Una de las características más singulares del Derecho es que las leyes, a veces prolijas y desesperantemente minuciosas en su letra, siempre son sujeto de interpretación. El legislador se devana los sesos y afila el estilo, quita y pone comas, añade adjetivos, para decir exactamente lo que quería decir, con la vana pretensión de que no quede ninguna duda ni ningún cabo suelto, para que luego vengan los jueces a explicar al legislador lo que en realidad dijo o quiso decir el que escribió la ley. Y el legislador, oye, sin saberlo. ¿No es fantástico?

Por poner un caso pedestre, quedan vivos todos los padres constitucionales, menos uno, políticos que se pasaron meses con sus días y noches elaborando la madre de todas las leyes, para que, una vez salida de sus manos la criatura, acabaran perdiendo toda autoridad sobre ella. Están vivos, pero nadie les consulta en caso de duda.

Me recuerda la cita de Augusto Monterroso: “Las ideas que Cristo nos legó son tan buenas que hubo necesidad de crear toda la organización de la Iglesia para combatirlas”. Hubo que crear los tribunales para asistir al milagro de que una ley pueda tener interpretaciones opuestas, según sea la ideología del juzgador.

Si las leyes de la física fueran igual de interpretables, la estabilidad de los edificios y de los puentes estaría peligrosamente sujeta a la interpretación libre que de ellas hiciesen los arquitectos y los ingenieros.

En Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia acaba de interpretar una ley en el sentido exactamente opuesto a sus colegas de Asturias: según una sentencia que pasará a la historia, ahora los padres pueden hacer objeción de conciencia sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía porque, según estos jueces de extraño juicio, “es natural que los demandantes, por razones filosóficas o religiosas, puedan estar en desacuerdo con una parte de la asignatura”.

No hace falta ser muy ducho en derecho para ver que unos jueces, sin duda “por razones filosóficas o religiosas”, si no por oportunismo político en fechas electorales, han hecho una avería en la línea de flotación de nuestro sistema de enseñanza.

Siguiendo su criterio disparatado, podremos de ahora en adelante objetar las asignaturas de filosofía, literatura, historia, dibujo, latín, música, biología... pues en todas ellas existen rastros filosóficos y religiosos que chocarían con las mentes enfermas e ignorantes de muchos padres de familia. Podemos rematar impunemente a Galileo y Giordano Bruno, condenar a Darwin, quemar toda la literatura que excite sexualmente a monseñor Rouco Varela, destrozar todos los desnudos de la Capilla Sextina y de los más reputados museos del mundo, suprimir toda música que incite a la seducción… Nada de la obra del hombre se libraría de una interpretación necia de los profesionales del escándalo.

Así que creo, queridos niños, que gracias a los jueces andaluces vais a odiar las matemáticas.