Suiza, cuya mayor contribución a la humanidad sea, posiblemente, haber perfeccionado el reloj de cuco y la navaja multiusos, se ha hecho aquí muy popular por sus cuentas numeradas, que son el orgullo de nuestra delincuencia de cuello blanco. Estos días, sin embargo, los suizos han vuelto a ocuparnos por su rechazo en referéndum a que el Estado proporcione una renta básica mensual de 2.250 euros a cada ciudadano por el mero hecho de serlo. Nuestro liberales de cabecera se han apresurado a alabar la sabiduría helvética y sus raíces calvinistas que, según entienden, han hecho que triunfe el trabajo frente a la molicie.

De la renta básica incondicionada hemos tenido pocos profetas. La propuso Podemos en algún momento y tardó poco en meterla en un cajón y sustituirla por una renta mínima de 600 euros para hogares sin ingresos cuando empezó a darse cuenta de que el partido terminaría haciéndose socialdemócrata, pero a la española. Se trata, sin embargo, de la culminación lógica del Estado del Bienestar, y así se ha entendido en el norte de Europa, donde ya se ha pasado la etapa del debate y se camina hacia su implantación.

Si aceptamos que el ser humano al nacer tiene derecho a tener cubiertas sus necesidades más básicas, la única pregunta que cabe hacerse es si el modelo es financiable y sostenible o, por el contrario, se trata de una idea peregrina que hay que rechazar de plano. Según se verá ahora, es perfectamente realizable tal y como demuestran los estudios económicos y las experiencias prácticas de las que ya se disponen.

Varios de los promotores de la Red Renta Básica (Daniel Raventós, Antoni Doménech, Jordi Arcarons y Lluís Torrens, llevaron a cabo hace unos años una simulación para el conjunto de España con una muestra de casi dos millones de liquidaciones del IRPF de 2010. Los criterios fueron los siguientes: asegurar una renta incondicionada de 7.500 euros anuales a los mayores de 18 años (que es donde se sitúa el umbral de la pobreza en España) y de hasta un 30% de esta cantidad a los menores. Dicho importe estaría libre de impuestos y sustituiría a toda prestación pública inferior o se subsumiría en las superiores (los pensionistas que cobren 1.000 euros en la actualidad recibirían la misma cantidad, de la que 625 euros serían renta básica y 375 euros de pensión, y los que no llegaran a 625 euros verían complementado lo que reciben). Y todo ello asegurando que no se generase déficit y que se pudiera seguir financiando el gasto público actual, especialmente sanidad y educación.

Pues bien, con una reforma fiscal que eliminase el tratamiento favorable a las rentas del capital, que se integrarían en la base general, hiciera desaparecer todas las reducciones y deducciones actuales y aplicase un tipo único del 49%, la reforma no generaría déficit, haría ganar renta a más del 50% de la población y tendría un impacto distributivo muy progresivo. En resumen, sería perfectamente aplicable.

La propia Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que no es sospechosa de rojerío, entre otras razones porque está vinculada al Banco de España, revelaba ayer mismo que en la actualidad el 20% de los hogares más pobres soporta una carga fiscal casi similar al del 10% más rico. Lo que viene a significar que el actual sistema impositivo no redistribuye la riqueza sino que consolida la desigualdad, y que sólo las prestaciones públicas directas son las que logran acortar hasta en un 33% la distancia entre hogares pobres y ricos.

La primera aplicación práctica de la renta básica de la que se tiene conocimiento tuvo lugar en un pequeño pueblo canadiense, Dauphin (Manitoba), dentro de una experiencia piloto que se prolongó cinco años, de 1974 a 1979. Cada residente recibió una renta mensual incondicionada que oscilaba entre los 100 dólares al mes para quienes ya trabajaban y los 5.800 dólares anuales para quines carecían de otros ingresos Los resultados se arrumbaron hasta que una socióloga, Evelyn Gorget, publicó en 2011 sus conclusiones. ¿Qué se conseguía eliminando la pobreza? De entrada, reducir los accidentes, la violencia doméstica y las hospitalizaciones psiquiátricas. Los beneficiarios no se entregaban a la pereza sino que siguieron trabajando, con un pequeño descenso de la ocupación en adolescentes que completaron sus estudios y madres con niños pequeños, que cumplieron así una inestimable función social.

La renta básica universal está ahora sobre la mesa en Finlandia, donde un gobierno de centro derecha se dispone a ensayar su aplicación en una muestra piloto antes de generalizarla a toda la población. Una experiencia similar se llevará a cabo en la ciudad holandesa de Utrech con tres grupos de control. Y existe desde hace años en Alaska, donde desde hace años se reparte entre la población un cheque petrolífero de alrededor de 2.000 euros anuales, que ha hecho de este estado el segundo de EEUU con menor desigualdad. En Namibia, tras comprobar cómo en una región del país la entrega de 100 dólares a cada residente menor de 60 años disminuyó la pobreza del 76% al 16%, aumentaron los negocios, se eliminó prácticamente el absentismo escolar y la delincuencia se redujo casi a la mitad, el Gobierno estudia su introducción en todo el país. Son sólo algunos ejemplos.

Si puede establecerse que la distribución de un ingreso mínimo a cada ciudadano es viable, se daría un paso de gigante contra la pobreza, justamente lo contrario de lo que ocurre ahora con las ayudas del Estado, ligadas a que los receptores sigan siendo pobres. ¿Por qué va a aceptar un trabajo precario de 600 euros, con los gastos de transporte y comida aparejados, quien recibe un subsidio de 400 que perdería de inmediato? ¿Cuál es el incentivo?

Los estudiosos de la renta universal han enumerado sus ventajas, que son muchas. En primer lugar, no disuade de trabajar sino justamente lo contrario. Al no estar condicionada por ningún requisito la percepción del ingreso, facilitaría la aceptación no sólo de trabajos estables sino de ocupaciones temporales u ocasionales, lo que aumentaría la ocupación y la recaudación fiscal. Al mismo tiempo, impediría los abusos laborales, ya que nadie se vería obligado a aceptar trabajos penosos por necesidad, y paralelamente elevaría los sueldos y contribuiría a aflorar en parte esa economía sumergida de quienes se ven obligados a compatibilizar ayudas oficiales y trabajos puntuales.

En segundo lugar, serviría para eliminar de un plumazo los costes administrativos de un sistema de ayudas que exige control, verificación e inspección de cada una de ellas. Eliminar la pobreza haría disminuir drásticamente además sus consecuencias asociadas, ya sean sanitarias –drogodependencia o alcoholismo- o sociales –desestructuración familiar, violencia y delincuencia-, que también tienen un coste elevadísimo.

Ahora que tanto se habla del emprendimiento, facilitaría el autoempleo, un camino vedado para quien no tiene recursos ni para pagar la calefacción en invierno y ha de ocuparse de conseguir de cualquier manera el dinero necesario para sobrevivir. Habría, en consecuencia, más actividad económica y más recursos para el Estado. ¿Qué existiría gente que se conformara con la renta básica y se dedicara a la vida contemplativa? Quizás en un porcentaje mínimo, aunque es algo que también ocurre ahora. Lo que sin duda facilitaría es la autonomía necesaria para elegir un camino en la vida, que no sea forzosamente el que imponen las circunstancias.

Los suizos, gente tan previsora que ante un eventual conflicto nuclear tienen montado un sistema de refugios antiatómicos para más del 110% de su población, no han visto claro lo de la renta universal, posiblemente porque la pobreza y la desigualdad no les atenaza. Sólo les preocupa la radicación. Igual les ocurre a nuestros nacionales que tienen en Suiza o en distintos paraísos fiscales el fruto de sus robos, y que en caso de ataque nuclear también se salvarían porque seguro que les pillaba en alguna sucursal del Credit Suisse en Berna. Para el resto, que lo del átomo nos pilla lejos por ahora y que respiramos los neumáticos ardientes de Seseña, es una opción que merece la pena ser estudiada.