"Van a hacerse con España. Quieren construir Al Andalus. ¿Vamos a consentirlo?". En determinados sectores están especialmente espantados con la idea de que el PRUNE, el primer partido político musulmán de la España peninsular, vaya a presentarse a las elecciones municipales del 26 de mayo en muchas poblaciones, entre ellas capitales como Alicante, Granada o Zaragoza.

Lo están sobre todo porque afirman que desde el Partido Renacimiento y Unión de España, que es el nombre completo de la formación musulmana, "impondrán la Ley Islámica allá donde gobiernen". A partir de ahí, una página como La Tribuna de España ya se expande: "Si habláramos de un partido Evangelista, o de los Testigos de Jehová, nos daría lo mismo. Pero hablamos de un partido musulmán que pretende ¡y lo dicen con toda claridad! implantar una República Islámica en España".

El PRUNE enlata religión y política. Lo fundó en 2009 Mustafá Bakkach, que murió en 2011, y ahora, lo dirige Ahmed Dib l’Hioui, Se vetó su presencia en las elecciones de junio de 2016 y fue admitido en el registro de Interior un mes después. Abrieron sede en Asturias, cuna de la Reconquista, y de ahí a Granada, donde lloró Boabdil, y al resto de Andalucía.

Ahora tiene ámbito estatal y su ideario pasa por "conseguir una sociedad más justa donde podamos convivir todos los seres humanos independientemente de nuestra raza y religión, profesar nuestra creencias y tener la libertad para decidir nuestro futuro; una sociedad donde la riqueza de los principios islámicos sea la directriz". Eso dicen.

Su participación en las próximas elecciones municipales inquieta a los más alarmistas precisamente porque "los principios islámicos sean la directriz", que es un tanto ambiguo pero preocupante. También están convencidos de que el PRUNE arrasará en sitios donde hay una amplia presencia de musulmanes con derecho al voto.

No se puede

La realidad es que suponiendo que el PRUNE alcanzase alguna alcaldía este 26 de mayo y también que fuera real su intención de aplicar allí la Ley Islámica, sería constitucionalmente inviable. España es un Estado aconfesional. "Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias".

Afortunadamente,"ninguna confesión tendrá carácter estatal", ni los ayuntamientos ni ninguna otra entidad pueden aplicar ley religiosa alguna a nadie, gracias a que la Ley de Libertad Religiosa (art 16, 1) pesa más que cualquier ley divina.