Ramón Cotarelo

Catedrático de Ciencias Políticas

Hace unas fechas, en una de sus habituales muestras de ignorancia, la ministra Báñez aseguraba que la soberanía reside en el Congreso con lo que, de un plumazo, contradecía la Constitución que la residencia en el pueblo y despojaba a este de tan preciado atributo. Probablemente no lo hacía con mala intención sino que se limitaba a reflejar sus conocimientos y su mentalidad conservadora para la cual la soberanía, esto es, la capacidad última de tomar decisiones reside en cualquier parte menos en el pueblo. Sobre todo si esa parte está controlada por mayoría absoluta por la derecha. En resumen lo que la ministra Báñez enunciaba era lo que los freudianos llaman un “acto reprimido”: lo que quería era que la soberanía residiera en su partido que controla el Congreso. Quería una dictadura de partido. El suyo.

Pero las cosas son de otro modo. La soberanía reside en el pueblo y no porque la Constitución lo diga, sino porque es así, diga la Constitución lo que diga. Lo mejor, desde luego, es que reconozca, como lo hace, esta competencia del pueblo. Pero, si no lo hiciera, no por ello iba la soberanía a ser atributo de alguien o algo distinto del pueblo, como tampoco lo será por más que Báñez quisiera adjudicársela a su partido o, incluso, a su presidente, Rajoy.

El pueblo, titular de la soberanía, puede delegarla en la institución representativa o bien, si estima que esta no cumple su función, que no representa a nadie, puede recuperar su ejercicio e iniciar su propia acción, como está sucediendo con los espontáneos movimientos ciudadanos como DRY o el 15-M entre otros, que coinciden en el objetivo de replantear el orden político, económico y social en su totalidad, de redactar de nuevo el contrato social, de abrir una nueva etapa constituyente que alumbre un orden nuevo, más humano, democrático y justo a través de la acción pacífica de la población que, como está ya muy claro, niega de hecho la ficción básica sobre la que estaba montado el gobierno liberal, esto es, el gobierno por consentimiento de los gobernados. Tenía que llegar el momento en que la gente no consintiera en seguir estando gobernada de esta manera y recabara su derecho a configurar una nueva forma de gobierno. El derecho del soberano a constituir una forma de gobierno distinta. Un derecho constituyente.

Todos los políticos del sistema, administradores u opositores de los poderes constituidos padecen una enfermedad profesional: creen que lo que administran es permanente, definitivo, eterno y que solo puede transformarse mediante las normas estatuidas a estos efectos. Ignoran en su soberbia que el soberano no puede estar obligado a aceptar normas previas ni siquiera acerca de las normas de reforma porque, si lo hiciera, no sería soberano, no sería un poder constituyente sino constituido.

Tampoco es de recibo la objeción de que el poder constituyente solo puede actuar cuando lo hace invocándose como tal con anterioridad porque es un poder originario y no depende que alguien ajeno certifique su actuación. Y menos aun lo es la habitual triquiñuela de la derecha de asegurar que el movimiento del pueblo soberano no es tal sino resultado de la acción subversiva de unos grupos organizados (y normalmente minoritarios) que agitan a las masas y se hacen pasar por el pueblo soberano. Aunque esto fuera cierto sería legítimo en la medida en que el pueblo voluntariamente siguiera las indicaciones de unos grupos que le mostraran el camino del ejercicio de la soberanía.

Pero es que, en el caso concreto del 15-M aquella afirmación/justificación es falsa. La jornada de hoy, del 12-M no es el resultado de la labor de agitación y propaganda de una minoría entre la masas sino que es el de un movimiento espontáneo de esas masas, esa multitud de ciudadanos conectados horizontalmente a través de las redes sociales, sin jerarquía, sin organización, sin estructuras y a los que, en consecuencia, es imposible reprimir preventivamente porque la acción es democrática y no depende de una cadena de mando, como sí es el caso de los aparatos de represión.

El poder político –especialmente el de la derecha- no entiende el fenómeno al que ha de hacer frente y quiere simplificarlo reduciéndolo a uno de orden público para así aplicar la única política que el espíritu conservador entiende: la de la represión. Solo la evidencia de un pueblo ocupando pacíficamente la calle en todo el país le obligará a recapacitar si bien, siendo realistas, tampoco es mucho lo que, a tenor de las manifestaciones de Báñez, Mato, Wert y otras lumbreras del gobierno, quepa esperar de esa recapacitación.

Por eso lo importante es que el pueblo soberano recupere su soberanía y, sin dejarse manipular por las provocaciones del gobierno, plantee la vía de la renovación del contrato social, de una nueva Constitución que debe pasar inexorablemente por el enjuiciamiento político y penal de los responsables de esta crisis, los políticos y los financieros de los últimos 15 años.