Ninguna de las siete huelgas generales convocadas en España desde 1978 tuvo motivos más sólidos que la del próximo día 29 para recibir el apoyo de los trabajadores. De las seis anteriores, las más seguidas fueron la del 14-D de 1988 contra el plan de empleo juvenil de Felipe González y la del 20-J de 2002 contra el recorte del desempleo de Aznar. Esta vez, medidas concretas como la reforma laboral o la de las pensiones reflejan un giro radical en la política económica del Gobierno como reacción a la crisis financiera e inmobiliaria. Desde una mentalidad progresista, el argumento más extendido a favor de la huelga es el que refleja el comunicado de apoyo de la asociación Jueces para la Democracia: resulta “inaceptable que sean precisamente nuestros conciudadanos más desfavorecidos quienes tengan que asumir los costes de una situación económica que encuentra su origen en la ventajista e irresponsable actuación de unos pocos”.

Tal evidencia justifica la protesta, al margen de que su éxito pueda ser utilizado para desgastar al Gobierno o su fracaso para debilitar a los sindicatos. La derecha sacará ventaja en cualquier caso, como lo demuestra la insistencia de algunos de sus dirigentes en imponer servicios “máximos” para encender los ánimos. Por lo demás, una huelga es una huelga como una rosa es una rosa. Confrontar de forma preventiva ese derecho con el derecho al trabajo suena a broma macabra en un país con 4.650.000 parados.