Ya fueron elecciones. Hay interpretaciones para todos los gustos. Pero parece claro que la voluntad de cambio en la sociedad española es arrasadora si sumamos los resultados obtenidos por el PSOE, Podemos, Ciudadanos e IU frente a un PP que se desmorona.

Ahora, por tanto, toca empezar a reconstruir el Estado de derecho y Estado del bienestar que el PP ha dejado en los huesos.

Lo decía la semana pasada Felipe González en un mitin que compartió con Pedro Sánchez y Guillermo Fernández Vara en Cáceres. Para el ex presidente, urge reconstruir las instituciones para fortalecer nuestra democracia. Esa una tarea que, lógicamente, deberá completarse tras las elecciones generales del próximo mes de noviembre.

Lo dicho, toca una Agencia Tributaria que no utilice los datos fiscales de los ciudadanos como armas políticas contra los contrincantes. Me refiero a lo ocurrido con Esperanza Aguirre, que de alguna forma ha recibido parte de su propia medicina al ver publicada su última declaración de IRPF en un acto de transparencia que otros han hecho por ella.

Estoy hablando de la campaña que le montaron a Juan Carlos Monedero a propósito de sus asesorías profesionales a gobiernos bolivarianos.

Incluyo en esta lamentable casuística al propio Rodrigo Rato, que, más allá de sus responsabilidades en el caso Bankia, ha sido utilizado como chivo expiatorio por sus propios correligionarios.

Una democracia seria no puede bajo ningún concepto tolerar que un ministro de Hacienda pueda presumir en un debate parlamentario de tener información fiscal de sus contrincantes políticos. Montoro lo ha hecho con reiteración y recochineo.

La Agencia Tributaria debe estar en manos de profesionales independientes que poco o nada tengan ver con cualquier tipo de actividad partidista.

Una democracia seria no puede permitirse tampoco el lujo de que agentes de las Fuerzas de la Seguridad del Estado emitan informes que parecen sentencias. Esa potestad sólo corresponde a los jueces. Eso ha ocurrido en más de una ocasión en el caso de los ERE y algunos más.

La tarea de los investigadores judiciales debe centrarse en aportar datos objetivos y no elucubraciones para que el juez pueda decidir de forma justa y certera sobre los investigados.

Y no deberían estar sujetos a consignas políticas ni dejarse llevar por los intereses electorales del partido en el Gobierno.

De la misma forma, no es de recibo que ciudadanos y políticos honrados, sean españoles o extranjeros, sean sometidos a una vigilancia policial injustificada por no pensar lo mismo que la autoridad con mando en plaza, que se cree poseedora de la quintaesencia del patriotismo y presume de tenerlo todo atado y muy bien atado.

¿Quién cojones se han creído para actuar con discrecionalidad y sin control judicial como grandes hermanos? ¿Quién cojones se han creído para demonizar y lapidar mediáticamente a todos los que discrepan?

Eso solo ocurre en los regímenes totalitarios, en las repúblicas bananeras, en los que la inteligencia -incluidos los servicios- brilla por su ausencia.

Si quieren saber, pasen y vean por derecho y con los papeles en regla. Pero dejen de jugar con la intimidad de las personas y no despilfarren más dinero público a hurtadillas y matando moscas a cañonazos elaborando dosieres de ciencia ficción para medios afines, porque llegará un momento en el que las cañas se volverán lanzas.

En esa reconstrucción también incluyo muchos derechos que el PP, en su afán por recortar, se los ha pulido con leyes como la que pretende amordazar a los discrepantes en una versión siglo XXI de “la calle es mía”.

O ese intento continuado por dejar para al arrastre a la educación y la sanidad públicas para que las diferencias entre pobres y ricos vayan creciendo exponencialmente hasta el infinito y más allá. Para que muchos de los empresarios del ladrillo encuentren otra burbuja para explotárnoslas en la cara.

Dialoguen y pacten que la tarea es ardua: hay que reconstruir ni más ni menos que la decencia.