Miguel Urbán y Jaime Pastor

Cuando se cumplen 36 años de la Constitución española vigente conviene recordar, una vez más, que ese texto convertido en Biblia por las fuerzas políticas hoy todavía dominantes (que no hegemónicas) no fue obra de un nuevo poder constituyente, ni siquiera de quienes han ido apareciendo luego como “padres” de aquella criatura. Fue, por el contrario, producto de una transacción asimétrica entre el sector reformista de la dictadura y los “poderes fácticos” de aquí y de fuera, por un lado, y la oposición antifranquista mayoritaria, por otro. Ambos bloques fueron “consensuando”, no sin resistencias desde los movimientos sociales de entonces, lo que José Vidal Beneyto definiría como una “democracia de clase”; por ella entendía el entonces dirigente díscolo de la Junta Democrática “un régimen cuya organización política está concebida y explícitamente desarrollada bajo la perspectiva de favorecer a una clase determinada”.

En efecto, el triple “consenso” (en torno al pasado, el presente y el futuro) sobre el cual se edificó el nuevo régimen dio lugar a una “ley de leyes” que, pese a reconocer libertades democráticas y a incluir parte del legado del constitucionalismo social europeo de posguerra, mantuvo intocables instituciones como la monarquía y una parte sustancial del aparato represivo y judicial; dio lugar a otras como el Senado y el Tribunal Constitucional para que sirvieran de frenos complementarios al Parlamento, blindó una concepción esencialista de la nación española que todavía estamos padeciendo y respetó los privilegios de la Iglesia católica sin atreverse a cuestionar el Concordato. El bipartidismo imperfecto (favorecido por el sistema electoral menos proporcional posible, aún vigente) y el neocorporativismo competitivo (en el que desde los Pactos de la Moncloa se insertaron los sindicatos mayoritarios) se irían encargando de garantizar la gobernabilidad del sistema. Todo esto al servicio de un capitalismo cada vez más centrado en un poder financiero-inmobiliario y transnacionalizado, reforzado por las sucesivas privatizaciones del sector público e integrado en una Europa ya abiertamente neoliberal y en una OTAN progresivamente convertida en gendarme global.

Lo peor de ese “consenso constitucional” fue que dio lugar a una pronta estigmatización de cualquier forma de disenso y, en cambio, fomentó una cultura política destinada a formar “demócratas cínicos”, resignados ante una democracia de muy baja intensidad que no partía de una ruptura con el franquismo y que, bajo la hegemonía neoliberal, ha ido conduciendo a una creciente desafección ciudadana hacia la política institucional y partidaria. Una cultura política que, afortunadamente, se ha visto impugnada desde la irrupción del 15-M por las nuevas generaciones, protagonistas de una repolitización ciudadana, en medio justamente del estallido de la burbuja financiera-inmobiliaria y del vaciamiento de lo que de progresivo tenía la Constitución del 78 (con la reforma exprés del artículo 135 como manifestación más escandalosa). Un nuevo ciclo se ha abierto que coincide con la constatación pública de la corrupción estructural del régimen y la conversión del sueño europeo en pesadilla para una sociedad cada vez más desigual, precarizada y endeudada, devuelta a su condición de periferia del centro de la economía-mundo. Para más inri, a todo esto se suma el desafío catalán a un nacionalismo español que se sigue aferrando al fundamentalismo constitucional para negarse a reconocer la realidad plurinacional de este Estado y el derecho a decidir su futuro del pueblo catalán.

Ante este panorama, difícil es encontrar hoy diagnósticos que provengan de arriba y nieguen la crisis de legitimidad que está sufriendo el régimen actual. El debate entre los defensores del mismo se sitúa ya en torno a qué “segunda transición” o reforma constitucional promover para salvar sus intereses y contravalores, a sabiendas de que frente a ellos avanza la amenaza de una doble ruptura: la que anuncia el ascenso de Podemos con su promesa de “abrir el candado del 78” y la que continúa presionando desde Catalunya a favor de la separación. Ambas han abierto grietas profundas en el régimen, ya sea mediante la denuncia del fin del menguante “contrato social implícito” del Estado del bienestar y de “la casta”, o en la respuesta al agotamiento del Estado autonómico y a la tendencia recentralizadora impuesta desde la Troika y el Gobierno del PP. Con todo, por ahora esos procesos caminan en paralelo y no parece fácil, de un lado y de otro y por distintos motivos, que converjan en un futuro inmediato.

Nos hallamos así ante el retorno del debate sobre reforma o ruptura que presidió los últimos años del tardofranquismo, solo que obviamente en un momento histórico y unas circunstancias distintas. En cierto modo, es una nueva carrera contra el tiempo la que se abre pero quizás ahora con la esperanza de que la historia no se repita primero como tragedia y luego como farsa. Porque si entonces el proyecto reformista de Adolfo Suárez logró, con la ayuda imprescindible de Santiago Carrillo y el PCE, anticiparse a la ruptura democrática, no parece que ahora los dos grandes partidos tengan la credibilidad necesaria, ni siquiera ante sus “poderes fácticos”, para ser protagonistas de una autorreforma del régimen. Aun así, no podemos menospreciar la capacidad que esos mismos poderes tienen, como ya estamos viendo, para recurrir al miedo y al pánico frente a los riesgos que generarían la llegada a la Moncloa de fuerzas como Podemos o el fin de la sagrada “unidad de España”. En todo caso, es una Constitución material ordoliberal y autoritaria la que ya está en marcha, si bien adornada con ese nuevo eufemismo de “democracia adaptada al mercado”, tan querido por Angela Merkel.

Urge, por tanto, en el ciclo electoral que se va a desarrollar durante el próximo año, volver a poner en el horizonte común de los pueblos del Estado español la necesidad de una ruptura democrática que abra camino a procesos constituyentes democratizadores en todos los planos. Utilizamos el plural conscientemente, tanto en la forma como en el contenido. En la forma, porque pensamos que, en coherencia con la exigencia de democracia y del derecho a decidir, deberíamos hacer también nuestra la aspiración al proceso constituyente propio, y no subalterno, que se está demandando desde Catalunya: será mediante la búsqueda de la complementariedad entre los pasos adelante que demos a escala estatal y los que se puedan dar en los próximos tiempos desde Catalunya como quizás consigamos juntar las fuerzas necesarias frente al enemigo común, el régimen actual. En el contenido, porque no podemos limitarnos a echar a “la casta” en Madrid y dejarla impune en Catalunya y tampoco podemos dejar intocable un sistema cuyo grado de injusticia y despotismo en tantas esferas está haciendo imposible el derecho a una vida digna. Debemos, por tanto, apostar por nuevas constituciones que rompan también con los dictados de “los mercados”, blinden derechos y bienes comunes y sienten las bases de otra democracia.