No hay más que echar un vistazo a las siglas de los grupos que ayer se abstuvieron en la votación del decreto de reforma laboral para adivinar que casi todos los cambios que el texto pueda sufrir en el trámite parlamentario como proyecto de ley supondrán un giro aún más conservador. La izquierda minoritaria votó en contra, mientras la derecha estatal y la nacionalista mostraron sus intenciones de presentar enmiendas que reformen la reforma. Esas presuntas mejoras irán sin duda en la línea que sugiere el gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, que no encontró un día mejor para calificar de “insuficiente” el decreto o para afirmar que, “con más de cuatro millones y medio de españoles en paro, es crucial mantener abiertas todas las oportunidades de creación de empleo”.

O sea, conviene no sólo que la reforma abarate los despidos sino que tampoco ponga barreras a la contratación temporal. Sostiene Antonio Gutiérrez, diputado socialista y ex secretario general de Comisiones Obreras, que este decreto no servirá para acabar con la precariedad laboral. Salvo sorpresas veraniegas, esta reforma “estructural” tan solicitada por los mercados y los expertos como “imprescindible para crear empleo” tiene más ventajas para los empresarios que para los trabajadores. La travesía parlamentaria quizás sirva, eso sí, para que el flamante PPT (Partido Popular de los Trabajadores) desvele de una vez su reforma laboral alternativa (y secreta).