Reparto significa reparto. Necesario en las cuotas pesqueras.

El Partido Popular y el Partido Socialista se oponen a los derechos de los pescadores artesanales en el reparto de la cuota del atún rojo

Rosana Pastor. Diputada por Valencia en el Congreso

Comisión de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

La Comisión de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, ha rechazado este jueves con los votos en contra del PP y del PSOE y PNV, la propuesta no legislativa presentada por el Grupo Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea para impulsar un reparto en España de la cuota de atún rojo que favoreciera a la pesca artesanal y de bajo impacto.

Reparto significa reparto. Así me expresé a la salida de la Comisión, en declaraciones a los prensa. Resulta escandaloso que un solo barco de pesca del Mediterráneo tenga más cuota que toda la flota Canaria, con más de 200 embarcaciones artesanales registradas o que 6 embarcaciones mediterráneas tengan más cuota que todo el resto de las embarcaciones pequeñas de la zona. Los informes científicos muestran una paulatina recuperación de la especie del atún rojo y por ello, la Comisión Internacional que le da seguimiento (ICCAT), autorizó ya en 2016 y también para el 2017, un incremento de las capturas. Ese incremento mejora las posibilidades de un sector artesanal, tradicionalmente vapuleado, pero sigue consolidando la alarmante desproporción en favor de la pesquería industrial y da largas a un conflicto que ningún grupo político - a excepción del Confederal de Unidos Podemos- está dispuesto a enfrentar.

Nuestro grupo defiende que ha llegado el momento de orientar la política pesquera hacia la sostenibilidad ambiental y social, y que es la pesca artesanal y de bajo impacto la que garantiza ambas cuestiones. La situación actual consagra la clara distorsión existente en el reparto de cuotas a favor de los grandes operadores del sector, que concentran la mayor parte de la cuota nacional, a lo que hay que añadir un reparto de cuotas entre territorios que en muchos casos tampoco obedece a criterios justos. Hablamos de un sector con un valor de mercado especulativo y altísimo, que reporta una enorme rentabilidad, por lo que su reparto resultaría crucial para el sostenimiento de las pequeñas embarcaciones artesanas.

No es posible seguir manteniendo el modelo de ordenación y los criterios imperantes en el reparto de las cuotas asignadas a España, que toman como base 'los derechos históricos' consolidados, sin introducir correcciones desde hace casi diez años. Por otro lado, la ordenación del sector y el reparto de cuotas llevado a cabo hasta la fecha no se ajusta al marco normativo europeo, puesto que no se ha tenido en cuenta la consideración preferencial y fundamental que es el factor medioambiental a la hora de regular esa pesquería. El Artículo 17 de la Política Pesquera Común explicita que "los Estados miembros aplicarán criterios transparentes y objetivos, incluidos aquellos de carácter medioambiental, social y económico. Los criterios empleados podrán incluir, entre otros, el impacto de la pesca en el medio ambiente, el historial del cumplimiento, la contribución a la economía local y los niveles históricos de captura. Los Estados miembros, dentro de las posibilidades de pesca que se les hayan asignado, se esforzarán por prever incentivos a los buques pesqueros que utilicen artes de pesca selectivos o técnicas de pesca con un reducido impacto ambiental, tales como un bajo consumo de energía o menores daños al hábitat.” Hay que recordar al Gobierno de España que la Política Pesquera Común europea es de obligado cumplimiento.

Un hombre, un anzuelo fue el lema básico que congregó a más de 500 pescadores artesanales del atún rojo, procedentes de las distintas zonas pesqueras del Estado, en la primera manifestación organizada en Madrid por el sector, el 13 de diciembre pasado. Los pescadores fueron recibidos posteriormente en el Congreso, celebrando una Asamblea a objeto de trasladar su inquietudes a los representantes de los distintos grupos políticos. Solo los Diputados y Diputadas del Grupo Confederal Unidos Podemos ECP-EM, acudimos a recibirles y a conocer de primera mano su problemática. Imprescindible escuchar el testimonio de la gente que vive y depende de la mar para conocer sus razones y entender la necesidad de adquirir el derecho a entrar en los censos de flota autorizados para el ejercicio de la pesquería, abrir el derecho a una flota sostenible y de bajo impacto, dentro de un sistema de reparto justo equilibrado y respetuoso con los niveles de masa biológica sostenibles. Esa apertura de los censos significaría garantizar la subsistencia de un sector ingente de trabajadores y trabajadoras de la mar (hablo de cientos de familias), vinculadas a las zonas costeras y que contribuyen a la fijación de población, a la vez que abastecen el consumo de pescado fresco en proximidad.

Este sector que pugna por recuperar un espacio que les es negado sistemáticamente, se opone a los derechos de pesca trasferibles (ITQ's), que implican la privatización de unos recursos que son de todos y todas y con los que están comerciando los grandes operadores.

Este jueves, en la Comisión de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medioambiente, frente a nuestra propuesta, que abordaba en toda su complejidad la problemática de la pesquería artesanal y de bajo impacto y que demandaba una reordenación real del sector, con perspectiva de futuro y en función de los criterios de la política pesquera común, vimos levantarse el muro de los intereses territoriales, cimentado con la negativa a cuestionar la denominada "cuota histórica' de los grandes operadores.

Y los grupos parlamentarios, para eludir "el sarpullido" que provoca la idea de un reparto equitativo de cuotas, "bailaron sobre un pie", planteando al Gobierno "habilitar un - improbable- cambio de practica en las capturas de atún, para reorientar el fondo de maniobra en 2017". Lo que equivale a decir que la pesquería artesanal seguirá gestionando las migajas que supone el fondo de maniobra. Ese fondo que equivale a un 5% de la cuota total asignada a España: 212 toneladas de un total de 4.244. Las cifras hablan por si solas.

Los partidos, a excepción del PP y PNV, apoyamos también la propuesta de instar al gobierno del Partido Popular a que incluya dentro de este fondo de maniobra a las embarcaciones artesanales del Mediterráneo y de Canarias que llevan más de una década sin derecho de cuota. Un intento de seguir a flote siendo una nuez en medio del océano.

La postura adoptada por este Grupo Confederal el jueves en el Congreso, fue tratar de obrar con la responsabilidad que exige dar respuesta a las demandas e intereses del sector de pescadores artesanales. Conscientes de que nuestra propuesta de reparto de cuota de atún rojo, así como el resto del esfuerzo pesquero entre los distintos segmentos de flota y territorios, no iba a salir adelante debido a la colisión con diferentes intereses territoriales defendidos por la mayoría de los grupos y tras consultar a las propias organizaciones pesqueras que habían intervenido en el redactado de nuestra proposición no ley, finalmente decidimos votar a favor esta iniciativa. Entendemos que en el camino hacia una política pesquera realmente justa, habrá que dar muchos pasos, encajar momentos desconcertantes, subir peldaños; con el deseo de que este sea el primero de ellos, nos posicionamos en el "mejor lugar posible" mirando al futuro, conocedores de que la iniciativa resultante de la última Comisión en el Congreso, no satisface nuestras aspiraciones, que van ligadas a las del sector, ni aborda los retos de la pesquería de bajo impacto.

Nuestro empeño es la consecución de plenos derechos y reparto equitativo para la flota artesanal y de baja escala, porque consideramos que su supervivencia en condiciones laborales dignas, es sustancial para la soberanía alimentaria de nuestro país, contribuyendo a un consumo fresco y de calidad, además de ser garantía inequívoca para el futuro nuestros pueblos costeros.