El Gobierno en funciones sigue saqueando la hucha de las pensiones y se niega a dar explicaciones. En un alarde de prepotencia, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes comunicó al Congreso, por escrito, que el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy no se iba a someter al control parlamentario por entender que “ni puede ni debe”. El conflicto está en manos del Constitucional a petición del Congreso de los Diputados y el Senado, la Cámara Alta, le ha dado la razón al Congreso acusando al Gobierno en funciones de Rajoy de utilizar argumentos contrarios a la Constitución y de defender una situación que provoca “un resultado impropio en el estado constitucional”. Todos los partidos, con representación en el Congreso de los Diputados, menos el Partido Popular se han mostrado partidarios de que el Congreso debe controlar al Gobierno de inmediato.

Tan necesario es tener un gobierno como que se controle al que está en funciones. Un argumento de peso es el nuevo hachazo que Rajoy ha pegado a la hucha de las pensiones. Ha sacado 1.000 millones cuando hace tan sólo 22 días había extraído 8.700 millones de euros. A finales de 2011 había 66.815 millones y tras la devastadora gestión de Rajoy sólo quedan 24.604 millones, o sea, el 37% del saldo que había hace cinco años. Este saqueo hace que la viabilidad de las pensiones futuras se tambalee. Los expertos vaticinan que si siguen empleando la misma política la hucha desaparecerá en diciembre de 2017.

En cualquier escenario esto es causa de alarma social pero la gravedad se incrementa cuando somos conocedores, tal como refleja la estadística de presupuestos familiares de 2015 publicada por el Instituto Nacional de Estadística, que el 34,3 % de los hogares españoles tiene como principal fuente de ingresos “la pensión del abuelo-a”. Las pensiones contributivas o no contributivas, de jubilación, invalidez o viudedad están contribuyendo a que más de 300.000 familias españolas puedan sobrevivir y que tengan algo para comer. La situación es dramática. Para muchas familias españolas, en estos momentos, la pensión constituye el pilar fundamental que asegura la cohesión social y evita que la pobreza relativa que en estos momentos les afecta, a los que sobreviven con la exigua pensión del abuelo-a, se convierta en pobreza absoluta.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocido como la hucha de las pensiones, se crea con el Gobierno que Felipe González presidía en 1995 firmándose el Pacto de Toledo que permitió la creación de un Fondo que se nutriría con el superávit que generase la Seguridad Social para poder pagar las pensiones cuando las cotizaciones fuesen insuficientes. El sistema fue un éxito hasta que el rescate a la banca nos abocó a tener que acudir al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera para financiar las pérdidas de la banca y el Fondo Monetario Internacional “sugirió” políticas que atacan al sistema público de pensiones porque esto favorece la contratación de sistemas privados de pensiones. Analistas económicos ya han advertido del “fraude” que están resultando las pensiones privadas. De los 257 fondos, con al menos 15 años de historia, tan sólo tres de ellas lograron una rentabilidad media superior a los bonos del Estado a 15 años y casi el 10% acumulan pérdidas, o sea, el propietario de una pensión privada tiene hoy menos dinero en la cuenta que la suma de aportaciones que ha ido realizando durante años.

El Partido Popular favorece la contratación de las pensiones privadas al reducir los recursos del Estado y utilizar como cebo la desgravación fiscal con el propósito de estimular unos planes privados que consisten en poner el dinero en manos de un gestor durante muchos años sin ningún control. Un gran negocio para las gestoras privadas, o sea la banca, dadas las elevadas comisiones que se embolsan, pero no para los ahorradores. El Partido Popular ha roto el Pacto de Toledo y ha inventado un sistema que le permite congelar las pensiones de forma encubierta para poder subirlas a su antojo el año de elección engañando de esta forma a muchos pensionistas.

Mientras no haya una derogación de la reforma laboral que propicie una mejor calidad del empleo seguiremos caminando hacia el precipicio. El problema seguirá siendo un descenso de la calidad contributiva de los cotizantes por la precarización en la contratación y, sobre todo, por el descenso de las bases como consecuencia de la reducción de los sueldos. Aunque haya un incremento de las afiliaciones a la Seguridad Social éste no irá acompañado de un suficiente aumento de los ingresos por cotización y lo alarmante es que ya no tendremos la “hucha” de las pensiones que amortigüe la caída al abismo.

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