El dinero público podría parecer que no es de nadie; o peor, que es de quien lo administra –el ministro, el alcalde, el concejal...–. Pero el dinero público es suyo, mío y de todos los que pagamos impuestos. Por eso, es básico que haya un control transparente de cómo se gasta nuestro dinero y a quién beneficia. Los ayuntamientos van a recibir una inyección de 8.000 millones de euros para gastárselos con rapidez en obra pública. La ecuación prisas-alcaldes-sector de la construcción ha demostrado en el pasado que requiere de mucho ojo puesto encima de las cuentas.

Se ha primado la rapidez en poner en marcha los proyectos para intentar amortiguar la caída del empleo. Pero, además de mayores controles, se echa en falta que el Gobierno no haya puesto límites a la adjudicación a empresas de dinero público –como sí ha hecho con los fondos para la banca– y, sobre todo, que haya repartido el dinero teniendo en cuenta sólo la población. A ciudades grandes, más dinero. Pero si el objetivo es crear empleo ¿no sería relevante distribuir el dinero en función también de la tasa de paro?