“La ley criminaliza al pobre pero es benévola con el ladrón de guante blanco”. Estas palabras, que comparto totalmente, las pronunció el juez Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia. El Partido Popular ha pasado el rodillo, haciendo uso de su mayoría parlamentaria, para aprobar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que es la norma de referencia de la justicia española para resolver los actos delictivos y procesar a sus autores. La principal novedad es limitar las instrucciones judiciales a un máximo de seis meses para los casos tipificados como “sencillos” y a dieciocho meses para los tipificados como “complejos”, con posibilidad, ambos, de una prórroga extraordinaria de igual duración.

Teniendo en cuenta que, en muchos juzgados, citar al imputado suele tardar unos seis meses parece ésta más una reforma para dar mayor impunidad a los imputados inmersos en grandes casos de corrupción que una solución para que los procedimientos no se dilaten en el tiempo, cosa que sería factible dotando de recursos a los juzgados. Vemos y seguiremos viendo cómo a los cargos públicos acusados de corrupción se les pone una multa y no se les exige responsabilidad patrimonial, o sea, que devuelva lo sustraído ilícitamente.

Casos como Gürtel, Púnica o Pujol han puesto más en evidencia, si cabe, la necesidad de tener separación de poderes. El Poder Judicial debe ser un exponente del Estado de Derecho, de los valores de la Ley, de la imparcialidad y de la independencia. La regeneración democrática, tan necesaria en la lucha contra la corrupción, es impensable sin juzgados eficientes. Los juzgados deben disponer de medios personales, materiales, procesales, organizativos e informáticos suficientes.

La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, seis de las siete existentes, han pedido la suspensión de la entrada en vigor de la Ley. El Partido Popular inmerso en varios casos de corrupción, como el de su presunta financiación ilegal, han hecho caso omiso. Pudiéramos entender que esto responde a la voluntad política de conseguir la impunidad para los corruptos. Cualquier persona que haya hecho un pequeño seguimiento a través de los medios de comunicación de casos como el de Urdangarín, ERE, Gürtel, Bárcenas, Emperador, Fabra, Faycan, Bankia, Banca Catalana, CAM, ITV, Malaya, Mercasevilla, Palau, Palma Arena, Astapa o Ave sabe que son casos imposibles de resolver en tan sólo 18 meses.

Hay periciales informáticas que pueden tardar dos años en practicarse porque la Policía Científica no cuenta con los medios y el personal suficientes para atender a la demanda. Las comisiones rogatorias suelen ser lentas y demasiado burocráticas además del problema añadido de tener que entrecruzar comisiones rogatorias entre países cuando los imputados mueven el dinero a gran velocidad entre paraísos fiscales lo que genera mayor tiempo de respuesta. Casos como Gürtel ha solicitado 191 comisiones rogatorias. Son algunas de las múltiples dificultades que en la actualidad sufren los juzgados por no contar con personal suficiente ni con medios adecuados. Acortar los tiempos beneficia fundamentalmente a los corruptos proporcionándoles impunidad.

Según diferentes informaciones, aparecidas en los medios de comunicación, la corrupción nos cuesta un mínimo del 1% del Producto Interior Bruto (PIB) anual, unos 10.000 millones de euros anuales. Otros expertos elevaban, hace años, esa cifra a 40.000 millones de euros, al tener en cuenta cuestiones como su coste social o el efecto nefasto que ejerce sobre la inversión extranjera. Este año la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la cifra en más de 48.000 millones de euros, o sea, un 4,5% del PIB, un porcentaje que supera la presión de déficit público comprometida con Bruselas para este año y que está fijada en el 4,2%. Este robo sistemático merma nuestro futuro lastrando nuestras oportunidades de desarrollo y de salir de esta crisis.

El mayor problema es la tolerancia que tiene el pueblo con la corrupción, hasta llegan a justificarla. Es desolador leer titulares como “el 70% de los directivos considera “habitual” el soborno y la corrupción en España”; siete de cada diez directivos considera que el soborno y la corrupción son el modus operandi “habitual” en los negocios; un 56% de los directivos estima que es habitual la manipulación de los estados financieros de las empresas; según desvelan diversos estudios entre los directivos españoles “la percepción de que existe impunidad es grande”. Esto es trasladable a la opinión pública. A pesar de los múltiples casos de corrupción que salpican a partidos como el Partido Popular o el Partido Socialista Obrero Español vemos en las encuestas publicadas sobre intención de voto que no parece haber penalización.

Decía José Luís Sampedro que lo que más le indignaba era la indiferencia con la que se contemplan las cosas, en general. En el caso de la corrupción ver como la gente admite el robo sistemático de dinero público con total impunidad es indignante y frustrante. Jordi Pujol, según informaciones publicadas en los medios de comunicación, podría haber malversado dinero público por valor de 3.300 millones de euros, unos 549.074 millones de pesetas. La propia Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha definido al clan familiar de los Pujol como “organización criminal”.

Como Mario Puzo describe en su novela, trasladada magistralmente al cine por Francis Ford Coppola, Don Corleone le dice a Sonny “tengo debilidad por mis hijos y los malcrío como puede ver”. Acto seguido el Don hace lo mejor que sabe hacer y es amenazar. En el caso que nos ocupa, según los medios de comunicación, Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat, ha advertido que “si agitan el árbol, todos los nidos de corrupción caerán”. El año pasado en el Parlament catalán manifestó que “si se ponía en marcha el ventilador se iba a armar gorda”.

Pocos conocen, y así relatan medios de comunicación, pero sí el Gobierno de Rajoy, la oposición y los centros de poder, que tras el escándalo de Banca Catalana Pujol logró que los miembros del tribunal que le juzgaban fueran convenientemente tocados y él salió absuelto. El Gobierno de Felipe González había ordenado a los fiscales que dejaran en paz al molt honorable. Y ahora uno de los fiscales, Villarejo, no tiene inconveniente en airear la orden que le dieron. Debemos recordar el párrafo de Salvador Sostres, aparecido en un periódico nacional, contando cómo se enterró el caso Banca Catalana: “Piqué Vidal hizo una lista de los 41 magistrados de la Audiencia de Barcelona que tenían que decidir si procesaban o no a Pujol y visitó uno a uno a los que calculaba que estaban más dispuestos a dejarse convencer. A cada uno de ellos le hizo una oferta que no pudieron rechazar. No una oferta genérica, prosigue Sostres, sino perfectamente personalizada: ayudas al hijo yonqui, el puesto de trabajo de la esposa con problemas, cantidades económicas para las situaciones desesperadas, etcétera. Todo ello, naturalmente, con cargo al erario público. Un día antes de la votación, en 1986, Piqué Vidal estuvo en condiciones de anunciarle a Pujol: “Presidente, ganaréis por 33 a 8”, que fue exactamente el resultado de la votación del día siguiente”.

Ahora amenaza con sacar dossiers que tratan de redes de corrupción y escándalos con ramificaciones en todo el Estado Español si alguien de “la familia Pujol” pisa la cárcel. Ese es el motivo, según medios de comunicación, por el cual ninguno ha pisado la cárcel ni la pisarán. Y no es de extrañar que Pujol hable de dossiers que afectan a todo el Estado Español porque a lo largo de los años han aparecido en prensa las relaciones del Clan Pujol con otros partidos como el Partido Popular o Coalición Canaria.

Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito, creó en 1996 la empresa Abadesa Cat en la que también entró como accionista Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, Secretaria general del Partido Popular. En 1998, López del Hierro vende las acciones aunque sigue estando presente un sobrino suyo, José Herrero, como representante de la compañía en Madrid.

En el caso del Palau de la Música, los medios de comunicación, hablan de que la Fundación FAES, vinculada al Partido Popular, obtuvo una comisión de más de un millón ochocientos mil euros por las obras. La investigación sobre José María Aznar, como presidente de la FAES, la familia Pujol, Artur Mas (padre e hijo), el consejero catalán Felip Puig, el diputado de CiU, Jaume Camps y el empresario y constructor Rafael Del Pino Calvo-Sotelo (Ferrovial) junto a dos de sus colaboradores (Puig-Rey y Buenaventura Cebrián) tuvo que pararse porque varios mandos de los Mossos d’Escuadra, a los que se les había encargado los registros y la investigación, también se corrompieron, “detectándose irregularidades en lo referido a la custodia de algunos de los documentos requisados durante los referidos registros e incluso la sorprendente destrucción de algún soporte, que a pesar de todo, pudo ser recuperado”.

También se les ha relacionado con el Grupo nacionalista de derechas, Coalición Canaria. El exconsejero de Sanidad y Presidencia del Gobierno de Canarias, Julio Bonis, de Coalición Canaria, fue socio de Jordi Pujol Ferrusola en México, en una inversión de 381 millones de euros en Baja California. La empresa Juandro Consultores, de la que Bonis es apoderado, firmó en 2006 un acuerdo con Iniciatives, Marketing i Inversions y BBVA Bancomer para desarrollar el proyecto Azul de Cortés, en el golfo de California: una actuación de 753,05 hectáreas, con 1.880 viviendas, un hotel con 200 suites, campos de golf o un club ecuestre. El medio de comunicación que publicó la noticia explica que Iniciatives, Marketing i Inversions tiene como administradora única a Mercé Gironés, esposa de Jordi Pujol Ferrusola que a su vez es apoderado de la firma. Tampoco sería de extrañar que aparezcan conexiones con la Casa Real dado que el periodista Gregorio Morán ha declarado que “Juan Carlos I fue el mayor comisionista del país, su corrupción era descarada”.

Mientras representantes públicos actúan con total impunidad nos intentan cercenar la libertad de expresión. Primero fue la aprobación de la Ley Mordaza y ahora utilizan el miedo. Casos como el del Jefe de Cirugía Cardíaca del Vall d’Hebrón lo corroboran. Cesado por denunciar “muertes por recortes”. Decía José Luís Sampedro “Gobernar a base de miedo es muy eficaz. Si usted amenaza a la gente diciéndole que les va a degollar y luego no les degüella, entonces les puede azotar y explotar. Y la gente dice “bueno, no es tan grave”. El miedo hace que no se reaccione. El miedo hace que no se siga adelante. El miedo es, desgraciadamente, más fuerte que el altruismo y que la verdad”. Parafraseando a Friedrich Dürrenmatt, tristes tiempos los que nos ha tocado vivir en los que hay que luchar por lo que es evidente.