La CEOE ha respondido airadamente a la iniciativa del Gobierno, reflejada en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, de establecer un impuesto sobre las transacciones financieras (tasa Tobin) y otro sobre los servicios digitales (tasa Google). Con la cantinela de siempre, la patronal ha vaticinado todo tipo de desastres si llegan a entrar en vigor (ralentización del crecimiento, pérdida de inversión extranjera, mengua del empleo) y ha exigido su retirada inmediata, como si a las empresas les fuera la vida en ello.

En realidad, no es para tanto. Atendiendo a las previsiones de recaudación del propio Gobierno, el impuesto sobre las transacciones financieras, que detraerá un 0,2% del importe de las acciones emitidas en España por sociedades con una capitalización bursátil superior a los mil millones de euros, aportará a las arcas públicas del orden de 850 millones anuales. Mientras que el impuesto sobre los servicios digitales, que sólo afectará a las grandes multinacionales tecnológicas, sumará apenas otros 1.200.

En total, pues, poco más de 2.000 millones de euros; una bagatela comparados, por ejemplo, con los casi 28.500 millones que ganaron sólo las 35 empresas del Ibex entre enero y septiembre de 2018 (último período del que se tienen datos). O con los 24.800 millones de dólares de beneficio obtenidos en todo el mundo por Alphabet, matriz de Google, durante ese periodo (con una mejora, por cierto, de nada menos que el 38,9% respecto a las mismas fechas de 2017).

Por eso no se entiende la sobreactuación de la CEOE en un asunto que, además, sólo afecta directamente a un puñado de empresas, de entre las miles y miles que componen su base de representación. A no ser, claro está, que responda al hecho de que sean esas empresas (Santander, Telefónica) los grandes contribuyentes de la patronal, las que más pagan, tanto por cuotas como por aportaciones voluntarias. Tales conceptos, que constituyen sus dos principales vías de financiación la CEOE, proporcionan más de diez millones de euros al año, según la memoria de la organización correspondiente a 2017.

Saber qué parte de ese dinero procede de las grandes corporaciones es un secreto guardado bajo siete llaves, oculto incluso de puertas adentro de la organización. Pero no hace falta mucha imaginación para suponer el peso que tienen, considerado que las cuotas se calculan en función del número de trabajadores y que muchas de ellas efectúan aportaciones extras, que hubo un tiempo en que no bajaban de los 200.000 euros anuales.

Por eso, desde CEOE se ha mirado siempre con recelo el nacimiento de plataformas alternativas, como en su momento fue el Consejo Empresarial para la Competitividad, un lobby creado en tiempos de Zapatero por las sociedades del Ibex con el objeto de tener voz propia frente a los poderes públicos. Y por eso, probablemente, la patronal haya querido ponerse ahora a la cabeza de su manifestación contra los mencionados impuestos, que se la traen al pairo a la inmensa mayoría de sus asociados. Con las cosas de comer -habrán pensado sus dirigentes- no se juega.

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