Hacer pública la declaración de bienes de diputados y senadores no sólo era un ejercicio de transparencia necesario y exigible sino que debería extenderse a todos los cargos de cualquier organismo o institución que dependa de las arcas del Estado, empezando por la familia real (que ya va siendo hora de conocer su patrimonio) hasta los concejales de cada ayuntamiento. Es cierto que los datos sobre las rentas de sus señorías pueden prestarse a todo tipo de conclusiones demagógicas, como dicen algunos parlamentarios, pero también destruyen el instalado tópico de que los políticos están mal pagados. La cuestión no se limita al sueldo, del que siempre se dice que es tan moderado que aleja de la política a la gente más preparada y capaz. Cambiar un registro de la propiedad por el servicio público no impide sostener una familia y llegar a ser propietario de una casa, tres apartamentos y una oficina, sin hipotecas, y acumular 600.000 euros en cuentas, fondos y acciones de Bolsa. Rajoy lo ha conseguido. Lo más discutible sobre las rentas de la política no son los sueldos, sino las lagunas de compatibilidad con el ejercicio de actividades privadas o determinadas prebendas mal concebidas o peor utilizadas. Es razonable que un parlamentario perciba una ayuda para completar su pensión, pero no tiene explicación posible que expolíticos que siguen ejerciendo en prestigiosos bufetes jurídicos sigan recibiendo entre 2.000 y 3.000 euros mensuales.