Han tenido que pasar casi dos meses para que los socialistas asuman la obviedad de que hay cosas que no pueden ser y además son imposibles, y una de ellas es intentar gobernar en solitario con 84 diputados. De ahí que, tras experimentar algún revolcón parlamentario y confirmar que con esos golpes no hay columna vertebral que resista, hayan optado por rendirse a la aritmética y negociar un acuerdo con Podemos que tiene todos los visos de ser pacto de legislatura. Puede decirse que el Gobierno de Pedro Sánchez empieza ahora.

Como era previsible, el entendimiento de la izquierda tiene muy sublevada a la derecha, que ya se ha encargado de vaticinar grandes males acompañados de tormentas con fuerte aparato eléctrico, que es como uno se imagina el infierno en otoño. Antes incluso de concretarse algún acuerdo, se ha acusado al Ejecutivo de atentar contra la separación de poderes por planear eliminar el veto del Senado al techo de gasto, donde el PP tradicionalmente ha gozado y goza de amplia mayoría, y que es la clave de bóveda de cualquier pacto presupuestario.

La acusación no deja de ser sorprendente ya que fue el PP el que concedió al Senado esta potestad hace ahora seis años, quitando al Congreso la última palabra que le otorga la Constitución en la dinámica legislativa. En definitiva, trataba de guardarse un as en la manga por si las cartas venían mal dadas en algún momento, confiando en que la Cámara Alta seguiría siendo su inexpugnable fortaleza. Eliminar este privilegio y hacerlo sin atajos, con una proposición de ley como parece ser la intención, no deja de ser el mecanismo democrático habitual con el que se modifican las normas, incluida la de Estabilidad Presupuestaria.

A expensas de esta reforma, el PSOE y Podemos pretenden alcanzar acuerdos para elevar los ingresos fiscales (nuevos impuestos y tasas), revertir los recortes en Educación, Sanidad y Dependencia, impulsar la reforma de la Seguridad Social aumentando los recursos del sistema y blindando la subida de las pensiones con la referencia del IPC, derogar la reforma laboral o, al menos, modificarla sustancialmente, y flexibilizar la regla de gasto para que los Ayuntamientos puedan reinvertir sus superávits, algo que ahora tienen vedado. Una vez resuelto el contencioso de la ley de Estabilidad, dichos pactos deberían allanar el camino a la aprobación de los Presupuestos de 2019, que aún necesitarían del apoyo de vascos y catalanes y que, previsiblemente, se demorarán en el tiempo porque la mayoría de la derecha en las Mesas de ambas Cámaras no pondrá las cosas fáciles.

No sin esfuerzo, PSOE y Podemos parecen haber comprendido que tienen ante sí la oportunidad de hacerle al país un traje nuevo a su medida y que insuflar oxígeno a los sectores que siguen esperando que caigan del mantel las migajas del crecimiento económico es el único camino para obtener el apoyo de una mayoría social suficiente en el ajetreado horizonte electoral que se avecina. De la generosidad con la que unos y otros entiendan esta colaboración, de esa “competencia virtuosa” como la definía Iñigo Errejón, se beneficiarán ambos partidos, que han de ser capaces de competir en las elecciones y ponerse luego de acuerdo para gobernar.

Con una derecha dividida y peleando a garrotazos por la hegemonía de su espacio, la izquierda está obligada a demostrar que puede cambiar las cosas y que entre el todo y la nada hay un inmenso campo de juego. La sociedad española, apuntaba con acierto Errejón, penaliza el golpe de efecto y el tacticismo. Su doctrina cobra finalmente sentido.