Se dice que el pasado siempre vuelve y en el caso de Pilar Baeza, la candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila, lo que ha vuelto es la condena a 30 años de cárcel que le fue impuesta por haber participado en 1985 en el homicidio premeditado del hombre que, presuntamente la había violado. Baeza, que entonces tenía 23 años, pasó siete en prisión e inició después una nueva vida que le llevó a dejar Madrid, abrir un gimnasio en Ávila y convertirse primero en portavoz de una plataforma de afectados por las preferentes en la provincia y a vincularse luego a la política desde el movimiento Trato Ciudadano. Ahora le siguen pidiendo las cuentas de una factura que legalmente ya ha pagado.

A quienes han comenzado la campaña de lapidación contra Baeza y exigen a Podemos que aparte a la candidata habría que preguntarles exactamente qué terrenos tiene vedados esta persona y cuáles son los ámbitos a los que tendría que circunscribirse. ¿Puede hablar con sus vecinos o ha de mantener las distancias? ¿Está capacitada para trabajar o debería vivir de la caridad pública? ¿Hay profesiones a las que no tendría que dedicarse? ¿Hasta cuándo ha de extenderse su ‘libertad vigilada'?

El debate que subyace es si existe el derecho de cualquiera a rehacer su vida sin tener que cargar a perpetuidad con el estigma de ex presidiario o si, por el contrario, ha de resignarse a exhibir sus antecedentes penales caducados en cada currículo de Linkedin. La otra gran controversia es si los medios o los partidos están capacitados para ejercer de justicieros de una supuesta moralidad pública que sustituye al reproche penal cuando éste ya se ha extinguido.

Aunque los casos pueden no ser comparables, la historia reciente ha dado algún ejemplo de condenado por homicidio –imprudente en su caso- al que su partido ha rehabilitado con una confianza ciega en su plena reinserción, tal es el caso de Ángel Carromero, integrado plenamente en la estructura de los populares como asesor de su grupo municipal en Madrid con más de 70.000 euros al año de remuneración y volcado de lleno en la campaña interna que desembocó en la victoria de Pablo Casado como presidente de la formación.

Haría mal Podemos en sustraerse a las presiones para impedir que Baeza, que se impuso en las primarias y que no ha ocultado su pasado a las estructuras del partido, concurra como cabeza de lista al Ayuntamiento, porque eso sería tanto como conculcar sus derechos civiles e impugnar de paso la filosofía del partido. Peor que no ganar en Ávila, una misión imposible para Podemos aun cuando su candidata fuera Santa Teresa, sería dejar que lo hicieran Torquemada y sus muchachos.