Radicalizados contra la radicalización

No extraña que Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, y José Ignacio Wert, de Educación, Cultura y Deporte, posaran juntos en la rueda de prensa que siguió al último consejo de ministros: el mejor plan contra la radicalización que auspicia el primero es restringir cada vez más los estudios universitarios, como pretende el segundo con su enésima reforma universitaria que por lo visto pretende que los estudiantes conozcan la Europa cuyas puertas cierra la reducción leonina de las becas Erasmus. Si la gente no estudia, no sabe. Nadie más feliz que un indocumentado, que diría Gabo. Y sin conocimiento, no tiene por qué haber frustración, ira ni rebeldía.

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, se puso el traje de hombre de estado esta semana y aceptó a regañadientes el abrazo del oso que le tendía Mariano Rajoy: al secundar el plan de lucha contra la radicalización, aceptaba imponer al terrorismo las penas más altas que en cada momento estuvieran vigentes. Ergo, en lo que a este momento se refiere, la prisión permanente revisable, ese eufemismo con que el Partido Popular ha impuesto por su cuenta y riesgo la cadena perpetua en nuestro código penal. Que no es eso, que no es eso, repiten los socialistas esta semana como si hubieran leído a Ortega y Gasset. Que la derogaremos cuando gobernemos, auguran como si en realidad creyesen que volverán a La Moncloa. No hay finezza en tiempos de twitter. La brocha gorda sigue tiñendo las cinco columnas de la prensa y el PSOE ha terminado dando un paso más hacia su abismo. Una cuestión de responsabilidad, dirán sus líderes. ¿Por que cuando se ponen responsables siempre terminan incurriendo en políticas conservadoras y reaccionarias que desempeñan, en rigor, con mayor maña y pericia los de su derecha? Qué pena que la responsabilidad no les llevara a suprimir los aspectos más sórdidos de la Ley Hipotecaria, lo que hubiera redundado en su prestigio popular y en atenuar el dolor a tocateja de los desahuciados.

El plan de lucha contra la radicalización, que auspicia el PP con el respaldo del PSOE, ha dejado fuera a otras fuerzas políticas. Como si le hubieran escrito el guión Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, que seguramente estén a punto de decir si no lo han dicho ya que ese pacto es un selfie de la casta.

El pretexto es el yihadismo, pero se trata de meter en vereda a todos aquellos que se radicalicen más de la cuenta frente a la radicalización del sistema: desde mediados de diciembre, siguen detenidos varios anarquistas, en el contexto de la llamada Operación Pandora, cuyo alcance real se desconoce pero que a la luz de lo publicado vuelve a parecer una de esas fantasmagorías que, desde los tiempos de la Mano Negra, pretenden desacreditar a los seguidores de Bakunin o de Anselmo Lorenzo.

El objetivo inmediato, aunque no se descarten otros, no son los grupos anarcosindicalistas, u organizaciones armadas como ETA y Grapo, sino que se centra en aquellos que, como dejó dicho José Saramago, convierten a sus dioses en asesinos. El plan pretende prevenir pero en realidad se limita a condenar. Esto es, carga las tintas en las penas que recibirán los supuestos muyaidines, pero se desconoce a ciencia cierta qué vamos a hacer para evitar que le hagan caso a un barbudo que les inste a grabar un video y transportar trilita en las mochilas de los trenes del amanecer. ¿Cómo cortar, en palabras del ministro, la cadena de transmisión de la radicalización? ¿Deteniendo de inmediato a quien entre en una página que se llame Alá es grande y el kalashnikov es su profeta?

Sin ánimo de molestar, lo mismo resulta ser un periodista perspicaz o un estudiante a punto de iniciar la enésima tesis sobre Al Qaeda. ¿No sería mejor seguirles la pista hasta ver donde conduce el hilo de la madeja? Según las estadísticas que el propio ministro propagó y que corresponde a datos registrados entre 1996 y 2012, parece ser que siete de cada diez condenados por yihadismo se habían radicalizado parcial o totalmente en España y que ocho de cada diez procesos de este tipo se produjeron a través de internet. Evitar que se repita dicha tendencia no debiera concernir tanto al código penal como al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). ¿O somos incapaces de invertir el uso estratégico del ciberespacio que realiza Al Qaeda, el Estado Islámico y otras redes yidadistas?

Buena parte del contenido del plan desbrozado el viernes por parte del ministro del Interior se corresponde con las recomendaciones que los especialistas en terrorismo internacional vienen formulando desde comienzos de siglo. Entre ellos, por ejemplo, Rogelio Alonso, que ya en junio de 2009 y en el número 141 de los Cuadernos de Estrategia del Ministerio de Defensa, formulaba una hoja de ruta similar a la que se ha recogido en el plan del Gobierno refrendado por el PSOE. En líneas generales, Alonso y otros expertos, apuestan por una serie de medidas que pasan por las estrictamente preventivas, como es la integración en la cultura democrática a los grupos susceptibles de generar radicalismo, con especial atención a la segunda y tercera generación de inmigrantes; “las iniciativas educativas y culturales que se opongan a la intolerancia y al fanatismo propios de estos grupos; y, por último, la presión contra las redes de radicalización y reclutamiento, que ha de ser policial y judicial pero debe extenderse a ámbitos como las prisiones o Internet. Todo ello, sin olvidar el papel y la responsabilidad que corresponde a los medios de comunicación”.

Sin embargo, Alonso participaba entonces de una idea que no parece casar en demasía con el supuesto de la prisión permanente revisable, o como quiera que se llame lo que el Partido Popular considera como panacea de la lucha anti-terrorista cuando buena parte de los ciudadanos lo entienden como una negación de nuestro estado de derecho y de nuestro sistema penitenciario, que tiende a la rehabilitación. A su juicio, no se debe “subestimar la relevancia de programas de desradicalización que pueden facilitar la reversión del proceso de radicalización una vez ha alcanzado una conclusión violenta que incluye la comisión de actos terroristas. Sin duda alguna, es también pertinente la introducción de estos programas en España con la intención de impulsar la reinserción social de individuos radicalizados y de aquellos ya integrados en redes terroristas”.

Hay experiencias al respecto en otros países, pero aquí parece interesar más el dogma de la cadena perpetua que la gestión de la realidad propiamente dicha. En la introducción a aquel número 141 de los Cuadernos de Estrategia del Ministerio de Defensa, Carlos Villar Turrau enunciaba las dificultades que arrostra la lucha contra este tipo de terror, considerado como una guerra en Estados Unidos y como un crimen en Europa: “Nos enfrentamos –decía-- a un adversario poco definido; sus motivaciones nos resultan casi siempre ajenas; su lenguaje nos es desconocido, salvo excepciones; sus códigos de comportamiento no son los nuestros”.

¿Cómo operar al respecto? El Plan del Gobierno apuesta por la Policía Local, un dignísimo cuerpo entre cuyas capacidades no suele encontrarse el dominio del árabe. ¿Van a camuflarse sus agentes para acudir a los rezos del viernes en la mezquita clandestina que albergue cualquier garaje de un suburbio? Como es sabido, los bienpensantes ciudadanos suelen negarse a que se construyen mezquitas legales, de esas a las que puede seguirse el discurso de los imames en función de quien pagó su construcción.

La inteligencia, tal y como rezaba el título de aquella publicación, se convierte en factor clave frente al terrorismo internacional. En sus páginas, María de los Angeles López Espinosa, analista de CNI, enunciaba las tres funciones que debieran desempeñar los servicios secretos: preventiva, investigadora y de apoyo. En ese contexto, ella situaba el campo de batalla de internet en los siguientes términos: “La actividad de los Servicios de Inteligencia en el ámbito de Internet no se ciñe a una mera descarga de información sino que precisa discriminar la documentación yihadista en función del alcance y de la repercusión que puede tener sobre la comunidad musulmana. Se persigue detectar y neutralizar determinados mensajes que atenten contra la seguridad del Estado.

Una de las grandes dificultades para un servicio de Inteligencia occidental está en cómo mantener el equilibrio entre la necesidad de obtener información objetiva sobre una trama terrorista, susceptible de ser presentada ante un Juez, y la de neutralizar un riesgo de atentado que se considera inminente”.

Ella considera crítico el momento de la detención de un supuesto yihadista. Si se deja pasar el tiempo, los resultados pueden ser fatales, pero tampoco resulta una garantía de éxito su detención temprana, “sin que existan suficientes pruebas judiciales”. ¿Nadie recuerda acaso a los detenidos en Barcelona por tenencia de detergente o al argelino detenido en Cádiz por una simple confusión con su nombre?

“Los imputados permanecen un tiempo en prisión - donde están especialmente expuestos a ser radicalizados.. y son puestos en libertad cuando ya se ha generado en ellos un fuerte deseo de venganza. Además, la desarticulación precoz impide, desde el punto de vista de la Inteligencia, conocer aspectos esenciales sobre la organización y los objetivos de este tipo de tramas”, afirmaba esta analista.

Así, resulta especialmente complejo el tratamiento judicial de la figura del reclutador: si bien el Supremo considera el reclutamiento con fines terroristas como una actividad incardinable en los supuestos de colaboración con banda armada, ¿cómo proceder con un reclutador yihadista que no pertenece a una banda en sí, sino a una corriente de orientación neosalafista y cuyo papel de adoctrinamiento no es fácil calibrar en una fase temprana de su pupilaje propagandista? Los analistas del CNI se preguntan si en determinados procesos judiciales sirven como prueba los informes de ciertos profesionales –arquitectos, médicos, etcétera--, por qué no ocurre igual con respecto a sus criterios: “Parece también acertado acudir a expertos en materia contraterrorista para comprender la peligrosidad intrínseca de determinadas conductas, en base a su profundo conocimiento del potencial destructivo y peculiar modus operandi de las redes yihadistas –propone María de los Ángeles López Espinosa--. Dichos informes «de Inteligencia», siempre que estén realizados por expertos en lucha contraterrorista con apoyo en hechos objetivos, deberían poder ser considerados como pruebas periciales, no como pruebas testificales”. Algo tan simple, más allá de las rimbombantes penas más altas establecidas en la ley, no parece que figure inicialmente en el plan que enunció el ministro al finalizar la rueda de prensa del viernes.

El plan incluye la vigilancia y grabación de los rezos en las prisiones, en esa habitación con mirilla que pueden usar las diferentes confesiones religiosas en los centros penitenciario. Más allá de la vulneración de la privacidad, siempre discutible y discutida en el ámbito carcelario, ¿realmente es ahí donde se produce el reclutamiento? ¿Servirá para algo semejante procedimiento cuando tampoco es frecuente el conocimiento del árabe entre los funcionarios? Es más, ¿conocen el dariya coloquial en el que se expresan para burlar a quienes no pasen más allá del árabe clásico?

Se trata, así lo dijo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, de un acuerdo marco que tomará cuerpo en una proposición de ley que esta semana podría pasar ya al Congreso. Habrá que ver la postura final que adopta el PSOE respecto al pacto en sí. Al resto de las formaciones políticas presentes en el Congreso, les ha sentado a cuerno quemado que le inviten a una mesa puesta –palabras de Cayo Lara, de IU--. Sin arte ni parte, se les brinda la simple condición de comparsas para la foto-finish de un planeamiento que ha durado dos años pero a puerta cerrada y sin invitados del hemiciclo. Quizás por ello, muchos aspectos de ese plan parecen guardar relación con el populismo y con la utilización electoralista del peligro real del yihadismo. En caso contrario, no se entendería esa insistencia en la prisión permanente revisable, o como quiera que se llame, para disuadir a unos individuos que en numerosas ocasiones no han tenido la más mínima duda a la hora de auto-inmolarse. A pesar de dicha paradoja, Marine Le Pen –que reclama para ellos la pena de muerte, si es que llegan a tiempo para aplicarla--, avanza a velocidad relámpago en las encuestas de Francia. Que van a ser tan simbólicas para la derecha española como las griegas lo han sido para nuestra izquierda. Lo que no está claro, al menos en la Península, es que vaya a cumplirse la profecía gubernamental de que PP y PSOE vayan a seguir siendo las fuerzas que se sucedan cíclicamente en el Gobierno.