Después de mucho pensar sobre lo acontecido ayer en el juicio a los líderes independentistas catalanes, la principal conclusión a extraer es que si alguna vez se ven envueltos en una causa penal deben pedir cita a Javier Melero, el abogado del exconseller Forn, para que les represente. De todos los letrados que se sientan en la sala de vistas, Melero es el único que parece ser consciente de que plantear el proceso como una causa política es un mal negocio y que la mejor defensa es resaltar las contradicciones irresolubles entre los hechos que se describen y lo jurídicamente constatable.

Melero dio ayer todo un recital ante la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y si bien no evitó que dejara de sonreír después de cada pregunta, sí logró que en ocasiones la sonrisa se le congelara en la cara hasta convertirse en una mueca. Su interrogatorio desarboló buena parte de la tesis de la violencia en la que se apoya el delito de rebelión, y vino a demostrar que no fueron los Mossos sino la Policía y la Guardia Civil quienes contravinieron las instrucciones del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, sobre el operativo a seguir el 1 de octubre, día del referéndum. De hacer caso, además, a Santamaría primero y a Rajoy después, el referéndum no existió, por lo que difícilmente pudo ser ilegal.

La exvicepresidenta se vio atrapada en un bucle y fue incapaz de explicar por qué los cuerpos estatales no se limitaron a actuar de apoyo a los Mossos como estaba previsto y obraron por su cuenta sin comunicación previa. Aquello debía significar que el Gobierno desconfiaba del papel de la policía autonómica, pero Santamaría no podía reconocerlo, bien porque no podía sustentarlo, bien porque aquello hubiera demostrado la negligencia del Ejecutivo. ¿Cómo iban a conseguir 6.000 agentes sin contar con los 17.000 mossos que se cerraran más de 2.200 colegios? Esa era la cuestión.

A la mano derecha de Rajoy y a la acusación de Vox deberían las defensas erigirles un monumento. A la primera por alguna contradicción de bulto que arruinó su tesis de que fue la violencia la que determinó la aplicación del artículo 155. Así, afirmó que el Gobierno tomó la decisión de enviar a Cataluña los 6.000 agentes antes citados tras los sucesos del día 20 de septiembre, cuando miles de personas se concentraron ante la consejería de Economía durante un registro judicial. ¿Cómo podía ser eso cierto si el permiso para solicitar el atraque en el puerto de Palamós del Piolín, el barco en el que se alojaron muchos de ellos, se había solicitado el día 19?

Los de Vox contribuyeron a la defensa de los acusados con su empeño en demostrar que Rajoy fue un blando en su actuación en Cataluña y que lo que se imponía no era aplicar el artículo 155 sino el 116, que regula los estados de alarma, excepción y sitio. A sus preguntas, el expresidente se avino a reconocer que la situación era “excepcional” desde la aprobación a principios de septiembre de las leyes de desconexión, pero que se inclinó por el 155 para no restringir derechos a la ciudadanía. Ahora bien, si las circunstancias eran tan excepcionales ¿por qué no se aplicó entonces el 155, o el 20 de septiembre cuando se rodeó la consejería de Hacienda, o al día siguiente del referéndum –o lo que fuera- del 1 de octubre, o inmediatamente después de la lectura por parte de Puigdemont de la declaración unilateral de independencia?

A Rajoy hay que disculparle porque ya se sabe que habita en el territorio del ‘no me consta’ y que sus lagunas de memoria son insondables. Y eso que tras dejar la Moncloa ha añadido a la lectura del Marcala de los “periódicos digitales”, asunto por cierto que afecta gravemente a su testimonio ya que, tal y como se puso de manifiesto en la vista, se pasó por el forro la obligación de cualquier testigo de no comunicar con otros o seguir sus declaraciones. Hacerlo tan explícito tampoco era necesario porque, a tenor de algunas de sus respuestas casi literales, era obvio que Rajoy y Santamaría habían preparado juntos la declaración.

La imagen que tanto él como su vicepresidenta ofrecieron sobre su actuación el 1 de octubre rozó lo lamentable. Si fue penoso escuchar al primero decir que siguió el desarrollo del referéndum y la incontestable violencia policial por la televisión y por la información que le suministraba la vicepresidenta, más aún lo fueron las explicaciones de su adjunta. Si en su momento cifró en 400 los agentes heridos en la jornada, ayer los redujo a 93, pero no pudo referir quién le había facilitado el primero de los datos. ¿Por qué al mediodía pararon las cargas policiales?, se le preguntó. “Nadie me informó de que pararan”, respondió. Faltó la pregunta clave: ¿Quién dirigió el país aquel día? Secreto de sumario.