Una de las características de la escasa conciencia democrática de las instituciones llamadas representativas en España es la manera como responden a la legítima protesta y agitación social que está ocurriendo frente a las políticas sumamente impopulares impuestas a la población y, muy en especial, a las clases populares. Y digo impuestas, porque ninguna de las políticas llevadas a cabo por los partidos gobernantes en España (y en Catalunya) que están generando tales protestas estuvieron en sus programas electorales.

Un tanto semejante ocurrió durante el gobierno Zapatero anterior, aunque éste no recurrió a la represión que están ahora desarrollando los gobiernos PP y CiU en España (y Catalunya). Según las últimas noticias, el gobierno del Partido Popular está preparando una propuesta legislativa considerando como delito cualquier forma de resistencia, incluyendo la pasiva, tal como una sentada. Estas medidas están orientadas a atemorizar a los colectivos, sean éstos el naciente movimiento 15-M, sea el movimiento sindical, sean los movimientos de protesta frente a los desahucios, o sean lo que fuera, que critican y denuncian las medidas impopulares. Tales delitos serán castigados con penas largas de prisión. Tales medidas son antidemocráticas y reflejan el tic autoritario y represivo de las derechas españolas (y catalanas) herederas del régimen dictatorial anterior en el que era práctica común este tipo de represión.

En realidad, la resistencia pasiva es un comportamiento democrático que ha hecho progresar la propia democracia. Cuando la anciana negra, Rosa Parks, se resistió en EEUU a moverse y desplazarse al asiento posterior del autobús, en un Estado del sur segregacionista, inició un proceso de resistencia pasiva que cambió, para mejor, la calidad de la democracia estadounidense, estableciéndose así el movimiento de los derechos civiles, liderado por Martin Luther King, hoy considerado un héroe nacional en aquel país. Tal movimiento estaba basado en la resistencia pasiva y en la desobediencia civil. Su coherencia, su ejemplaridad, la razón de su causa y su comportamiento no violento, jugaron un papel determinante en conquistar la simpatía y el apoyo popular, forzando así una respuesta y un cambio de enormes proporciones. Y hoy continúan en EEUU, casi en bases diarias, gran número de movilizaciones, basadas en resistencia pasiva, para defender causas que merecen una protesta a instituciones, leyes o comportamientos antidemocráticos que son rechazados por las clases populares. Uno de los últimos casos es el movimiento de los sindicatos, apoyados por amplios sectores de las clases populares que rodearon el Parlamento del Estado de Wisconsin para protestar las leyes del gobernador Scott Walker, perteneciente al Tea Party que, en sus medidas represivas antagonizó a la gran mayoría de la ciudadanía de aquel Estado, hasta tal punto que en un referéndum se está pidiendo la dimisión de tal gobernador. Todos estos movimientos son comportamientos democráticos y parte del proceso de participación popular.

Ni que decir tiene que la ultraderecha estadounidense que controla el Partido Republicano –el Tea Party- quiere criminalizar estos actos, como también ocurre en España. Pero lo que en realidad se intenta con estas prohibiciones es estimular la violencia que desacredite a tales movimientos. La prohibición y criminalización de actos de resistencia pasiva, como sentadas, deja como única alternativa la resistencia activa, lo cual es lo que se intenta al prohibir la resistencia pasiva. Los movimientos de protesta, sin embargo, no deben caer en esta trampa. La violencia es profundamente reaccionaria en este contexto, pues rompe la simpatía popular hacia los movimientos de protesta, como el 15-M. Es la mejor manera de desacreditar el movimiento de protesta. En cualquier movimiento de protesta, ésta gana si cuenta con la simpatía primero, y con el apoyo y complicidad después, de la mayoría de la ciudadanía, hecho que está ocurriendo en España, y del que las derechas son plenamente conscientes, pues lo que desean antes que nada es desacreditar tal movimiento, y para conseguirlo llegarán a extremos que recordarán la dictadura, que también criminalizó tales actos.

Frente a este ataque a los derechos civiles, existe la necesidad, por mera salud democrática, de movilizarse. Muestra de la enorme incoherencia (algunos la llamarán, con razón, hipocresía) de los llamados liberales en España (que se autodefinen como los grandes defensores de los derechos individuales), es que están ahora callados frente a la enorme violación de los derechos civiles de los ciudadanos que representan las propuestas del Ministro del Interior de España, Jorge Fernández Díaz, y del Conseller de Interior responsable de la policía autonómica catalana, Felip Puig.

Ahora bien, toda la experiencia histórica muestra que fracasarán. Su intento de represión no es la supuesta violencia de los manifestantes, sino las ideas y causas que éstos representan. Indicador de ello es que su propio lenguaje, que define a sus adversarios (“enemigos”) como “anti-sistema” (considerándose a sí mismos como los defensores del sistema democrático) ignora que es el establishment (al cual sirven el Ministro Fernández Díaz y el Conseller Puig) el que está mostrando claramente que no se adhiere a las reglas democráticas, pues impone políticas que no estaban en sus programas electorales. En realidad, son tales manifestantes (paradójicamente llamados anti-sistema) los que están defendiendo a la democracia. Si el intento del establishment fuera el de controlar la violencia, utilizarían, al menos, el término “anti-violentos”. En lugar de ello, hablan de los elementos “anti-sistema” como el enemigo a eliminar. Es un indicador más de su nula conciencia democrática. Hoy, en una situación económica y social intolerable, el ciudadano que no está indignado es que es parte del problema y no de la solución. Y el que no está en la calles es que no tiene conciencia democrática.