medida de declarar el estado de alarma. Si nada (que se sepa) ha variado desde entonces en el conflicto entre Fomento y los controladores que derivó en el caos del 3 de diciembre, no se entendería el motivo por el que habría que confiar en que la situación no se repitiera. Sin embargo, el Gobierno está obligado a respetar, tanto desde un punto de vista jurídico como político, el carácter absolutamente excepcional del estado de alarma.

La prórroga de un mes solicitada al Congreso de los Diputados, por muy coherente que sea con la solución al desastre del puente de diciembre, casa mal con esa “excepcionalidad” y alimenta la peligrosa impresión de que conflictos laborales o civiles pueden arreglarse manu militari. En democracia, las alarmas deben poder desconectarse en cuestión de horas y no convertirse en estados vegetativos. Si la solicitud de prórroga o el anuncio de privatizaciones aceleradas pretenden sobre todo presionar a los controladores para que renuncien a algunas reivindicaciones infumables, más vale que esa presión dé resultados antes de un mes o el Gobierno se habrá metido en un complejo laberinto.